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Reunidos en el Palacio del Pueblo de Pekín, una inmensa construcción stalinista que acoge las grandes celebraciones del régimen, los diputados del Congreso del Pueblo de China (CPC) terminaron ayer su reunión anual aprobando una histórica reforma de la Constitución que introduce en el preámbulo como ideas fundamentales las teorías capitalistas sobre la economía de mercado. Las reformas, aprobadas en el día de cierre de la sesión anual del CPC, subrayan el papel de la empresa privada y prescriben que sus intereses deberán ser mejor protegidos en el futuro. China no es una democracia multipartidaria, pero desde ayer su economía dejó de ser oficialmente comunista. Las reformas fueron aprobadas por 2.811 votos a favor, 21 en contra y 24 abstenciones. Los casi 2866 delegados presentes dieron en forma mayoritaria su confianza al primer ministro chino Zhu Rongji para la gestión del país. En el sistema político chino, el papel de los diputados es ratificar las decisiones tomadas previamente por el Partido Comunista. El gobierno no es responsable ante el Parlamento. Las seis enmiendas a la Constitución aprobadas ayer eliminan frases en las que se condena el sistema de explotación del hombre por el hombre y se reconoce una variedad de formas de distribución en coexistencia con el sector estatal. Esta es la última enmienda a la Constitución china desde 1982, durante el precedente período de reformas capitalistas fomentadas por Deng Xiao Ping tras la muerte de Mao, que abolió la propiedad privada tras fundar la República Popular en 1949. Pero los reformistas no suprimieron, al menos del papel, la dictadura del proletariado, a la que se sigue reservando el monopolio del poderosísimo sector público. A pesar de diez días de debates, fuertemente dominados por las recriminaciones sobre la corrupción y la polución, el CPC renunció este año a lanzar una advertencia a los dirigentes como hizo el año pasado. Y aprobó sólo por 55 por ciento de los votos el informe de la Fiscalía Suprema en protesta por la ineficacia en la lucha contra el soborno. Pero si la incontenible liberalización de la economía quedó asentada en la Constitución gracias a la reforma, todavía falta mucho para que los principios más elementales del liberalismo político sean moneda corriente en China. Las otras enmiendas de la nueva Constitución incluyen el principio de gobierno del país de acuerdo con la ley, y la sustitución del crimen por actividades contrarrevolucionarias por crímenes que ponen en peligro la seguridad nacional. El crimen contrarrevolucionario ya fue eliminado del Código Penal revisado. Los grupos defensores de los derechos humanos han criticado el cambio, calificándolo de puramente cosmético. Alegan que la nueva terminología utilizada deja un margen demasiado amplio a la interpretación por parte de las autoridades que intentan reprimir la disidencia. Cuando se aproxima su primer viaje a Estados Unidos, el premier Zhu Rongji anunció que su país está dispuesto a hacer las mayores concesiones para adherir a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Algo a lo que China aspira desde hace 13 años.
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