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Por Irina Hauser  La fiscalía que
investiga las coimas en la Policía Federal ya tiene la decisión de pedir la declaración
indagatoria de al menos 140 funcionarios policiales, entre ellos varios altos jefes de la
fuerza, y 10 inspectores municipales, todos sospechados de participar en una red de
protección de prostíbulos, puestos de venta ambulante y locales de juego. Así lo
informaron a Página/12 dos funcionarios judiciales que tienen acceso al expediente. Las
citaciones serán posibles porque, sorpresivamente, la Cámara de Apelaciones dio marcha
atrás en el fallo con que la semana pasada ordenó al fiscal Pablo Lanusse restringir su
pesquisa a la Comisaría 16ª negándole avanzar sobre otras nueve comisarías más. Ahora
la Justicia tiene vía libre para completar unas pocas medidas de prueba pendientes e
interrogar, después, a quienes ya considera sospechosos. La investigación de la corrupción en la Federal comenzó a principios del año pasado cuando una vendedora ambulante denunció que integrantes de la Comisaría 16ª le exigían regularmente “contribuciones monetarias forzosas” a cambio de dejarla trabajar. El avance del expediente permitió a la Justicia contar con suficientes elementos como para suponer que existía una organización policial dedicada a apañar negocios ilegales a cambio de coimas de hasta 1000 pesos mensuales. Días atrás se supo que los cálculos mostraban que la recaudación llegaría a unos 3 millones de pesos por mes. Para testear sus hipótesis Lanusse pidió al juez Vicente Cisneros, a cargo de la causa, que habilitara el allanamiento de las comisarías 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 32ª, 17ª, 4ª y 26ª. Pero el magistrado se opuso, de ahí que el caso llegara a la Cámara del Crimen. El jueves pasado, en un fallo dividido, la Sala IV de ese tribunal sostuvo que el fiscal no tenía derecho a apelar la negativa de Cisneros. Ese fue el argumento de los jueces Carlos Gerome y Eduardo Valdovinos, mientras que Alfredo Barbarosch se expidió en disidencia calificando la causa como de “envergadura e importancia”. Los allanamientos, dijo, son esenciales “para el esclarecimiento de la verdad real”. Esta resolución ponía coto a la investigación sobre el entramado de negocios sucios en la policía: la ceñía a la seccional que le había dado origen y ordenaba repartir el estudio de las demás delegaciones policiales en varios expedientes paralelos. La gravedad del fallo quedó a la vista e irritó a la opinión pública, a varios funcionarios de Tribunales que advirtieron las consecuencias y a Eduardo Guarna, abogado de la Defensoría del Pueblo porteña, que es querellante. Por su parte, el juez Cisneros presentó un recurso de aclaratoria pidiendo especificaciones sobre cómo quedaría dividido el trámite. En un nuevo fallo, el miércoles la Cámara dio marcha atrás y resolvió que sólo los hechos ilícitos investigados en la Comisaría 32ª deberán ser derivados a otro juez. Según señaló a Página/12 un allegado a la causa, tanto la fiscalía como la querella consideran que el nuevo fallo de la Sala IV es erróneo porque consideró que el recurso de queja de Lanusse sólo se refería a la Seccional 32ª. “Sin embargo –dijo la misma fuente– el fiscal solicitaba extender su pesquisa y allanar nueve comisarías, no sólo a esa.” Reunidos ayer con la Junta de Seguridad de la Legislatura, Lanusse y Guarna no podían ocultar un dejo de desconcierto. En teoría, la causa queda unificada en manos de Cisneros pero no hay permiso para allanar. Será el juez, en definitiva, quien determine en los hechos el alcance real de la causa. La fiscalía pedirá, aunque no hay fecha fijada, la indagatoria de más de cien policías e inspectores. Esta medida indica que habría pruebas suficientes para considerarlos sospechosos y, eventualmente, procesarlos. Se los acusa de los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y exacciones ilegales (coimas), que acarrean penas de hasta 10 años de cárcel. La lista de citaciones en puerta incluye a quienes hasta el año pasado eran los máximos responsables de la Seguridad Metropolitana: el comisario general Luis Fernández, el comisario mayor Carlos Navedo y elcomisario inspector Alejandro Di Nunzio. Por estar involucrados en esta trama los tres fueron desplazados a puestos de oficina, aunque conservan la jerarquía. Los tres fueron denunciados por el cabo Marcelo Hawrylciw, un testigo que dio pistas claves y que sufrió ya tres ataques a balazos en su casa por desafiar un supuesto pacto de silencio.
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La
fiscalía que investiga la coima organizada en la Policía Federal pedirá la indagatoria
de unos 140 policías y 10 inspectores municipales.