|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Laura Vales  La Defensoría del Pueblo
porteña amplió su denuncia contra Víctor Alderete y Cristina Domínguez al identificar
a más de 40 micros que habrían sido alquilados con fondos del PAMI para llevar a los
jubilados a un acto contra la ombudsman Alicia Oliveira. Algunos de los colectivos, según
consta en una serie de fotografías entregadas a la Justicia, tenían en sus parabrisas
carteles de libre estacionamiento emitidos por la obra social.La Justicia investiga qué rol tuvieron Alderete y Domínguez en la organización de la manifestación del 26 de febrero pasado, convocada por la Confederación General de la Tercera Edad y la Mesa Federal. La sospecha es que la movilización de unos dos mil abuelos no fue financiada por los centros de jubilados sino con dineros públicos. Ese día, desde un palco levantado frente a las puertas de la Defensoría porteña, se reclamó la dimisión de su titular Alicia Oliveira; pero la mayor parte de los manifestantes ignoraban el motivo de la protesta. Habían llegado al lugar convencidos de que la marcha era “contra la privatización del PAMI”, “contra Alderete” o “por un aumento de la jubilación mínima”. Una investigación de Página/12 reveló que cuatro empresas de transporte encargadas de trasladar a los afiliados habían sido contactadas por hombres de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Pero en el caso de una de estas firmas, quien contrató y pagó en persona los ómnibus fue Cristina Domínguez, jefa del Area de Relación con los Beneficiarios, justamente la responsable de los vínculos con los Centros de Jubilados. La firma en cuestión es Colprin, y sus dueños, Jorge y Bruno Agnelli, admitieron haber alquilado a la funcionaria 87 colectivos al precio de 140 pesos por unidad, para llevar a los ancianos hasta la esquina de Belgrano y Ente Ríos. El pago, agregaron los Agnelli, se realizó en efectivo en la sede de la Mesa Federal de Jubilados; el recibo se extendió a nombre de la CGT. A raíz del artículo publicado por este diario, la Defensoría del Pueblo denunció a Alderete y Domínguez por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad; la causa se radicó en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral. Eduardo Guarna, abogado de la Defensoría, explicó que “a partir de la nueva documentación aportada se intentará conocer qué otras empresas transportistas participaron, por quién fueron contratadas y cuántas unidades se movilizaron en total”. No es la primera vez que se vincula a Alderete con la campaña en contra que la Defensoría viene sufriendo desde que logró frenar la licitación de los Servicios Médicos del PAMI. Los diputados de la oposición manifestaron sus sospechas de que la mano del titular de la obra social está detrás de la guerra de afiches acusatorios contra Alicia Oliveira. A mediados de febrero se realizó una primera manifestación frente a la Defensoría en la que se vieron carteles que calificaban a la ombudsman de “bolche” y “gorda ignorante”. Pero la marcha terminó mal cuando los ancianos contaron a los medios presentes que habían sido trasladados en avión desde Córdoba y alojados en el hotel Atlantic.
JORNADA DE PROTESTA DE LOS JUBILADOS
|
