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Por Eduardo Videla  La empresa Edesur
rechazó oficialmente el monto de la multa que le impuso el ente regulador y decidió en
forma unilateral cuál será la indemnización que pagará a los usuarios afectados por el
apagón de febrero. Los valores anunciados sumarían un valor inferior al 50 por ciento de
lo que establece, en total, aquella sanción. Para las casas de familia con un consumo
promedio de 300 kilowatts/horas, la compañía ofreció 600 pesos en efectivo, mientras
que para los comerciantes oscilará entre los 880 y los 2000 pesos. En muchos casos, esos
montos resultarán inaceptables, ya que no contemplan ni daños y perjuicios ni lucro
cesante. Según el ombudsman Jorge Maiorano, la cifra del resarcimiento habría sido
negociada por la empresa con el gobierno nacional.El anuncio lo hizo el flamante gerente general de Edesur, Marcelo Silva Iribarne, durante su informe ante la Comisión de Defensa de los Derechos del Consumidor de la Cámara de Diputados. Antes de recibir los cachetazos verbales que desde todos los ángulos le propinaron los legisladores, el ejecutivo fundamentó la decisión de la empresa en el interés por “restituir la confianza” de los usuarios. “Si quieren recuperar la credibilidad, primero paguen lo que corresponde”, respondió Maiorano –presente en la reunión– en alusión a la multa impuesta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). “Sabemos que se ha estado negociando hasta hace pocas horas el monto del resarcimiento en los más altos niveles del Gobierno”, acusó el ombudsman. La presentación de Edesur en el Congreso llegó con trece días de demora: el ahora renunciado gerente general Jaime Manzano Tagle faltó a la cita con los diputados en plena crisis energética. Ahora, el nuevo responsable de la empresa concurrió acompañado por el director de Operaciones, Alejandro Gómez Vidal, y el director Comercial, Juan Camilo Olavarría. Los tres, de nacionalidad chilena. Silva Iribarne anunció que la empresa presentó ante el ENRE un recurso de reconsideración de la multa impuesta por la resolución 292/99, que la obliga a pagar 90 pesos por día de corte a cada usuario afectado más 100 pesos por el primer día, lo que hace un total de 1000 pesos para los casos más graves. El directivo argumentó que la sanción –que le significaría a la empresa un desembolso de 80 millones de pesos– “se aparta de lo previsto en el contrato de concesión”. El resarcimiento propuesto por la empresa –según se anunció– será en efectivo y en un solo pago, y se concretará a partir del 15 de marzo, en “cien bocas de pago instaladas en siete locales ubicados en microcentro, Congreso, Once y Boedo”. Los ejemplos que puso Silva Iribarne son los siguientes:  Una familia con
300 kw/h de consumo bimestral y 10 días de corte recibirá un monto superior a los 600
pesos. Un usuario no
residencial con pequeña demanda (kioscos, consultorios) con un consumo de 950 kw/h,
cobrará 880 pesos. Las
“medianas demandas” (comercios, consorcios) recibirán una suma fija de 200
pesos por día sin luz. Los más afectados cobrarán 2000 pesos. Los casos de
grandes clientes (Shopping Abasto, por ejemplo) serán analizados en forma individual. Los que no
opten por el pago automático podrán acreditar los gastos que les ocasionó la emergencia
(la empresa no aclara si los reconocerá). Aunque la
empresa no lo aclaró, se supone que quien acepte la suma ofrecida estará renunciando a
cualquier reclamo legal posterior.Como en la zona afectada la mayoría de los usuarios gastan menos de 300 kw/h, el resarcimiento que pagará la empresa es muy inferior a los 1000 pesos que dispuso el ENRE. En su alegato, Silva Iribarne esgrimió datos sobre la supuesta eficiencia de la empresa: inversiones y disminución de los cortes. Pero no supo qué responder cuando el diputado Héctor Polino le preguntó por las ganancias de la empresa en seis años de concesión. Sólo dijo que en 1998las utilidades alcanzaron los “90 millones de pesos”. El directivo tuvo que cambiar el término “clientes” por el de “usuarios” cuando el diputado Marcelo Vensentini lo corrigió: “Clientes son los que pueden elegir y los usuarios de Edesur son cautivos”. La reacción de los legisladores fue dispar. El justicialista Mario Das Neves consideró que “la postura de un pago voluntario es bien vista”, en cambio, el socialista Polino la calificó de “inaceptable”. “Una empresa seria y responsable debe cumplir con lo que ordena el organismo de control y no actuar como juez y parte, como lo está haciendo”, cuestionó.
OBLIGAN A AVISAR EL VALOR DEL TELEFONO PUBLICO
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