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Por Cledis Candelaresi  Las localidades pampeanas
de Quemú Quemú, Winifreda y Colonia Varón gozan de un singular privilegio. Son los
primeros puntos de un programa del Correo Argentino para sustituir en todo el país las
sucursales de menor recaudación por simples stands en el interior de un comercio. Según
la Federación de Empleados Jerarquizados, uno de los cuatro gremios del sector, este plan
significará el cierre de casi 1000 oficinas y el despido de unos 3000 empleados. La
empresa, concesionada a la sociedad que Sideco Americana e Itrón integran junto al Banco
de Galicia, prefiere no cuantificar la envergadura del proyecto, ya que éste se encuentra
en su etapa de “prueba piloto”. Sin embargo, admite que habrá una reducción
del plantel y, por consiguiente, de sus costos operativos. “La política es no
subsidiar más sucursales”, afirmó a Página/12 Jorge Aguado, presidente de la
empresa privatizada.El grupo Macri, que detenta más del 80 por ciento de las acciones del consorcio, se embarcó en el proyecto de crear “sucursales integradas”. El plan consiste en celebrar contratos con comerciantes de localidades donde están radicadas las sucursales deficitarias. Por ese acuerdo, el comerciante cedería un espacio en su local para la atención de correspondencia, tarea a la que podría afectar a su propio personal. Entre sus nuevas responsabilidades también estará la de distribuir las piezas postales, por sí mismo o mediante la contratación de carteros. Correo Argentino conservará un único empleado, que quedará bajo relación laboral del comerciante–postal, con horario ampliado –acorde a los usos y costrumbres del lugar–, aunque con la misma remuneración actual. “La mayoría de las sucursales son unipersonales”, asegura Eduardo Oliver, director Comercial Minorista, y autor de la iniciativa. “El empleado que quede podrá trabajar en un sectorcito lindo, con imágenes, y mejor ambiente que el de las obsoletas oficinas públicas”, acotó. La conservación de este agente tiene como único objetivo poder cursar a través del stand la correspondencia “fedataria”, como el telegrama o carta documento. La ley no permite conferir ese status a un despacho, si éste no es realizado a través de un empleado del correo oficial. Según el gremio de los jerárquicos de la empresa, están en juego 994 sucursales, y 3000 puestos de trabajo. Además de localidades del interior, el progrma ya habría provocado la clausura de una quincena de oficinas en la provincia de Buenos Aires. Expresada en esos términos, la iniciativa es ambiciosa, ya que pondría en juego dos tercios del total de sucursales que existen en el país (Correo tiene 1500 sucursales) y un quinto del personal (tiene casi 15 mil empleados). Todos los inmuebles fueron transferidos al grupo concesionario en comodato. Por lo tanto, al desocuparlos, deberán restituirse al Estado. “Nosotros ni los mantenemos. Si tuviéramos que hacerlo sería terrible”, comenta Oliver, en alusión a muchos de las antiguas sedes que el Correo posee en el interior. El directivo sostiene que esta singular reconversión de sucursales no tiene otro objetivo que el de “mejorar la calidad del servicio”. Pero, al mismo tiempo, precisa que mantener algunas de esa sucursales costaría “el disparate de 2000 pesos mensuales (cada una)”, recursos que la empresa aspira a ahorrar. Por sus responsabilidades, el comercio retendría un 17 por ciento de la facturación bruta correspondiente a la actividad postal, más una tasa de 0,20 peso por cada pieza a operar. En apariencia, el estímulo es fuerte. Según Oliver, ya se precipitaron una catarata de consultas de comerciantes interesados en obtener la franquicia. Este esquema le permite mantener la red, según obliga las normas de la licitación. Aunque “no en las mismas condiciones”, según advierte el gremio. Más dudas admite el cumplimiento de sostener la universalidad del servicio. Obligación que siempre distinguió al correo oficial respecto del resto de los prestadores del mercado.
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