|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Cledis Candelaresi  Se fue de la función
pública para trabajar como consultor, dos meses después de Domingo Cavallo, con quien
“colabora” políticamente. En octubre de 1996 aún era una especie de
megasecretario del Ministerio de Economía, controlando Obras Públicas, Transporte y
Energía, área que manejó a partir de 1991 y desde la que diseñó y administró la
privatización de Segba, madre de la distribuidora Edesur. Como conocedor de la letra fina
del contrato de adjudicación, asegura que para sancionar el reciente apagón, de inédita
magnitud, el Estado debería rescatar la concesión. No sólo porque el marco legal lo
habilita, sino como un recurso para mantener la credibilidad de las privatizaciones. A su
juicio, por otro lado, imponer inversiones obligatorias en las licitaciones –las
eléctricas no las incluyeron– equivale a sembrar la corrupción. –¿Quién es responsable del apagón: Edesur o el ente regulador? –Edesur, sin duda. El sistema debe funcionar con una confiabilidad tal que los pequeños o grandes accidentes pasen prácticamente inadvertidos por el usuario. Puede sufrir cortes breves cuando existe algún problema en la red de baja tensión, que es la que llega a los domicilios. Pero en los otros fragmentos deben existir protecciones automáticas, que necesariamente evitan cortes tan generalizados. Lo que sucedió es inadmisible. –¿Edesur no tenía esas protecciones? –No conozco el problema técnico en detalle. Pero creo que tuvieron problemas de diseño y un desafortunado manejo de la crisis. –¿Edesur no efectuó inversiones preventivas o manejó mal la crisis? –Hay que investigar. Pero creo que hay problemas de los dos tipos. –¿Y qué responsabilidad tiene el ente regulador? –El contrato de concesión de Edesur es un contrato de resultados que se miden de dos formas: por la frecuencia y duración de los cortes, y por el nivel de tensión. Este último indicador demuestra si se está o no invirtiendo adecuadamente. Si el nivel de inversión no es el adecuado, la tensión es baja. Se trata de un indicador temprano, algo similar a la fiebre. El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) tiene facultades amplias en materia de inspección técnica y auditoría. –¿Pero qué deberían haber hecho los reguladores y no hicieron? –No lo puedo precisar. Pero creo que una autoridad superior deberá investigar seriamente qué controló y penalizó el ENRE y qué omitió, con hincapié en los dos últimos años, ya que en setiembre de 1996 se llegó al máximo nivel de exigencia en la calidad del servicio. –¿Si el ENRE hubiera controlado bien el nivel de tensión, este problema podría haberse evitado? –No me animo a decir tanto. Pero el nivel de tensión sirve para conocer si las inversiones son las adecuadas. –¿Cree que Edesur está haciendo las inversiones adecuadas? –Tengo entendido que las penalidades no han sido aplicadas como deberían, pero como rumor de la calle. No tengo información fehaciente sobre si Edesur hace las inversiones o no. –Si el Gobierno exige sólo cierta calidad de servicio y no un programa de inversiones, ¿no está facilitando la desinversión? –¿Pero quién diseña el plan de inversiones? ¿Cree que era posible diseñar en 1992 un plan de inversiones que tuviera vigencia en 1999? Todas las privatizaciones con planes obligatorios de inversión terminaron en renegociaciones. Porque el plan de inversión original no preveía una serie de situaciones que se plantearon en la práctica. Si un plan se adecua, se renegocia el contrato. Y toda renegociación es una semillita de problemas, por no decir de corrupción. –Pero si se evalúa sólo por resultados, ¿no se instrumenta sólo una política de castigo, que no sirve para evitar los problemas? –No, si los reguladores toman en cuenta los indicadores tempranos que les ofrece el sistema para evaluar la desinversión. –¿Se podrían evitar problemas como el que se generó si el Estado le impidiera a la empresa hacer ajustes de costos drásticos como el de delegar el control de calidad de sus productos en los proveedores o el de recortar en exceso la plantilla de personal? –Un buen empresario no se desprende de su mejor gente ni evita las inversiones que son imprescindibles para mantener la red. El mejor empresario es el que tiene la conciencia de largo plazo y no el que piensa en la renta inmediata. Si por hacer esos ajustes se exponen a pagar 100 o 150 millones de pesos en multas y resarcimientos a sus clientes, las empresas deberían pensarlo. –¿El ENRE pretende aplicar la penalización correcta? –Desconozco cuál es el monto correcto. El contrato de concesión sentencia que a los usuarios hay que pagarles la energía que no se suministró, a razón de entre 1,5 y 2,5 pesos cada kilovatio hora, de quince a veinte veces el precio de la facturación de rutina. Pero también contempla los resarcimientos por daños, algo que va por cuerda aparte. –Usted aseguró días pasados que no hay mejor regulación que la competencia. Pero la distribución eléctrica es un servicio monopólico... –Sólo quise decir que una mayor intervención en la empresa o un superente no soluciona el problema. Pero al haber dos empresas, existen elementos de comparación: yo puedo confrontar las tarifas de Edenor con las de Edesur, por ejemplo. Esto es competencia por comparación. Y cada una de las empresas tiene menos poder que si integrasen una sola. Los activos se vendieron. Pero el Estado puede vender el 51 por ciento del paquete accionario que tiene caucionado en garantía y cambiar la conducción de la distribuidora. –Pero para eso hace falta que haya causales. ¿Las hay en este caso? –Obviamente sí. –¿Cuánto vale el 51 por ciento de Edesur? –En las últimas licitaciones se pagó el equivalente a dos veces la facturación anual. Si se toma esto como un indicador grosero, podría decirse que Edesur vale 1800 o 1900 millones, con lo cual el 51 por ciento estaría alrededor de 900 millones de pesos. Si el Gobierno ejecuta las garantías, los actuales accionistas recibirían ese dinero, menos lo necesario para pagar multas y daños ocasionados a los clientes. –¿Edesur no se funde? –No. A la empresa no le pasa nada. Edesur puede seguir caminando con los mismos empleados y los mismos contratos. Cambiará su gerenciamiento. Pero estaría resuelto el problema de la continuidad. –¿Cree que el Gobierno tiene voluntad política de ejecutar la garantía, que es un modo de rescatar la concesión? –No. Yo lo veo al Gobierno como débil, sin capacidad de conducción. En lugar de amenazar a la empresa como se hizo, para ganar credibilidad habría que aplicar el contrato a rajatabla. Si el contrato identifica los problemas actuales como causal para ejecutar las garantías, hay que ejecutarlas. Esa sería una buena señal para las otras empresas: cuando tengan que despedir un buen técnico o evaluar el material lo van a pensar. Posiblemente es una decisión difícil para el Gobierno, pero hay que tomarla. En un sistema de mercado hay reglas despiadadas, pero deben cumplirse. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Y los costos no deben socializarse. Porque si se socializan se entra en el peor de los mundos, donde las ganancias son privadas y los costos son sociales.
|
