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Por Marcelo Justo desde Londres  El 24 de marzo, a las dos
de la tarde hora local (11 en la Argentina), el Comité de Apelaciones de la Cámara de
los Lores, máxima instancia judicial británica, dará a conocer el veredicto que puede
devolver al general Pinochet a Chile o iniciar su proceso de extradición a España. Tras
casi dos meses de deliberaciones, los siete jueces lores decidirán si la ley británica
otorga inmunidad absoluta a los actos de un ex jefe de Estado –en cuyo caso el
senador vitalicio se subirá a un avión de la Fuerza Aérea chilena que lo devolverá a
su país–, o si los crímenes de lesa humanidad quedan excluidos de la definición de
actos de Estado, en cuyo caso comenzará una nueva batalla legal para concretar su juicio
en España por delitos de genocidio, terrorismo y tortura.Entre los exiliados chilenos reina el optimismo. Desde hace semanas corren rumores de un 5 a 2 en contra de Pinochet, que ratificaría esta vez por goleada el 3 a 2 que dictaminó el pasado 25 de noviembre un comité de cinco jueces lores, cuyo fallo fue luego invalidado por la “apariencia de parcialidad” que creaban los vínculos que había entre Lord Leonard Hoffman y una organización relacionada con Amnesty International. “Tengo mucha confianza. Más que la vez pasada”, indicó a Página/12 Vicente Alegría, de la organización Chile Democrático. La impugnación el pasado 17 de diciembre del primer fallo obligó a esta segunda vista a la que se sumó como parte interviniente el gobierno chileno. El añadido no pareció favorecer al general Pinochet. Mientras que la defensa reivindicó a rajatabla la inmunidad absoluta del ex dictador, el gobierno chileno situó parte de sus alegatos en la vereda de enfrente, al condenar su conducta pero reivindicar como Estado su propia jurisdicción soberana en el caso. La posición de la Fiscalía mostró menos fisuras: tanto el Servicio Fiscal de la corona, en representación del gobierno español, que solicitó el arresto y extradición del general Pinochet, como Amnesty y otras organizaciones, subrayaron que los derechos humanos tienen preeminencia sobre la doctrina de actos de Estado. El optimismo se basa en el desarrollo de los 12 días de audiencias. La Convención contra la Tortura, firmada por Gran Bretaña y Chile en 1984 e incorporada a las respectivas legislaciones cuatro años más tarde, se convirtió en uno de los elementos clave de los debates. La intervención en el último tramo del “amigo de la Corte”, un jurista independiente, que la categorizó como delito internacional consuetudinario para la fecha del golpe, pareció demoler el argumento de la retroactividad de la defensa. Una de las patas de la jurisprudencia británica, la llamada “common law”, basada en el precedente, incorpora automáticamente las reglas del derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto convalida la legalidad del arresto del general Pinochet el pasado 16 de octubre. A este argumento se opone la tradición de siglos que tiene en la jurisprudencia internacional la doctrina de la inmunidad absoluta del jefe de Estado. En las audiencias, sólo dos de los cinco jueces lores parecieron inclinarse por esta segunda tesis: Lord Mark Saville y Lord Robert Goff. En cambio, el presidente del panel, Lord Nicholas BrowneWillkinson, patrono del Instituto Británico de Derechos Humanos, pareció definirse por la fiscalía, aunque el último día de audiencias, el 4 de febrero, indicó que “en este caso, cada vez que uno parece acercarse a una decisión, algo lo tironea de atrás y lo empuja en la dirección contraria”. Esas dudas no parecen aplicarse al lord masón, Lord Peter Millet y a Lord Nicholas Phillips, el más joven del panel, que a lo largo de las audiencias fueron extremadamente críticos tanto de la defensa de tierra arrasada de los abogados de Pinochet, para quienes la tortura no es un delito internacional como de la Real Politik del gobierno chileno, caraaceptable de una eventual libertad del ex dictador. Lord James Hutton, considerado a priori como el más conservador, se convirtió en un duro crítico de la defensa señalando uno de los puntos más frágiles de su estrategia: la misma Constitución chilena de 1925 califica como delito la tortura. El más enigmático es el correcto y atildado Lord James Hope, quien sólo hacia el final de las audiencias dio la impresión de inclinarse hacia la fiscalía.
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