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 A medida que
se acerca un nuevo día D para Pinochet, las versiones sobre su destino comienzan a
multiplicarse. Según informó ayer el diario inglés The Observer, la Cámara de los
Lores, que este miércoles dará a conocer su fallo, le negará la inmunidad soberana al
ex dictador chileno, pero con una salvedad importante: sólo podrá ser juzgado por los
delitos de torturas después de 1988, año en que Gran Bretaña firmó la Convención
contra la Tortura de la ONU. De esta manera, Pinochet podría ser extraditado a España,
pero sin que se lo pueda acusar de genocidio ni terrorismo de Estado. De acuerdo con el diario Sunday Times, el ministro del Interior británico Jack Straw, responsable del proceso de extradición en caso de que los lores fallen contra Pinochet, consultó con sus abogados las posibles derivaciones de su visita a Chile hace 33 años. El diario The Mail había informado que en 1966, Straw, que era entonces un activista de izquierda, viajó a Chile junto a 19 estudiantes británicos para colaborar en la construcción de un centro comunitario en Viña del Mar. En esa oportunidad, Straw se entrevistó con Salvador Allende, entonces senador socialista. Según el Times, el ahora ministro del Interior escribió un artículo en el diario izquierdista Tribune a favor de la política de reforma agraria del Partido Socialista chileno. Straw dijo que no recuerda nada del viaje, que definió como parte de una “actividad política”. Un portavoz del Ministerio del Interior negó que Straw hubiera conversado con Allende, pero admitió que el artículo del Tribune existió y que de hecho la biblioteca de la Cámara de los Comunes había recibido una copia en febrero. Si todas estas informaciones se confirman, el ministro del Interior británico podría ser objeto de cuestionamientos sobre su imparcialidad, o su apariencia de parcialidad, para juzgar en el caso de Pinochet. Esta misma acusación fue la que utilizó la defensa del ex dictador para la impugnación del primer fallo de los lores. En aquel momento, el sospechado fue lord Hoffmann, quien desempató con su voto el fallo contra Pinochet, por estar vinculado con Amnesty International. En cuanto a la decisión que los lores comunicarán pasado mañana, uno de los abogados allegados a la causa dijo, según The Observer, que “los españoles sólo pueden juzgar a Pinochet por los cargos bajo los cuales fue extraditado. Una vez que lo enjuicien, no podrán decir ‘gracias, ahora sumaremos otros cargos’”. Esto limita considerablemente la posibilidad de una condena contra el ex dictador. El juez español Baltasar Garzón no podrá utilizar en el proceso los delitos de genocidio y terrorismo de Estado. Además, la mayoría de los casos de tortura durante el régimen militar chileno ocurrieron antes de 1988, año en que Gran Bretaña firmó la Convención contra la Tortura de la ONU. El clima en Chile está lejos de estos detalles. El diario La Tercera pronosticó ayer que el fallo será contrario a Pinochet, y otros medios informan que las Fuerzas Armadas ya están previendo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena, en el que participan el gobierno y los militares) ante la casi certeza de que el ex dictador seguirá en Londres. El otro tema dominante, además de las constantes declaraciones sobre el llamado a la reconciliación y la posibilidad de juzgar a Pinochet en Chile, es el peligro de choques en las calles. Durante el fin de semana ya hubo incidentes verbales entre manifestantes contra Pinochet y partidarios de la derecha. Portavoces del gobierno chileno pidieron que se mantuviera “la tranquilidad” y, según El Mercurio, el arzobispo de Santiago Francisco Errázuriz publicaría un comunicado llamando a “la serenidad”.
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