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Por Cledis Candelaresi  Para
empresarios y gobierno fue una puesta en escena. Un trámite más, para que los
detractores de las renegociaciones ferroviarias hagan catarsis. Y, efectivamente, en el
estrecho anfiteatro Leopoldo Marechal de Moreno, desbordado por la sudorosa concurrencia
de concesionarios, funcionarios, legisladores y militantes del Frepaso, sobrevino más de
un estallido. “Vos nunca viajás en tren. Menem se mueve en helicóptero. ¿Cómo van
a saber que en los coches ya ni siquiera funcionan los ventiladores?”, reprochó un
iracundo usuario, poco después de escuchar al secretario de Transporte, Armando Canosa.
Pero el esfuerzo de los opositores era estéril. La revisión contractual, que habilitará
ajustes tarifarios del 80 por ciento promedio en las líneas urbanas, ya es un hecho. No
sólo porque la audiencia pública de ayer no es vinculante. Sino porque la Justicia
levantó la medida cautelar, dispuesta hasta tanto se organizara ese debate. Acogiendo un pedido de la Asociación de Usuarios, entidad presidida por el abogado Horacio Bersten, la jueza Liliana Heiland ordenó suspender la renegociación contractual hasta que ésta pudiera debatirse en audiencia pública. Sin embargo, muchos de los apasionados militantes que ayer acudieron al lugar ignoraban que dos semanas atrás la magistrada levantó el amparo, por pedido del denunciante, y por el sólo hecho de que la reclamada audiencia ya tenía fecha fija (ver aparte). La Secretaría de Transporte, con la colaboración empresaria, no se desentendió del tema. Eligió el lugar del encuentro, desafiando las matemáticas: un local con capacidad para 200 personas, imposible de albergar a los 305 oradores anotados. También administró el registro de expositores, donde, casualmente, los primeros lugares estuvieron ocupados mayoritariamente por usuarios que avalan la renegociación. “La opción es entrar al tren del siglo XXI o que nuestros hijos sigan viajando como nuestros abuelos”, defendió el secretario de Transporte, Armando Canosa, al inaugurar los discursos. Su colaborador, Marcelo Salinas, desistió de hablar cuando una estruendosa silbatina censuró su video apertura. Las primeras tomas mostraban trenes en deplorable estado (en alusión a la época de gestión estatal), con la misma cortina musical que usaban los teleteatros de la década del 70 en sus escenas más dramáticas. “Queremos ver las películas de los miles de despedidos”, recriminó un enardecido representante de la Asociación de Usuarios. La tribuna oficial incluyó al titular del organismo regulador, el menemista Roberto Ciappa, quien en su ahínco por defender las renegociaciones cometió lo que bien podría ser calificado como la gaffe de la tarde. “Ofrecemos toda la información necesaria a los legisladores opositores y de nuestra bancada”, se jactó, admitiendo que está lejos de ser un regulador políticamente independiente. “Nuestra mejor credencial es que todos los días 650 mil pasajeros votan por nuestros servicios, cuando solamente 320 mil usaban el ferrocarril estatal”, se defendió Roberto Agosta ante este diario, horas antes de que llegara su turno para exponer. El gerente de Trenes de Buenos Aires se sumó a la lista pro renegociación que también integraron el investigador Enrique Zuleta Puceiro, el presidente de la Comisión de Transporte y miembro de la Bicameral, Dámaso Larraburu, un representante de la Fundación Capital. Del otro bando, no faltaron golpes certeros. El diputado frepasista, Ricardo Vago, arrancó aplausos cuando recordó que se intenta firmar nuevos contratos sin que medie licitación. Su par, Marcelo Vensentini, denunció a gritos la “ilegalidad” de la renegociación. “Después de haberlo escuchado al secretario de Transporte, entiendo por qué no hablan las empresas”, criticó el defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, antes de clamar por un “órgano de control independiente”. Pero semejante derroche de adrenalina fue en vano: la nueva versión contractual ya está firmada.
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