|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Javier Valenzuela desde Washington
La Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) fue el organismo que suministró estos datos a Clinton. Los documentos, desclasificados con muchas tachaduras, prueban la complicidad entre los militares guatemaltecos y Estados Unidos denunciada por el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico del país centroamericano. Esa comisión aseguró que EE.UU., obsesionado por terminar con las guerrillas izquierdistas del continente americano, fue también indiferente ante la muerte a manos de militares guatemaltecos de unas 200.000 personas. Desde que en 1954 la CIA organizó el golpe de Estado del que se derivarían las turbulencias de Guatemala, los sucesivos gobiernos norteamericanos sólo pensaron en apoyar a los gobiernos derechistas y a las Fuerzas Armadas de ese país, con independencia de las tropelías que pudieran cometer. En 1954, el general James Doolittle escribió un informe al presidente Dwight Eisenhower sobre la Guerra Fría en el que decía: "No hay reglas en esta guerra. Las normas de lo que es una conducta humana aceptable no se aplican aquí". Casi tres décadas después, la Casa Blanca, ocupada entonces por Reagan, seguía practicando esa filosofía. A finales de febrero de 1982 un informe de la CIA decía: "A mediados de febrero, el ejército de Guatemala reforzó su presencia en el departamento central de El Quiché y lanzó una operación de limpieza en el triángulo Ixil. Los oficiales al frente de las unidades han recibido instrucciones de destruir todas las ciudades y aldeas que cooperan con la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eliminar toda fuente de resistencia". "Desde que la operación comenzó --prosigue la CIA-- varias aldeas han sido quemadas por completo y un gran número de guerrilleros y colaboradores han sido abatidos. Comentario: cuando una patrulla del ejército encuentra resistencia y es tiroteada, se entiende que toda la población es hostil y, en consecuencia, es destruida. El ejército ha encontrado muchas aldeas abandonadas antes de su llegada y asume que apoyan al EGP, por lo que son destruidas. Hay cientos, posiblemente millares, de refugiados en las colinas sin hogares a los que volver." "El ejército --prosigue el documento-- todavía no ha encontrado una seria fuerza guerrillera en el área. Sus éxitos hasta el momento parecen limitarse a destruir localidades controladas por el EGP y matar a colaboradores y simpatizantes indios. La bien documentada creencia del ejército de que toda la población india ixil es favorable al EGP ha creado una situación en la que no cabe esperar que dé el menor cuartel a los combatientes y los no combatientes." El 21 de noviembre de 1983, un análisis de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado da cuenta de la reanudación de la actividad de los escuadrones de la muerte con el asesinato de un sacerdote y de tres trabajadores humanitarios. "El general Mejía --dice el documento-- está más preocupado por mantenerse en el poder que por crear polémica ejerciendo autoridad sobre las fuerzas de seguridad y los abusos en materia de derechos humanos." No obstante, Reagan decidió defender el año siguiente la causa del gobierno guatemalteco ante el Congreso de EE.UU. Un memorándum del Departamento de Estado con fecha del 3 de febrero de 1984, también desclasificado, dice: "Aunque persisten serios problemas de derechos humanos en Guatemala, el gobierno ha adoptado acciones para reducirlos. Mantener la asistencia en materia de seguridad es esencial para apoyar ese proceso". Es toda una contradicción con los comentarios sobre el general Mejía del análisis de noviembre de 1983. Terminada la Guerra Fría, ya bajo la presidencia de Clinton, Washington continuó optando por el silencio. Un informe secreto del Departamento de Defensa de noviembre de 1994 informa de que un "número no determinado" de ex guerrilleros de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) ha sido reclutado por el ejército. "Los que se niegan a integrarse", dice el informe, "son ejecutados de modo sumario y enterrados en tumbas sin marcas. Esta técnica ha sido utilizada por el ejército de Guatemala desde el comienzo del conflicto y sigue siendo utilizada hoy, aunque el ejército reconoce que ésta es una nueva era". El gobierno de Clinton es informado de que, como en el pasado, el ejército de Guatemala "no toma prisioneros de guerra. Todos los guerrilleros capturados, con excepción de los utilizados con propósitos propagandísticos, son interrogados y en la mayoría de los casos asesinados y quemados". El mismo informe añade que las autoridades guatemaltecas están destruyendo pruebas. "Ha vuelto a ser emitida una orden para que todos los documentos incriminatorios sean destruidos. La orden parece haber sido motivada por el impacto del caso Bamaca". Efraín Bamaca Velázquez fue un líder guerrillero asesinado por los militares en marzo de 1992. Su caso no hubiera trascendido de no haber estado casado con una norteamericana, Jennifer Harbury. La orden de destrucción de pruebas, dada en mayo de 1994, "está siendo minuciosamente cumplida y vigilada", dice el informe secreto remitido al gobierno de Clinton en noviembre. "Además de eliminar todos los documentos comprometedores, los locales que fueron usados a comienzos y mitad de los '80 como áreas de interrogatorios han sido completamente demolidos, y las fosas donde fueron enterrados guerrilleros han sido rellenadas y cubiertas con cemento." La Casa Blanca de Clinton no denunció estos hechos. Cuando el Congreso de EE.UU. estaba considerando en febrero de 1984 votar nuevos proyectos de asistencia de seguridad a Guatemala, el gobierno del entonces presidente Reagan dijo en un informe al Congreso que "el gobierno de Guatemala ha dado pasos para reducir" los abusos en el campo de los derechos humanos, a pesar de tener información de que "los escuadrones de la muerte" se habían reactivado en el país apenas cuatro meses antes. En 1983, tres guatemaltecos que trabajaban para la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU. (AID) desaparecieron. El embajador norteamericano en Guatemala afirmó en un cable dirigido a Washington: "Mi propia opinión es que el incidente fue una represalia inmediata", del jefe del Gabinete del presidente, Coronel Juan José Marroquin Siliezar. El 2 de febrero, Chapin escribió otro memorándum en el cual describe su creciente preocupación sobre "los escuadrones de la muerte". Tras mencionar los tres desaparecidos de la AID, Chapin apuntó: "Estos nuevos e impactantes casos indican que el gobierno de Guatemala va a atacar siempre que encuentre un blanco importante". La carta del funcionario estadounidense agrega: "Vuelvo a subrayar, como hice el otro día en San Salvador, el conflicto que se daría de incorporar a Guatemala al plan de Estados Unidos para todo el hemisferio frente a las realidades horribles que muestra la situación de los derechos humanos en Guatemala". "O bien podemos ignorar estas pruebas y recalcar el concepto estratégico o bien tenemos que tomar un sendero de moralidad. No podemos seguir cambiando nuestra postura", añade. Un día después, el Departamento de Estado norteamericano entregó el informe al Congreso que elogió los esfuerzos de Guatemala para reducir los abusos de derechos humanos.
|
El gobierno de Ronald Reagan sabía en los años '80 que
el ejército de Guatemala practicaba una política de exterminio sistemático de aldeas
mayas y no hizo nada para impedirlo, según documentos de la CIA recién desclasificados
que han sido facilitados a este diario por el National Security Archive, una organización
independiente de Washington. Otros documentos revelan que, ya en los '90, el gobierno de
Bill Clinton hizo oídos sordos a la información oficial sobre la persistencia de las
ejecuciones sumarias y la destrucción de pruebas de las matanzas por parte de los
militares guatemaltecos.