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 Carlos
Marcelo Da Corte, quien como director general de Impositiva querelló al grupo
Koner-Salgado por las enormes maniobras de evasión cometidas al amparo de un régimen
promocional, está ahora acusado por la Administración Federal de Ingresos Públicos de
un delito tributario parecido y tiene orden de captura. El fraude al fisco habría
consistido en consignar falsamente como destino de grandes volúmenes de combustible
importados por la petrolera Rhasa (Rutilex Hidrocarburos Argentina S.A.) a las empresas
Estancias Realicó y Emexal, situadas en San Luis y acogidas al régimen de promoción.
Este permite diferir por años el pago del Impuesto al Valor Agregado y el que grava los
combustibles. Pero, según se estableció, el carburante era canalizado en realidad hacia
las estaciones de servicio Rhasa, propiedad de Jorge Sambucetti y familiares suyos, a los
que también quiere aprehender la Justicia.Según Pedro Kondratiuk, asesor de Carlos Silvani en la AFIP, la estafa al erario sumaría cerca de 40 millones de pesos y se habría perpetrado mediante importaciones por el puerto de Campana, entre octubre de 1997 y fines de 1998, aunque otras fuentes remontan los ilícitos a 1996. Por esta razón la investigación se inició en la Aduana y fue el juez federal de esa ciudad Osvaldo Lorenzo quien emitió las órdenes de captura. Varios allanamientos practicados por la Policía Aduanera en los últimos dos días no lograron aún dar con los prófugos. Da Corte tuvo ya anteriormente problemas con la Justicia, pero no particularizados en él sino como miembro del directorio del Banco Central, cargo al que accedió al iniciarse el gobierno de Raúl Alfonsín y dejó al concluir 1985. El caso de la liquidación de la financiera cordobesa Condecor lo obligó a entregar avales como fianza para no ir a prisión, pero fue sobreseído en 1992. También se vio envuelto en el polémico caso de la venta del fundido Banco de Italia a la Banca Nazionale del Lavoro, durante la gestión de José Luis Machinea. En el Banco Central, y bajo la presidencia de Enrique García Vázquez, Da Corte, por entonces un joven brillante que no había cumplido los 30, se encargó de investigar la deuda externa con la intención de detectar operaciones no genuinas, originadas en autopréstamos de los presuntos deudores. Sin embargo, hacia abril de 1985, cuando Bernardo Grinspun había sido ya remplazado en Economía por Juan Sourrouille, el propio Da Corte se ocupó de detener la investigación porque molestaba a la banca acreedora. Para ese entonces se habían detectado operaciones no genuinas por más de 6000 millones de dólares, que representaban el 15 por ciento de la deuda externa. Antes de la maniobra de evasión ahora denunciada por la AFIP, consistente en un contrabando documental, otros notables funcionarios fiscales del alfonsinismo fueron protagonistas de graves escándalos. Un caso célebre fue el de María Asunción Salgado, más conocida como Coca, que como asesora de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados elaboró los principales proyectos impositivos, incluyendo el IVA y los regímenes de promoción. Coca era la mujer de Héctor Salgado, quien se valió de los mecanismos diseñados por su esposa para cometer gigantescos fraudes tributarios. Otro caso rutilante fue el de Juan Carlos Del Conte, administrador general de Aduanas, que terminó preso. El Día de Reyes de 1986, con 31 años de edad, Da Corte fue puesto al frente de la DGI, cargo en el que permaneció hasta abril de 1989. Entre las realizaciones de su gestión sobresalieron la implantación del CUIT, un intento de cruce informático de datos de los contribuyentes y la implementación del recordado Ahorro Obligatorio. Al marcharse de Impositiva, Da Corte dejó en su lugar a su colaborador Horacio Casabé, quien para entonces era blanco de tantas críticas como su jefe. Al zafar de los problemas judiciales, Da Corte dirigió una carta al diario La Nación, publicada el 24 de mayo de 1992, en la que repasaba sus desventuras: “Al finalizar mi gestión de gobierno –consignaba–, me tocó vivir duros y difíciles momentos, en los que mi honestidad y buen nombre yhonor fueron puestos severamente en tela de juicio. Soy consciente de que la profunda crisis moral y económica en que nos encontramos –proseguía– ha subvertido los valores, pero creo que no es bueno para el sistema democrático que el paso por la función pública de cualquier ciudadano deje como saldo el peso de la prueba de que uno no fue corrupto o mal funcionario. Esta situación sólo sirve para alejar de la función pública a la gente de bien...”.
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