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MAHUAD CEDE A LA PROTESTA EN ECUADOR
El ajuste que no fue

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Los taxistas salieron a la calle para festejar la rebaja en los combustibles.
Muchas estaciones de servicio todavía tienen los “precios viejos” y otras cerraron.

El presidente Jamil Mahuad junto al ministro de Defensa, José Gallardo.
El gobierno se unió a los partidos de izquierda y suspendió las medidas más impopulares.

Finalmente, el presidente Jamil Mahuad debió ceder. Hace una semana había anunciado el plan de ajuste para salir del virtual derrumbe del sucre y del sistema bancario, pero la impopularidad del programa terminó pareciéndose al derrumbe de su gobierno. Mientras muchos ecuatorianos pedían a gritos su renuncia, las protestas cortaron calles y rutas, las ciudades terminaron desabastecidas y se partió la mayoría oficialista en el Congreso. Frente a esta situación, Mahuad consiguió el miércoles por la noche el apoyo de la centroizquierda a cambio de ciertas modificaciones: se reducirá en un 33 por ciento el aumento en los combustibles, se introducirá un impuesto a la renta y se dejará sin efecto el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento. Las leyes que el Parlamento debía aprobar urgentemente se tratarán cada una a su debido tiempo. El presidente levantó el estado de emergencia dictado hace nueve días.
El presidente Mahuad buscó calmar los ánimos pero desde distintos flancos llovieron advertencias y críticas. Mientras los industriales y los analistas económicos consideran que se trata de “un parche” que no ayuda a resolver ningún problema de fondo, los movimientos sociales dijeron que por el momento no detendrán sus protestas. “Estamos luchando contra el modelo económico. El 20 de marzo el Congreso del pueblo se reunirá, evaluará y decidirá la continuidad o no del levantamiento indígena y popular”, dijo el presidente del Frente Popular, Luis Villacís.
“El eje de este acuerdo consiste en mecanismos concretos para financiar el déficit del presupuesto del Estado”, explicó Mahuad, que planea reducir el actual déficit fiscal del 6 por ciento del PBI a 3,5 por ciento. Para ello, el presidente indicó que se crearán impuestos a los autos de más de 14.000 dólares (algo que estaba en la primera versión del ajuste) y que se agregarán un gravamen del uno por ciento al patrimonio empresarial y otro a las utilidades cambiarias de la banca. También se eliminarán todas las exenciones al IVA y se restaurará el impuesto a la renta, que había sido eliminado a mediados del mes pasado.
Mahuad estimó que con este paquete el Estado recaudará 520 millones de dólares, lo que hará “controlable” el déficit fiscal para este año. También anunció que el gobierno estaba considerando un aumento salarial de los empleados estatales y la ministra de Educación, Rosángela Adoum, dijo que a partir de hoy se pagarán los sueldos atrasados de los 120.000 maestros que están en huelga desde el mes pasado.
“Estamos hablando de una rebaja de casi la mitad de precio de los combustibles”, explicó Mahuad enfatizando el costado “popular” del nuevo plan. “Nos vimos obligados a subir el precio no porque quisiera causarles problemas ni mal a nadie, sino porque la crisis de Ecuador es tan grande que necesitábamos ingresos para cumplir con nuestras obligaciones”, dijo. Luego del anuncio, muchos taxis salieron a las calles de Quito tocando bocinas y sacando las manos por la ventana como un piloto luego de cruzar la bandera a cuadros. Muchas estaciones de servicio directamente cerraron ante la incertidumbre tarifaria. Algunas mantenían los precios “viejos”. “El presidente habló en la madrugada. ¿Quién lo va a escuchar a esa hora?”, se descargó el dueño de uno de los establecimientos.
Los principales voceros de las centrales sindicales también salieron a festejar por considerar que los cambios en el ajuste se debieron a su resistencia en las calles. Sin embargo, los indígenas, campesinos y trabajadores del sector eléctrico y petrolero aún no decidieron si levantan la huelga nacional. El líder del gremio de los taxistas, Washington Burbano, dijo que las medidas de fuerza serán levantadas cuando la Policía libere a 133 choferes detenidos durante las manifestaciones.
Estas medidas y el nuevo esquema político armado por Mahuad en el Congreso hacen pensar en un giro a la izquierda del gobierno ecuatoriano. El oficialista Partido Democracia Popular (PDP) había perdido esta semana el apoyo del derechista Partido Social Cristiano (PSC) y con ello la mayoría parlamentaria. A pesar de que en la nueva coalición aparece el Partido Conservador, quienes aportarán mayor cantidad de diputados son laIzquierda Democrática y el Movimiento Democrático Popular. Aún no se sabe qué ocurrirá con proyectos como la privatización de empresas públicas, que permanecerán sin tratar porque, según el presidente del Congreso Juan José Pons, “los proyectos vinculados al área tributaria son los que tienen prioridad”.

ENTREGAN EN CHILE UN MAPA DE TUMBAS N.N.
Un obispo derecho y humano

Algunas iglesias son más cristianas que otras. Un mapa que indica los lugares donde supuestamente fueron enterrados algunos desaparecidos durante el régimen militar fue entregado ayer por la Iglesia Católica al gobierno chileno en Santiago. La entrega la hizo el obispo de Punta Arenas Tomás González a la ministra chilena de Justicia Soledad Alvear, según declaró el mismo prelado al cumplir ayer al mediodía una visita al Palacio de La Moneda, donde se reunió con el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering. Sin embargo, la ministra, quien separadamente se reunió también ayer con el presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, no confirmó la recepción del valioso documento que incluiría lugares donde estarían enterrados varios cuerpos de detenidos-desaparecidos.
El obispo de Punta Arenas, ciudad austral a 3500 kilómetros de Santiago, no reveló la procedencia del documento, aunque reconoció que “yo en estos días he tenido la presentación de algo muy confidencial que me ha pasado una persona, un mapa de un lugar donde pudiera haber restos de personas desaparecidas”. González, quien dijo haber recibido la información bajo secreto de confesión, se negó a decir si el informador había sido un militar o un civil. Al mismo tiempo, el pastor de la Iglesia confirmó que existen conversaciones informales y extraoficiales entre la Iglesia, dirigentes políticos y miembros de las Fuerzas Armadas para intentar resolver los problemas de derechos humanos pendientes. “Los obispos estamos dispuestos, pero no deseamos mezclarnos en una determinada ideología”, dijo González, quien es considerado uno de los representantes de la Iglesia más comprometidos con los derechos humanos. La cifra oficial de víctimas fatales de la dictadura militar de Augusto Pinochet (19731990) es de 3197 con 1102 que figuran aún como desaparecidos.
Después de la entrevista, el prelado declaró que “en Chile no están dadas todas las condiciones para hacer justicia”, a pesar de que hay decenas de juicios abiertos. Sin embargo, González declaró que no se investigan ni las situaciones ni a los responsables de desapariciones, aplicando generalmente la Ley de Amnistía que dictaron los militares.
Sobre el fallo de los lores británicos, que se conocerá el próximo miércoles y que definirá si el ex dictador Augusto Pinochet goza de inmunidad penal, el obispo de Punta Arenas pidió que “no haya aceptación de ningún delito, porque éstos están más que nunca sobre las legislaciones nacionales”. Lo que claramente no es compartido por los mandos militares, que hicieron saber su “malestar” al gobierno por declaraciones del canciller José Miguel Insulza según las cuales el “peor escenario” sería el regreso del ex dictador a Chile.

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