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 Los usuarios
afectados por el apagón que acepten la indemnización propuesta por Edesur no están
obligados a renunciar a futuros reclamos. Lo anunció ayer la compañía, que dio marcha
atrás a su idea original "en atención a las presentaciones realizadas por los
señores legisladores, el defensor del Pueblo (Jorge Maiorano) y las principales
asociaciones de Defensa del Consumidor". La propuesta alcanza a las casas de familia
y comercios con bajo consumo --la mayoría de los afectados-- pero no a los grandes
usuarios, que fueron los más afectados. Los máximos directivos de la compañía se
comprometieron, además, a "resolver en acuerdos extrajudiciales las demandas por
daños que estén suficientemente probadas". "Es un triunfo de los
consumidores", sintetizó Maiorano a Página/12. El ENRE, en tanto, ratificó
la vigencia del resarcimiento impuesto por la resolución 292/99 que contempla montos que
en algunos casos duplican la oferta de Edesur. "Los usuarios deben cobrar lo que le
ofrecen, pero como un pago a cuenta de lo que la empresa debe pagar", dijo a este
diario el vicepresidente del ente regulador, Alberto Devoto.Cuando el martes, en la Cámara de Diputados, anunció un plan de resarcimiento voluntario para "recuperar la confianza" de sus clientes, el gerente general de Edesur, Marcelo Silva Iribarne precisó que al cobrar la indemnización, los usuarios debían firmar un renunciamiento a todo reclamo futuro. Esa condición generó el rechazo de los legisladores de la Comisión de Defensa del Consumidor, del ombudsman y de las asociaciones de consumidores. "Están jugando con la necesidad de la gente", coincidieron. La empresa, entonces, volvió a sorprender ayer al renunciar a ese irritante requisito. El anuncio lo hizo el propio Silva Iribarne, durante una reunión que mantuvo con Maiorano, ayer al mediodía. "La presión ha sido mucha. Tuvieron que retroceder. Esto es muy importante", evaluó el ombudsman. Los usuarios afectados recibirán a partir de hoy cartas personalizadas en las que se indica cuál es la indemnización que --según el criterio de la empresa-- les corresponde por el tiempo que estuvieron sin luz. El monto será proporcional al consumo promedio de cada cliente y a la duración del corte. En la misma carta constará qué día y en qué horario debe presentarse el damnificado, si es que decide cobrar la indemnización al contado y en efectivo. Si prefiere que le descuenten la suma en las próximas facturas, tendrá que notificarlo a vuelta de correo. "La empresa sólo exigirá que el usuario firme un recibo por el dinero que pagó", precisó Maiorano. El ombudsman explicó que, con esta nueva situación, los usuarios que consideren que sufrieron un perjuicio mayor "podrán seguir reclamando". "Aquí ganó la gente --se entusiasmó el funcionario--. Este es el primer caso en la historia de los servicios públicos en que la empresa paga por el problema que causó, por la presión de la sociedad. Es un mensaje muy importante." En el ENRE también consideraron la decisión como "positiva". Sin embargo, recordaron que está vigente la resolución que establece indemnizaciones que van desde los 90 pesos --por un día de corte-- a 1011 pesos, para los más afectados. Como la empresa presentó un recurso para que el ente regulador "reconsidere" la sanción, la vigencia de la resolución está en suspenso. Pero no bien el ENRE se expida (se prevé que va a rechazar el pedido) la multa entrará en vigor. "Y la empresa no puede apelar a una instancia superior si no paga lo que se le ordena", explicó Devoto. El vicepresidente del ENRE descartó que el organismo vaya a tomar una decisión recién después de la audiencia pública convocada para el 30 de este mes. "Nuestros abogados están trabajando para responder los antes posible", aclaró Devoto. Quienes no están obligados a renunciar a futuros reclamos son únicamente los usuarios residenciales y pequeños comercios (tarifas T1R y T1G). En cambio, las "medianas demandas" (comercios grandes y consorcios), que recibirán una suma fija de 200 pesos por cada día sin luz, tendrán que resignar futuras demandas. "Aunque en estos casos --aclaró Maiorano-- la empresa acepta someterse a mediación para llegar a un acuerdo extrajudicial."
LAS EMPRESAS ENFRENTARAN UNIDAS OTRO
DESCALABRO Por Pablo Ferreira
El encuentro, realizado en la tarde de ayer con el pretexto de avanzar en la formulación de una factura unificada para cada uno de los servicios, congregó a una docena de popes empresariales entre los cuales se destacaron los responsables de la cuestionada distribuidora Edesur y de sus pares Edenor y Edelap, de las concesionarias como Metrogas y Gas Natural Ban y las telefónicas. Rodríguez prefirió resaltar en conferencia de prensa, y en un comunicado posterior, los temas técnicos tratados en la reunión. Según Rodríguez, el encuentro "cierra el ciclo de negociaciones y da comienzo a la última etapa del trabajo para contar con facturas armonizadas para los cuatro servicios públicos domiciliarios (luz, agua, gas y teléfonos). La idea del jefe de Gabinete es que los usuarios puedan visualizar mejor la información suministrada por las boletas de pago que actualmente difieren marcadamente en sus formatos. Sin embargo, el funcionario terminó por reconocer que las consecuencias provocadas por la interrupción del servicio de Edesur "pasaron a ser tema de urgente importancia". En ese sentido, Rodríguez admitió que su organismo ha priorizado la tarea de "identificar el grado de preparación de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios en materia de planes de contingencias". En particular, los referidos a situaciones de riesgo causadas por fenómenos originados en fallas humanas (el texto oficial prefirió usar el inentendible calificativo de "antrópico") o naturales. El objetivo, según un vocero de la Jefatura, es doble. Por un lado se trata de verificar que esos planes existan y, sobre todo, asegurar que sean realmente efectivos. A propósito destacó, no sin ironía, el caso de Edesur que había instalado en la flamante central Azopardo el cable de transmisión principal y el de reserva uno a la par del otro. Por otra parte, Marcelo Silva Iribarne, nuevo gerente general de Edesur, reconoció a este diario que las sombras que el incidente proyectó sobre todo el proceso de privatizaciones es materia de preocupación para todas las empresas de servicios públicos.
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La indemnización propuesta por Edesur alcanza a unos 120.000
usuarios.