Por Cledis Candelaresi Cavallo tenía poder e
iniciativa. Con él se podía hablar y esperar alguna decisión. No ocurre lo mismo con
Roque Fernández. Ahora no hay interlocutor y, menos, liderazgo para tratar un tema tan
delicado como la crisis económica, se quejaba ayer el diputado justicialista Emilio
Martínez Garbino, titular de la Comisión de Industria. Aunque en tono más moderado, la
misma crítica está plasmada en un documento que el legislador entregó al mediodía en
mano al secretario de Industria Alieto Guadagni y su equipo. El paper que no fue
discutido en plenario de bancada pero cuenta con el aval de su jefe, Humberto
Roggero pronostica un fortísimo proceso recesivo provocado por el
descalabro brasileño, y reclama medidas de protección para la industria local, incluida
la automotriz.El encuentro con Guadagni, el subsecretario de Comercio Exterior, Félix
Peña, y el de Industria, Raúl Cuervo, tuvo lugar poco después de la histórica sesión
que dejó virtualmente fracturado al justicialismo. Garbino, hombre de las huestes
duhaldistas, fue de los escasos anfitriones que tuvo el plantel económico. Ayer, el
posible cisma del PJ eclipsó prácticamente cualquier otra actividad en el Parlamento.El
documento justicialista fue elaborado después de que los legisladores de la Comisión de
Industria, ámbito natural del lobby industrial, concluyeran una larga ronda de consulta
con empresas para evaluar el impacto de la crisis brasileña. En lo sustancial, difirió
en poco del que también acercó a los funcionarios el radical Juan Pablo Baylac, en
nombre de la Alianza. Al menos en este renglón, unos y otros cuestionan lo mismo: la
presunta falta de reflejos de Economía para capear el temporal.Hasta ahora, la
conducción económica ha tratado de esconder la crisis debajo de la alfombra...y no ha
elaborado estrategias para enfrentar un estallido que se produciría en no más de 30 a 60
días, reza el texto firmado por Martínez Garbino. Posiblemente, Guadagni no haya
recibido con demasiada sorpresa esa recriminación destinada al ministro, su jefe directo.
Y no sólo porque Guadagni puede estar más cerca de Eduardo Duhalde fue titular de
Eseba y de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires que de Roque
Fernández.El equipo de Industria sufre en carne propia la dispersión de poder, y hasta
superposición de funciones propia de la conducción de Roque. El secretario de
Agricultura (y hombre de Roque), Gumersindo Alonso, comenzó a capitanear la negociación
con Brasil sobre la comercialización de productos alimenticios, rubro fuerte de la
relación bilateral. A raíz de esto, el subsecretario de Comercio Exterior (colaborador
de Guadagni), Peña, debió excluir de su agenda esos temas neurálgicos. Semejantes
fricciones a las que se generan con los hombres de Cancillería, quienes también tienen
atribuciones sobre esta área.El problema de conducción de la crisis no es lo único que
emparenta el documento de Garbino con los criterios de Guadagni, proclive a trabajar en
algunas de las medidas reclamadas por el Congreso. Entre ellas, la de resucitar el
subsidio de 4 puntos sobre la tasa de interés de los préstamos que tomen las pymes,
mecanismo suspendido cuando asumió Fernández el comando del Palacio de Hacienda. Otra es
la de facilitar desde el Gobierno la creación de sociedades de garantía recíproca, por
las cuales las grandes empresas están en condiciones de auxiliar a clientes y proveedores
para conseguir créditos más baratos, a semejanza de lo que ya hicieron Siderar (grupo
Techint) y Aluar (grupo Madanes).
BUENOS AIRES BAJARA EL GASTO EN 300 MILLONES
DE DOLARES
Duhalde hace un guiño al Fondo
El
gobierno de Eduardo Duhalde se anticipó al ajuste en el gasto público que tarde o
temprano tendrá que hacer Roque Fernández a nivel nacional, bajo la presión del FMI.
Ayer el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Jorge Sarghini, anunció
recortes en el gasto público por 300 millones de dólares para compensar menores ingresos
tributarios debido a la recesión. La medida es un guiño del gobernador-candidato al
Fondo Monetario y al establishment.Los economistas de Duhalde discrepan con la evaluación
que hace Roque Fernández de la crisis. A diferencia de Roque, que insiste con que la
economía crecería este año 3 por ciento, en La Plata creen que, en el mejor de los
casos, el PBI permanecerá estancado. Esto, evalúan, significaría una caída de la
recaudación provincial de entre 250 y 300 millones. Las medidas anunciadas ayer apuntan a
compensar esta baja de los recursos del Presupuesto.Sarghini explicó que los principales
recortes afectarían a las siguientes partidas: bienes de consumo y servicios no
personales (insumos en general, combustibles, papel, textiles, servicios públicos,
pasajes, alquileres, mantenimiento) se ajustará en un 10 por ciento; en horas extras y
viáticos habrá una poda del 5 por ciento por bimestre; en bienes de capital
(equipamiento), se suspenden las compras y sólo se adquirirán en casos excepcionales.
También habrá una suspensión de obras públicas nuevas por el lapso de 60
días.Página/12 publicó el viernes pasado que en el documento aprobado la semana pasada
en el directorio del Fondo Monetario figuraba una advertencia expresa al desborde de
gastos en la provincia de Buenos Aires, por encima de lo programado. Pero, en realidad, la
provincia, a diferencia de la Nación, no tiene ningún compromiso que cumplir con el FMI.
Por eso, los anuncios de Duhalde deben ser interpretados como una señal del
gobernador-candidato a Washington y al establishment de que no sólo no quiere sacar los
pies del plato sino que encima se apresura a realizar un ajuste al que Carlos Menem se
resiste en el año electoral.
Examen de Kiguel en Diputados El subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel, explicó ayer, durante una
exposición ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que el aumento de la
deuda pública en 11 mil millones de dólares durante el año pasado se debió a un
blanqueo de situaciones preexistentes como la emisión de bonos de consolidación de
deudas y el pago de avales caídos. Sin embargo, a la hora de detallar los ítems
del endeudamiento reconoció que 4 mil habían sido para cubrir el déficit fiscal, 1500
millones para obtener prefinanciamiento para este año y 700 millones como intermediación
de créditos a provincias. Consultado por el nivel del déficit fiscal para este año,
Kiguel se negó a confirmar que se vaya a mantener la meta de 2950 millones acordada con
el FMI e insistió que las cifras serán revisadas en abril cuando arribe a
Buenos Aires una misión del organismo. Por otro lado, el funcionario afirmó que
las necesidades de financiamiento del primer trimestre ya fueron cubiertas y las
previsiones permiten una visión optimista en el sentido de que las de la segunda mitad
del año también serán satisfechas en los próximos meses. |
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