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Aunque no lo quiera reconocer, el huracán Hugo se encontró ayer con un edificio difícil de derrumbar. Con el 56 por ciento de los votos en las elecciones de noviembre pasado, el ex golpista y ahora presidente venezolano Hugo Chávez parecía tener vía para su proyecto político, que incluye la disolución del Congreso. Pero ayer la sala político administrativa de la Corte Suprema declaró inconstitucional parte del decreto emitido por Chávez que llama a un referéndum para reformar la Constitución. El fallo no anula la convocatoria pero obliga a introducir modificaciones en el cuestionario que los venezolanos deberán responder, tarea que realizará el Consejo Nacional Electoral (CNE). Les doy mi reconocimiento a los miembros de la Corte Suprema por esta decisión que aclara, aligera y ratifica de manera concluyente que la Asamblea Constituyente va adelante y no tiene marcha atrás, dijo Chávez. La decisión no invalida el referéndum sino que lo limita o restringe al texto constitucional y busca que se respete el estado de derecho vigente hasta que sea aprobada o improbada una nueva Constitución, explicó el constitucionalista Gerardo Blyde, quien junto a su colega Alan Brewer Carías fueron los que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad contra el referéndum ante la Corte Suprema. La realización de la consulta está prevista para el 25 de abril y el CNE anunció ayer que trabajará a toda máquina para evitar que los cambios en las papeletas terminen retrasando el proceso. Sin embargo, la primera vicepresidenta del organismo, Miriam Kornblith, reconoció que iba a ser difícil mantener la fecha original de la convocatoria. Brewer Carías dijo que no se puede admitir ninguna demora porque las modificaciones que se deben introducir en el cuestionario pueden ser resueltas en una tarde. El mismo día de su asunción como presidente, Chávez firmó el decreto convocando a un referéndum constitucional y poco tiempo después presentó los dos interrogantes que los venezolanos debían responder. El primero preguntaba si querían una Asamblea Constituyente para la transformación de Venezuela en una nueva república. El segundo planteaba si se autoriza o no al presidente para que fije, oída la opinión de los sectores políticos y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Constituyente. La Corte Suprema ya había rechazado doce impugnaciones contra la propuesta gubernamental, pero finalmente acogió los escritos de Blyde y Brewer Carías y sentenció a favor de ellos. La primera pregunta fue declarada parcialmente anticonstitucional porque aludía a la modificación de todo el ordenamiento jurídico, cuando la Asamblea Constituyente tiene la función de modificar sólo la Carta Magna. Según Blyde, este ítem directamente abría el camino para la disolución del Congreso. En cuanto al segundo interrogante, el máximo tribunal venezolano estimó que vulnera el derecho a la participación política implícito en el artículo 50 de la Constitución de la República, como derecho inherente a la persona humana. El partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), la principal oposición al gobierno de Chávez, había criticado esta pregunta porque otorgaba superpoderes al presidente para vetar la participación de sus dirigentes y los de otras fuerzas opositoras en la Asamblea Constituyente. La semana pasada, el presidente buscó bajar los decibeles y publicó las bases para la elección de esta Asamblea, en las que sí se permitía la postulación de los partidos. Y en este sentido, la Corte Suprema recogió el espíritu de amplitud que se abrió desde Miraflores (el palacio gubernamental), dijo Chávez desde la turística isla Margarita, donde asistió a la asunción como gobernadora de la ex candidata presidencial Irene Sáez. Pero más allá de las declaraciones bienintencionadas y diplomáticas del presidente venezolano, el fallo de la Corte Suprema apunta al nudo de lo que fue su propuesta de campaña: la asfixia de los partidos políticos tradicionales y la disolución del Congreso.
LAS FARC SECUESTRAN A 69; SUS ENEMIGOS, A 25 El
proceso de paz en Colombia va de mal en peor. Las guerrilleras Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron ayer a 69 personas en tres
retenes que montaron en carreteras del norte y el sur del país, mientras los
paramilitares antiguerrilleros secuestraron a otras 25. Viniendo después del
reconocimiento de las FARC de que uno de sus jefes ordenó el asesinato de tres
norteamericanos en Colombia, esta ola de secuestros refuerza la posición militar contra
las concesiones territoriales realizadas por el presidente Andrés Pastrana para negociar
con la guerrilla.
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