|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Por L. V.  “La función del
Poder Judicial es garantizar los derechos de los habitantes.” Con estas palabras, la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo volvió a rechazar un pedido del
PAMI, que pretendía que se levantara el freno a la cuestionada licitación de sus
servicios médicos. En concreto, la resolución de la sala IV significa que la obra social
no podrá comenzar, por ahora, a afiliar a los jubilados a las redes privadas que
administrarán la atención médica de cuatro millones de abuelos. Con el nuevo sistema, tres empresas se harán cargo, durante los próximos cinco años, de los niveles primero, segundo y tercero de atención, que involucran el médico de cabecera, la internación y la alta complejidad. El PAMI llegó a firmar los contratos con las redes seleccionadas: Siglo XXI, Argentina Salud y Plan Azul. Pero la Defensoría del Pueblo porteña impugnó la licitación. Entre las cuestiones centrales denunciadas está la falta de información para que los jubilados puedan elegir y la carencia de mecanismos de control eficientes sobre los servicios que recibirán. El pasado 10 de febrero, la Cámara hizo lugar al pedido de la ombudswoman Alicia Oliveira y frenó la puesta en marcha del plan con una medida cautelar, es decir, una resolución transitoria para congelar la situación hasta tanto se expida sobre la nulidad o no de todo el proceso. El PAMI apeló esa medida cautelar con un recurso extraordinario, y pidió a los jueces que la sola presentación de ese escrito se considerara suficiente para dejar sin efecto el parate. Los camaristas Guillermo Galli, Alejandro Uslenghi y María Jeanneret de Pérez Cortés acaban de rechazar este reclamo. En el fallo, el tribunal explicó que si ahora habilitara el traspaso de la atención médica a manos privadas, la sentencia definitiva podría volverse abstracta y carente de contenido. En su primera resolución sobre el caso PAMI, los jueces se centraron en la defensa de los derechos de los consumidores de bienes y servicios. Subrayaron que, antes que nada, se debe asegurar la libertad de opción de los usuarios, y explicaron que el marco regulatorio y los pliegos de esta licitación no salvaguardaban el derecho de los jubilados a recibir información cierta y completa. Por consiguiente, sus posibilidades para elegir “de una manera reflexiva y razonada” estaban vulneradas. Por último, los jueces advirtieron al Instituto que debía enviarles el programa de información que brindará a sus beneficiarios antes de tomar cualquier otra medida. La Cámara rechazó también un segundo pedido de la obra social para afiliar a los abuelos, después de verificar que a pesar de que habían pasado varias semanas la información ofrecida seguía siendo incompleta. Ahora, con la tercera negativa, a los hombres de Alderete no les queda otro camino que apostar a que la Corte Suprema dirima en su favor el conflicto.
MEDIDAS POR EL IMPUESTO DOCENTE
|
