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Por Jorge Ortiz Agencia DPA, desde Quito  Con un
durísimo paquete de medidas de ajuste, Ecuador empieza la semana próxima a tratar de
recomponer su economía, que sufre su peor crisis en 70 años, causante de que 60 por
ciento de sus 11,5 millones de habitantes estén hundidos en la pobreza y de que su
aparato productivo esté al borde de la bancarrota. Los indicadores económicos son
elocuentes: la mayor inflación del continente (de 40 puntos y subiendo), con 7,5 por
ciento del producto interno bruto de déficit fiscal, 14 por ciento de desempleo, índices
negativos de crecimiento e inversión, su primer saldo rojo en 30 años de la balanza
comercial y tasas de interés bancario bordeando el ciento por ciento, que desalientan
toda iniciativa empresarial. Un banco por mes cayó en la insolvencia y cerró desde el
comienzo del gobierno del presidente Jamil Mahuad, en agosto de 1998, al final del
período de inestabilidad política de los regímenes populistas de los presidentes
Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón.Pero la crisis económica empezó bastante antes. Comenzó, en verdad, hace 50 meses, cuando Ecuador y Perú libraron una guerra fronteriza de cinco semanas, en la espesura de la selva amazónica, que obligó a grandes y urgentes compras de armas, a precios de traficantes, lo que desequilibró profundamente las finanzas públicas. Por entonces, enero de 1995, Ecuador vivía un período de inusitada bonanza económica, con rápido crecimiento y cuantiosa inversión, al cabo de 29 meses del gobierno del presidente Sixto Durán-Ballén, cuyo vicepresidente, el liberal Alberto Dahik, se dedicó a poner orden en el gasto fiscal y a estimular la producción. A partir de la guerra, y mientras Ecuador y Perú emprendían sus primeras negociaciones limítrofes directas, la economía ecuatoriana no dejó un solo día de declinar, afectada por una cadena de problemas y calamidades. El primer problema fue político: una acusación de malos manejos de fondos públicos, en cuentas secretas, terminó en la renuncia de Dahik y su salida precipitada de Ecuador. El gobierno de Durán-Ballén, muy afectado por la pérdida de su hombre fuerte, no pudo mantener en su último año la disciplina fiscal. Los indicadores siguieron cayendo en picada. A finales de 1995 y principios de 1996, una sequía feroz en el sur andino del país paralizó la mayor central hidroeléctrica, Paute, que genera dos tercios de la electricidad que consume Ecuador. Un severo racionamiento, con cortes de hasta 18 horas diarias, inmovilizó el aparato productivo nacional durante dos meses, lo que provocó inmensas pérdidas. En agosto de 1996, tras una larga campaña electoral que llenó a Ecuador de incertidumbres, asumió la presidencia el populista Abdalá Bucaram, quien se dedicó de inmediato a un gasto público desenfrenado y clientelista, a la par que su gobierno se llenaba de acusaciones de corrupción. El caos fue tan rápido que seis meses más tarde, en febrero de 1997, el Congreso destituyó a Bucaram por “incapacidad mental para el ejercicio de la presidencia”. Para entonces, la economía había caído aún más, con fugas masivas de capitales y crecimiento acelerado del déficit fiscal. Otro populista, Fabián Alarcón, fue designado en reemplazo de Bucaram. El estilo económico varió poco: abundante gasto público, con crecimiento rápido del déficit fiscal, mientras todos los intentos de modernizar la estructura económica y de privatizar las deficitarias e ineficientes empresas públicas fracasaban por falta de credibilidad en el gobierno. En noviembre de 1997 otra calamidad afectó a Ecuador: llegó a sus costas, sobre el océano Pacífico, el fenómeno de El Niño, que en siete meses de lluvias torrenciales e inundaciones diarias mató a más de 300 personas, arrasó la infraestructura vial, destruyó cultivos, ganado y planteles avícolas y dejó pérdidas directas por al menos 2600 millones de dólares. El Niño se fue en junio de 1998, pero el sector agroexportador, del que vive la mitad del país, había quedado tan afectado que a fines de ese año ya dejó de pagar sus préstamos bancarios. El sistema financiero cayó con rapidez en dramáticos problemas de iliquidez. Las quiebras empezaron pronto. Para colmo, el petróleo –el principal producto de exportación de Ecuador– sufrió desde finales de 1998 y hasta ahora un desplome total de precios en los mercados mundiales. La caída de ingresos fiscales fue abrumadora. Ese desplome de los precios marcó, en la práctica, el fin de toda una era para la economía ecuatoriana, que durante un cuarto de siglo se basó en el petróleo para sostener una estructura llena de subsidios y con marcado predominio estatal, que ahogó la inversión privada. Al empezar 1999 los problemas confluyeron todos al mismo tiempo: la inflación se disparó, la quiebra de bancos se apresuró, cientos de empresas cerraron o redujeron drásticamente sus nóminas y, al final, las compras masivas de dólares drenaron la reserva monetaria del país hasta obligar al Banco Central a liberar la paridad cambiaria. En una semana de flotación de la moneda nacional, a principios de este mes, la cotización del dólar pasó de 7000 a 15.000 sucres. El pánico cundió. Para evitar una corrida masiva de depósitos y quiebras en cadena de bancos, el gobierno dispuso un feriado bancario desde el lunes pasado y empezó a diseñar una emergencia financiera con congelamiento de los depósitos bancarios para bajar la presión devaluatoria y detener la inflación. Con esa emergencia, que incluye el envío al Congreso de proyectos de leyes para permitir privatizaciones, crear y aumentar impuestos, aumentar tarifas y precios y reducir el gasto público, el gobierno se está jugando una carta difícil: o saca a Ecuador de la crisis y logra relanzar la economía o causa una situación de convulsión social y de agitación política, en que estaría en juego su propia estabilidad. Una carta difícil, sin duda, pero era la última que este gobierno (y este país) se podía jugar. Ya no podía esperar más.
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