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Por Laura Vales  La cena fue en enero de 1995, en Punta del Este. El menú,
empanadas caseras y locro. El anfitrión, Ricardo Bustos Fierro, llevaba poco más de un
año como juez federal de Córdoba, pero ya mantenía vínculos estrechos con el
menemismo: esa noche tuvo como invitados de honor a Emir Yoma, Juan Bautista Yofre y
Teodoro Funes, asesor del ministro de Interior, Carlos Corach. Una decena de banqueros,
diputados y fiscales llegados desde su provincia se sumaron al festejo. El tema excluyente
fue la campaña electoral, en la que Carlos Menem competía por su segundo mandato. A la
hora del brindis, todos levantaron sus copas por un nuevo triunfo del Presidente.
Al juez le sobraban motivos para sentirse afortunado; sus viejos compañeros de tribunales recuerdan que apenas dos años antes, a principios del '93, Bustos Fierro tenía un departamento de dos dormitorios en el barrio de Nueva Córdoba, un Ford desvencijado y un incómodo cargo en uno de los tribunales orales de la Capital Federal. "Se quejaba porque para venir a Córdoba los fines de semana tenía que viajar en micro; el presupuesto no le alcanzaba para los pasajes de avión", recordó un funcionario judicial. Sus contactos en el menemismo y el apoyo de Eduardo Angeloz lo devolvieron a su provincia, convertido en juez federal. Su nombramiento fue parte de las negociaciones por las que el entonces gobernador cordobés apoyó el Pacto de Olivos. Su patrimonio, dicen sus detractores, creció notablemente desde entonces. Bustos Fierro tiene una larga carrera judicial, que debió interrumpir en 1984 cuando intentó ocupar el cargo que ahora tiene y chocó contra la negativa de los radicales de darle su apoyo en el Senado. A la UCR no le faltaron motivos para rechazar su postulación. Durante la última dictadura militar, el hoy juez federal había sido fiscal del mismo fuero. En noviembre de 1981, los dirigentes del radicalismo cordobés publicaron una declaración criticando al gobierno militar por "haber postrado al país arrodillándolo ante las multinacionales". El documento alteró los nervios del general Cristino Nicolaides, por entonces titular del Tercer Cuerpo de Ejército, que calificó la declaración de "subversiva" e inició una ofensiva sobre quien había firmado la nota, el presidente del Comité Capital, Héctor Sanders. Nicolaides le pidió a Bustos Fierro que impulsara una acción penal contra el dirigente. El fiscal accedió y lo acusó de "alterar la paz social de la Nación con motivaciones inconfesables". Vale la pena recordar sus argumentos. En su escrito, Bustos Fierro recordó que Sanders "en la sesión (de la Cámara de Diputados) del 25 de agosto de 1973, efectuó una encendida apología del accionar de las organizaciones subversivas y calificó a sus integrantes de combatientes populares y patriotas". Luego de traer a la memoria esas declaraciones, formuladas por Sanders ocho años antes de la publicación del documento que irritó a Nicolaides, el fiscal concluyó que aquellas palabras del dirigente radical eran "un vehemente indicio de su personal comunión ideológica con los postulados subversivos." Y luego de pedir su procesamiento por violar la ley que reprimía las actividades políticas, Bustos Fierro incluyó un párrafo para destacar "la vocación institucional de las Fuerzas Armadas y su respeto por el Poder Judicial". Así fue que, cuando en los inicios del gobierno de Alfonsín el fiscal intentó convertirse en juez federal, los radicales frustraron sus aspiraciones. Bustos Fierro se convirtió entonces en lobbista de los principales grupos financieros de Córdoba. Pero en los 90 sus vínculos con el poder lo devolvieron a la Justicia, como integrante de un tribunal oral en la Capital Federal. Y a fines del '93 consiguió su actual designación; su amistad con el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y la ex diputada Leonor Alarcia devino en su nombramiento como juez con competencia electoral. El magistrado que abrió la puerta a una nueva reelección presidencial tiene en su haber otros fallos a la medida de las necesidades del Gobierno. En 1997, aprobó en menos de 24 horas un demanda iniciada por la Unión Industrial de Córdoba que convalidó el rebalanceo telefónico. El juez también sobreseyó a Manuel Antelo, ex director de CIADEA, en una causa por contrabando de autos. Y en medio de un escándalo que sacudió a la capital cordobesa, un policía federal que trabajó a sus órdenes como agente encubierto lo acusó de proteger a bandas de federales que amparaban a narcotraficantes. El denunciante es patrocinado por Alejando Zeverín, un histórico enemigo de Bustos Fierro que, paradójicamente, hoy tiene entre sus clientes a Cristino Nicolaides. En los últimos años, el juez federal cambió su departamento de dos dormitorios por una casa en el country El Fortín que es la envidia de sus pares. Es propietario de varias parcelas del selecto barrio privado, veranea en Punta del Este y se lo pude ver viajando en automóviles último modelo. Enfrenta cada acusación con una estrategia de bajo perfil; la misma que mantiene desde el miércoles, cuando firmó la resolución más esperada por Carlos Menem.
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