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El jefe de gobierno intervino en la disputa generada por el intento de subsidiar teatro con un impuesto a los artistas extranjeros.
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 Cuando ya
expiraba el plazo para avalar o no la totalidad de la Ley de Teatro porteña, tal como
había sido aprobada en la última semana de febrero por la Legislatura, el Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad vetó ayer el cuestionado inciso b del artículo 11, que imponía un
gravamen del 2 por ciento a los espectáculos artísticos extranjeros que se presenten en
Buenos Aires. La perspectiva de pagar un nuevo impuesto tenía en vilo a un grupo de
fuertes empresarios del espectáculo, que gestionaron por aire, cielo y tierra el veto del
gobierno porteño. El anuncio de la decisión fue formulado ayer por el secretario de
Cultura Darío Lopérfido, que había estudiado durante varios días la polémica
situación. “Después de analizar y estudiar a fondo el tema, hicimos uso de la facultad constitucional de vetar lo que creemos es contradictorio con la política cultural del gobierno”, puntualizó el secretario en declaraciones a Página/12. La Asociación Argentina de Actores, una de las instituciones que participó en la elaboración y presentación de la ley junto a los legisladores, y que aspira a un apoyo oficial a la actividad teatral, ya había observado algunos baches en la confección de la ley, reconociendo que había olvidado exceptuar del aporte a las entidades que, sin fines de lucro (como la Wagneriana y otras), invitan a artistas del exterior. Esta aclaración fue formulada por Jorge Rivera López, presidente de Actores, en un texto que envió a los empresarios Tito Lectoure, Héctor Cavallero, Chiche Aisemberg y Daniel Grinbank, los dueños de la iniciativa de que el gobierno interviniese en la cuestión. La intención, dijeron los actores, fue “beneficiar a toda la actividad teatral y no pretender que los empresarios –permanentes o eventuales– subsidien a los grupos o salas independientes” como parecía planteado. Rechazando el mote de xenófobos que algunos exaltados le endilgaron “enfrentando a la institución con otros artistas y compañeros desinformados sobre los temas puntuales de la ley”, Actores anticipó su apoyo a futuras legislaciones sobre música (“que próximamente tratará el Senado de la Nación”) y danza, uno de los sectores que protestó, sintiéndose fuera del alcance de una ley que destina un 80 por ciento para el teatro y el resto para “el fomento de otras actividades artísticas”. En ese sentido, el secretario de Cultura anunció que el jefe de gobierno Fernando de la Rúa le encargó ponerse en campaña para que a través de un decreto, que “saldrá a corto plazo”, se funde un Instituto de Teatro, cuyo directorio estaría integrado por representantes de distintas asociaciones y entidades teatrales. Para esto se ha destinado un presupuesto de un millón de pesos. En palabras de Lopérfido, “genuino”, con fondos de la Secretaría de Cultura. Entre las razones que pesaron en la decisión están las que días atrás suscribió Lopérfido, en un informe sobre el controvertido inciso. Apuntó entonces que éste iría en detrimento de la actividad cultural debido a la consecuente menor afluencia de espectáculos extranjeros, además de contradecir el espíritu de intercambio cultural entre países del Mercosur. Pero el debate no llegó a su fin. El secretario de Actores, Rubén Stella, ya lo había previsto al referirse al lobby de los afectados, “empresarios con capacidad de presión sobre los políticos”, fortalecidos en su crítica por otras reacciones, diferentes, pero igualmente denostadoras de la ley. Como las del Sindicato Argentino de Músicos, que calificó la ley como discriminatoria y corporativista, y la agrupación Cocoa (conformada por coreógrafos independientes), que cuestionó la marginación de la danza.
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