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Por Cristian Alarcón  El jefe de
Gobierno de la ciudad, Fernando De la Rúa, tendrá la responsabilidad de defender la
validez constitucional del artículo 71 ante el Tribunal Superior de Justicia. La
situación se plantea de esa manera después de que la defensora del Pueblo porteño,
Alicia Oliveira, presentara el viernes un pedido de inconstitucionalidad y nulidad de la
norma ante el máximo órgano judicial de Buenos Aires. Así lo expuso ante Página/12 el
constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, patrocinador de la “acción
declarativa” de la ombudsman, quien acusa a los legisladores que votaron
mayoritariamente la prohibición de la oferta y demanda de servicios sexuales en el
espacio público de violar los derechos a la libertad, a la privacidad, a la circulación,
a la dignidad, a la igualdad, a ser diferente y a la no discriminación. Mientras, entre
los legisladores porteños, los frepasistas que votaron a favor de la norma prefirieron no
hablar del tema y los radicales que la impulsaron acusan a sus aliados políticos de
“continuar con la interna a través de la Justicia”. La viabilidad del escrito de 66 páginas presentado por Oliveira ante el alto tribunal el viernes era estudiada ayer por los juristas que asesoran a todos los sectores de la legislatura. Informados de la presentación, coincidían en que será el jefe de Gobierno quien, en un lapso que puede ser de 5 días si la Justicia acepta el pedido de “trámite sumarísimo” que hizo la ombudsman, deba exponer vía un escrito los argumentos que avalen la constitucionalidad de la norma que desde hace un año impulsa el ejecutivo de la ciudad. En la solicitud elevada al Tribunal se sugiere que, como lo dispone la Constitución porteña, antes de que los jueces resuelvan la cuestión, se realice una audiencia pública. En la misma, “ambas partes” deberán fundamentar a favor o en contra de la legalidad del art. 71. Por quienes la consideran lesiva de los derechos ciudadanos, la defensora del Pueblo. Y por quienes la auspiciaron y votaron, De la Rúa, quien, también según la carta magna, es el “representante legal de la ciudad”. Consultados por este diario quienes conocen las trayectorias y posturas constitucionalistas de los magistrados, coincidieron ayer en que por lo menos dos de ellos estarían inclinados a anular el polémico artículo. Sobre las posturas de los tres restantes nadie hace proyecciones. “Lo importante es que esta decisión del Tribunal Superior es una bisagra en la Justicia argentina y la decisión de los jueces supera la importancia que en sí mismo tiene el artículo 71. Cuando la Corte Suprema está cuestionada porque acostumbra a votar en bloque y emparentada a las decisiones de gobierno, en este caso está a prueba la independencia de este Tribunal”, le dijo a Página/12, una fuente de la Justicia contravencional. El Tribunal Superior está integrado por los jueces Guillermo Muñoz, José Osvaldo Casás, Julio Maier, Alicia Ruiz y quien lo preside, Ana María Conde. Creado junto al nuevo ordenamiento legal de la ciudad autónoma, el Tribunal tiene para su jurisdicción funciones más amplias que las de la Corte Suprema. El órgano viene a complementar en la Justicia porteña lo que es un modelo mixto de control de constitucionalidad. Esto significa que cuando el Tribunal Superior decide que una norma es inconstitucional, ésta deja de tener vigencia. Y los legisladores deben crear una nueva, que no contradiga los principios de la carta fundamental. Para la titular del bloque de la UCR, Gabriela González Gass, la acción presentada por Alicia Oliveira es “correcta desde el punto de vista teórico. Nadie discute la legitimidad procesal que ella tiene”. La radical, sin embargo, frunce el ceño porque “no quisiera que esto fuera una expresión de una interna del Frepaso y todos los demás fuéramos utilizados para que el sector oficialista se dirima con los opositores que votaron en contra del artículo”. El frepasista Raúl Zaffaroni, uno de los redactores de la Constitución porteña, y quien no permaneció en el recinto para votar la norma, le dijo ayer a Página/12 que acuerda con la presentación de Oliveira: “Al presentarse la ombudswoman en contra de la ilegalidad de una norma se demuestra que las instituciones de la ciudad funcionan”.
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