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Por Alejandra Dandan  “Se imprimirá
máxima prudencia. No queremos hacer con esto una caza de brujas.” Uno de los jefes
de los fiscales contravencionales porteños, Juan Carlos López, insinuó de este modo la
postura del Poder Judicial de la ciudad frente al reformado artículo 71 del Código de
Convivencia, que sanciona la oferta y demanda sexual en lugares públicos, y que entra en
vigencia hoy. El fiscal de Cámara adelantó que tanto la policía como los representantes
del Ministerio Público llevarán en los procedimientos “cámaras fotográficas y
filmadoras” para obtener pruebas de las contravenciones. También admitió que, ante
la falta de un espacio específico, las prostitutas y travestis arrestadas podrían ser
alojadas en comisarías. El apuro de las autoridades porteñas por poner en vigencia la norma derivó en confusión sobre la hora en que comenzará a aplicarse la medida. Como una ley entra en vigor recién a partir de su publicación en el Boletín Oficial –prevista para hoy–, la modificación regiría a partir de esta mañana. “Es una garantía que asegura el principio de legalidad”, explicó López a Página/12. Pero el secretario de Gobierno porteño, Enrique Mathov, insistió en que la vigencia de la norma sería a partir de la cero de hoy, y a tal fin, distribuyó en las redacciones una copia del Boletín, impreso desde el sábado. Lo cierto es que, según el fiscal López, las actas labradas durante la madrugada “no serán válidas”. El nuevo artículo 71 reprime bajo el título Alteración de la Tranquilidad Pública, la oferta o demanda “para sí u otras personas, servicios sexuales en los espacios públicos”. Hasta ahora, el Código de Convivencia penaba “la alteración de la tranquilidad pública” provocada por la concentración de prostitutas cerca de viviendas, templos o escuelas. Será el “sentido común y el trabajo de inteligencia que deberá hacer la policía el que servirá para probar que efectivamente la persona se encontraba en falta”, precisó cauteloso el fiscal. La tradición de excesos de la fuerza policial fue uno de los argumentos de travestis y prostitutas para rechazar la modificación del artículo, finalmente votado el jueves por la Legislatura. Para atajar de antemano futuros coletazos, el método de aplicación de la ley está siendo estudiado con dedicación: la cúpula policial y la Fiscalía de Cámara mantuvieron reuniones en los últimos días para precisar procedimientos. Incluso esta mañana y a pedido del jefe de Policía, Pablo Baltazar García, los dos jefes de la Fiscalía, López y Walter Fernández, entregarán por escrito instrucciones a la Federal. “Le pedimos a la policía mucha prudencia –insiste López–, se va a necesitar en esto un trabajo de inteligencia, por eso hicimos mucho hincapié en las pruebas fílmicas, que es el método más fiel para apreciar un hecho que no deja rastros”. Los policías actuarán de oficio o por denuncias. “En todos los casos, cuando se los pesque por primera vez –agregó el fiscal–, se los debe intimar a cesar la actividad y se les labra el acta”. El contraventor se va a su casa y espera la citación para el juicio. Existe una bisagra para detenciones. López indicó que “en caso de reiteración la persona puede ser detenida”. El policía debe probar la existencia de un acta anterior y la persona será trasladada a la sede del Tribunal Contravencional, en Carabelas 278. Allí quedará a disposición del juez. Según el fiscal, existen 48 horas de plazo para que sea juzgada. Una dificultad es el espacio. El apuro por sancionar la reforma obligaría, según anticiparon dos fiscales a este diario, a que fuesen usadas dependencias policiales para las detenciones. “Si eso está prohibido por la ley”, se sorprendió Mathov, mientras una fuente de la fiscalía indicaba que en Carabelas no hay más de veinte lugares para alojar detenidos. El Código establece que no pueden utilizarse para los arrestos “reparticiones policiales ni otras destinadas a alojamientos depersonas procesadas o penadas por delitos”. Para la fiscalía el criterio es otro: “Lo que prohíbe el Código –indicó López– es que se junte a contraventores con acusados de delitos”. El sábado, Página/12 anticipó el acondicionamiento de un galpón del gobierno porteño para la detención de prostitutas y travestis. El predio, ubicado en la calle España, en la Costanera Sur, es uno de los posibles lugares para alojar infractores al artículo 71, pero aún no está acondicionado.
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