 Aunque no todos sus protagonistas quieran reconocerlo, el debate
que se suscitó a raíz de las reformas al Código de Convivencia
Urbana se refiere a la relación entre ética y política.
El antológico discurso del radical Agustín Zbar debería estudiarse en las escuelas de
derecho y de ciencias políticas: dijo que la norma era inconstitucional y que habría
personas que sufrirían por su aplicación, pero que la Razón de Estado obligaba a
votarla, por no darle pretextos al Poder Ejecutivo Nacional para violar la Constitución.
Su razonamiento es coherente con la reimplantación en la Ciudad del prohibido derecho
penal de autor, según el cual no importa la acción, sino quien la realiza. El demócrata
Zbar hace el sacrificio de violar la ley para que no lo haga el autoritario Menem.
Autoatribuyéndose una supuesta “autoridad moral”, también Liliana
Chiernajovsky, del Frepaso, dijo que votaba una ley con la que no estaba de acuerdo,
porque la penalización “no resuelve el problema y, sin duda, genera una regulación
clandestina”. Además lamentó que fuera necesario dedicarle tanto tiempo a ese tema,
en vez de tratar las consecuencias de las “privatizaciones menemistas”, como el
apagón. Con idéntico argumento Chacho Alvarez contribuyó en 1990 a la ampliación de la
Corte Suprema de Justicia. Era otra cuestión menor, que distraía esfuerzos necesarios
para organizar un frente político y social contra las privatizaciones. Hoy Chacho se
olvidó de las privatizaciones, pero el país sigue pagando las consecuencias de la
prostitución judicial resultante. Del mismo modo, cuando Liliana ni se acuerde del
apagón, la relegalizada prepotencia de la policía seguirá degradando la calidad de la
vida institucional e individual. Esta norma le devolvió su control absoluto sobre la
Ciudad, en el preciso momento en que sus estructuras corruptas languidecían debido al
año de ayuno. Entregarles el poder de abusar de los más débiles, sólo porque son una
minoría insignificante a la hora de votar, es una actitud miserable, ni siquiera atenuada
por las convicciones.
En tres de los bloques hubo disidentes. Todos sostuvieron que castigar la prostitución,
que el Código Penal no prohíbe, es inconstitucional, que agravará la indignidad y la
violencia en que viven quienes la practican, al reforzar la corrupción policial y las
organizaciones mafiosas. Facundo Suárez Lastra (de la UCR) dijo que no se oponía sólo
por cuestiones de conciencia, sino también “por una profunda convicción política
acerca de cómo trabaja el Estado en una república democrática para la resolución del
conflicto social”. Eduardo Jozami, del Frepaso, sostuvo que estaba en discusión
“cómo se hace política en la Argentina, en un país donde la política está
desprestigiada”, y recordó que su partido surgió “para demostrar que se podía
actuar de otra manera, que no era necesario ser un careta para ser dirigente político,
que se podían hacer discursos y después comprometerse para llevarlos adelante”.
Juliana Marino, del PJ, se preguntó en qué se convertía un gobierno progresista que
traicionaba “la que hasta ahora parece ser su condición más importante” y
responsabilizó a la mayoría aliancista de haber generado las condiciones, “para dar
entrada al pensamiento más reaccionario que todavía anida en nuestra sociedad”.
Todos ellos desafiaron la disciplina partidaria, exponiéndose a represalias y
marginaciones. Al hacerlo privilegiaron la importancia de las convicciones personales y
los valores permanentes por encima de las conveniencias coyunturales, y enaltecieron la
actividad política a la que se dedican. También demostraron que las conductas dignas son
posibles desde cualquier encuadramiento partidario. A la inversa, ningún sitio de
militancia garantiza contra la abyección ni suple la calidad personal. La presentación
de la Defensora del Pueblo –Alicia Oliveira–, que objetó la constitucionalidad
del artículo represivo, coloca la decisión en manos de los cinco jueces del Superior
Tribunal de Justicia de la Ciudad. Pocos temas tan cruciales para la construcción
democrática han pasado en los quince años posteriores a la dictadura por un tribunal de
Justicia. Acaso esos tres hombres y dos mujeres adviertan que éste no es un tema de putas
y trabas, sino una discusión de fondo sobre la libertad, para todos los habitantes de
Buenos Aires.
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