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Por Daniel Guiñazú  El boxeo del mundo y el
mundo del boxeo están dados vuelta. El pésimo empate fallado en la pelea entre Lennox
Lewis y Evander Holyfield dejó la corona de los pesados sin unificar y al pugilismo como
actividad deportiva y como negocio comercial rodeado, otra vez, de la peor de las sombras:
la de las sospechas. Que estén abiertas cuatro investigaciones judiciales para saber
exactamente qué pasó en el Madison Square Garden, que todo esté cuestionado, desde el
modo en que se designan los jurados en los combates titulares hasta la forma en que se
confeccionan los rankings, que Don King haya tenido que dar la cara ante una comisión del
estado de Nueva York, respondiendo cargos de ser el autor intelectual y el principal
beneficiado del horrible veredicto, da la pauta de hasta qué punto la credibilidad del
boxeo ha quedado dañada por un episodio que puede llegar a pasar a la historia por
razones exactamente inversas a las que se pensó.“Si otra persona hubiese organizado esta pelea, ustedes no hubieran provocado este revuelo al sentarse hoy aquí por esta investigación. Me están culpando injustamente.” Con esta frase, Don King se defendió del ataque del fiscal republicano de Nueva York, Bob Goodwin, quien con su acusación puso en palabras buena parte de las dudas que empezaron a corroer al ambiente, no bien el anunciador Jimmy Lennon anunció al mundo el insólito empate. Se supuso pronto que el promotor y manager de los pelos parados había operado sobre uno de los jurados para obtener un fallo favorable a sus intereses como apoderado de Holyfield, campeón de la Asociación y la Federación. Y las miradas inquisidoras recayeron de inmediato sobre la jueza de la FIB, Eugenia Williams. Más aún cuando se supo que había fallado a favor de Holyfield, el quinto round, en el que Lewis, según las computadoras, conectó 43 golpes contra 11 de Holyfield y lo tuvo groggy contra las sogas, durante 45 segundos. La Williams, una veterana empleada de la alcaldía de la ciudad de Atlantic City, que gana 39.200 dólares por año y que fue declarada insolvente bancaria el pasado 25 de enero, según informó el jueves el New York Post, también fue convocada a la audiencia senatorial en la que compareció Don King. Obviamente, negó haber recibido todo tipo de influencias fuera de la pelea. Y cuando se le mostró un video del quinto asalto se excusó aduciendo que no es lo mismo ver una pelea por televisión y que la única impresión válida era la recogida al borde del ring. “Di los puntos de acuerdo a eso”, expresó Williams, jurado amateur desde 1983, profesional desde 1989 y designada personalmente para el combate por Robert Lee, el presidente de la FIB. ¿Adónde pueden llegar esta investigación y las otras que encaran el fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, la Comisión Atlética del estado de Nueva York y la que le pidió por su parte el propio gobernador neoyorquino, George Pataki, a su fiscal general, Eliot Spitzer? Los observadores en este punto discrepan: algunos dicen que, más allá de unos días de conmoción, poco se puede esperar de estos contactos del boxeo con la Justicia. Otros creen que todo tiene la misma utilidad que la nada porque la trama mafiosa es incomprobable e impenetrable y nunca terminan de encontrarse las pruebas decisivas que permitan demostrar que las peleas están arregladas y los jurados, comprados. Pero hay una demanda renovada de transparencia e imparcialidad y un ambiente muy cargado de sospechas: crecen en EE.UU. las denuncias de arreglos ilegales entre peleadores y promotores y, en el caso de la FIB, la segunda entidad en importancia de las que tratan de gobernar el boxeo mundial, investigadores federales están tratando de comprobar si se vendían o se venden los puestos expectantes de los rankings. Los antecedentes de Lee no lo ayudan demasiado para zafar: en 1985 fue removido de su cargo como comisionado del estado de Nueva Jersey, luego de que una Corte comprobó que había violado regulaciones éticas. La política que las entidades mundiales siguen respecto de clasificaciones y designaciones de jurados y árbitros para peleas portítulos del mundo no contribuye a purificar el aire denso: sólo el Consejo Mundial con sede en México tiene un Comité de Clasificaciones de 14 miembros (uno de ellos es el periodista argentino Julio Ernesto Vila) que evalúa mensualmente vía fax e Internet los resultados registrados en todo el mundo y elabora sus rankings, los menos imperfectos del boxeo. Tanto la AMB como la OMB confeccionan sus listas en forma hermética y desconocida y atendiendo más los aspectos comerciales o de relaciones públicas que los estrictamente deportivos. Y en cuanto a árbitros y jurados, los mismos son designados por las máximas autoridades de cada organismo, de acuerdo con criterios personales. En el caso del CMB, es su propio presidente, José Sulaiman, quien a dedo nomina los oficiales de ring para cada combate sancionado por su entidad. Así lo hizo con el británico Larry O Connell, quien falló empate en 115 el sábado pasado y luego, a su regreso a Londres, admitió haberse equivocado. O Connell tampoco tuvo un desempeño airoso en ocasión del pleito De la Hoya-Quartey: fue el único que lo vio ganador a Quartey. Es este aparato el que las investigaciones iniciadas esta semana en EE.UU. pretenden, si no detener, por lo menos hacerlo más claro y entendible. “Ha llegado la hora de que el gobierno federal entre al ring”, declaró el gobernador Pataki, a poco de que estallara el escándalo Holyfield-Lewis. Y así anda el boxeo por estas horas, peleándole a la corrupción. El combate, según parece, tiene el fallo cantado.
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