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Por Laura Vales  Julio
Liberman, el único director del PAMI que criticó públicamente los proyectos
privatizadores de Víctor Alderete, anunció su renuncia al directorio de la obra social,
donde representaba a la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Liberman
asegura que fue hostigado y amenazado por su perfil opositor, y que desde hace más de dos
meses es excluido de las reuniones de directorio. El máximo órgano de gobierno del PAMI
tiene 12 miembros, siete de ellos elegidos por organizaciones de jubilados, pero el
renunciante aclara que, a la hora de votar cualquier resolución, Alderete cuenta con
mayoría automática. “Nunca se discutió nada. Desde el mismo momento en que asumió
tuvo once manos dispuestas a aprobar sus propuestas sin cuestionamiento alguno”,
asegura.–¿Por qué cree sucede? –Supongo que lo hacen para defender sus sueldos; cada director cobra ocho mil dólares, y quienes viven a 100 kilómetros de la Capital tienen un adicional de mil pesos por desarraigo. Esto significa que cada jubilado convertido en director pasó a ganar 54 veces más que el haber mínimo. Por otra parte, los del interior reciben ocho pasajes de avión por mes. Lo concreto es que los representantes de los afiliados al PAMI y losdelegados de la CGT vienen cumpliendo un mismo rol: aceptar los planes de Alderete. Todos están para el sí. –Usted denunció que en las reuniones de directorio se vota prácticamente a libro cerrado. –Exactamente. En teoría, cada cuestión a tratar debería ser conocida por los directores con cinco días de anticipación, pero esto jamás se ha cumplido. Por el contrario, yo fui testigo de cómo el orden del día con los puntos a discutir se distribuía en el mismo momento en que el directorio comenzaba su reunión. Desde que asumió su cargo, Liberman se negó a aceptar su sueldo de ocho mil pesos y cobró, en cambio, viáticos reales, rendidos con comprobantes. Pero cuando denunció el monto de los haberes percibidos por sus colegas comenzó a recibir amenazas de secuestro y de muerte. Todas le recordaban su condición de judío y comunista. A partir de enero de este año, explicó el renunciante, en coincidencia con la licitación de los servicios médicos del PAMI, el hostigamiento provino directamente de algunos de sus pares en el directorio. Liberman había presentado en nombre de la Mesa Coordinadora un proyecto alternativo al de las redes de salud propiciadas por Alderete. La propuesta, básicamente, consiste en que la obra social contrate sin intermediarios los servicios de médicos y sanatorios, para evitar que las gerenciadoras se lleven el 15 por ciento de lo que el PAMI pagará por la atención de cada afiliado. El proyecto nunca fue considerado. No era la primera vez que esto sucedía. “Cuando pedí una reunión para discutir la compra de vacunas antigripales, por ejemplo, no logré que el tema se debatiera a pesar de que estaban presentes todos los integrantes de la comisión de salud del Instituto. Se trataba de una cuestión grave, porque la obra social estaba pagando precios que yo consideraba altos, y cuantas más dosis compraban, más cara nos salía cada una. Es decir: no había una mejora de precios en relación a la cantidad adquirida.” En el escritorio de Liberman quedaron otros reclamos sin respuesta, entre los que hay un pedido de informes sobre los fondos efectivamente recibidos por el PAMI y un estudio de la situación patrimonial de la obra social. La renuncia de Liberman, que aún no fue presentada oficialmente al directorio, fue aprobada por el plenario de Mesa Coordinadora, que decidió además no nombrar reemplazante alguno. Ayer, en una carta documento enviada al presidente Carlos Menem, la organización manifestó sus sospechas de que la Tesorería de la Nación se queda mensualmente con 35 millones de la recaudación total del Instituto, y cuestionó la incorporación del PAMI, “una obra social privada y autónoma”, al Presupuesto de la Nación. “A partir de ese momento”, señala el escrito enviado a Menem, “se retacearon fondos que son propios y se los comenzó a manejar al arbitrio del ministro de Economía de turno”. Desde la obra social se informó que la silla vacante será puesta a disposición “de las federaciones de jubilados más importantes del país”. El reglamento interno del Instituto dispone que las organizaciones deben elevar una terna de candidatos para que el Poder Ejecutivo designe al nuevo director.
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