OPINION
Jurisprudencia disparatada
Por Diego Bonadeo |
| Desde
el relevo, alejamiento, sustitución o como se lo quiera llamar, del ex árbitro y ex
policía Mario Gallina como responsable de la seguridad en el fútbol de la provincia de
Buenos Aires –quizá antes también, pero no fue extremadamente notorio– un
tufillo casi obsceno pareció enrarecer todavía más los debates casi nunca profundos y
serios alrededor de lo que el reduccionismo dialéctico insiste en denominar
“violencia en el fútbol”, como si los caños y las rabonas fuesen disparadores
de bengalas o mangos de sevillanas.El traslado de la interna justicialista a los problemas
del fútbol aparece ya en la superficie con el episodio Gallina, al que no pareció ser
ajeno el presidente de Chacarita, sindicalista gastronómico, gestor de “plazas del
sí”, y sedicente alcahuete hipermenemista Luis Barrionuevo. Y entre idas y venidas,
desde entonces y hasta anteayer, aparece la frutilla de la torta cuando Roberto Digón, ex
dirigente sindicalista combativo del gremio de los tabacaleros, ex diputado nacional y
ahora precandidato por el duhaldismo-argüellismo capitalino y secretario de Boca,
consideró la posibilidad de que a Boca le descuenten tres puntos un equivalente al
atropello a la Constitución que supondría una nueva reelección para Carlos Menem.Es
que, salvo la gratuita referencia a la Constitución de parte del dirigente-ex diputado-ex
sindicalista –obviamente en campaña–, es correcto que nada tienen que ver los
dos goles de Palermo y el gol del Mellizo Guillermo a Ferro el domingo por la mañana en
la cancha de San Lorenzo, con el vandalismo matutino del entrenamiento Boca-Chacarita de
días atrás. Tampoco resultará disparatado suponer que la absurda resolución del
Tribunal de Penas que hoy saldría a la luz oficialmente tenga su origen en algún dedo
pulgar disparado hacia abajo desde algún sector del poder omnímodo. De confirmarse el
fallo que le quitaría un punto por cada gol conseguido por Boca el domingo, se sentaría
la peor de las jurisprudencias; su único atenuante pasa por la depreciación y falta de
credibilidad del propio organismo sancionador. |
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