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Por Victoria Ginzberg  “Las
sociedades que han vivido experiencias históricas terribles y se han esforzado luego por
superarlas nunca han recurrido al mecanismo de sepultar su recuerdo. La sociedad argentina
está entre las que deben emplearse a fondo, con lucidez y con un indeclinable apego a la
verdad, por superar una tremenda catástrofe colectiva.” Con estos fundamentos el
diputado socialista Jorge Rivas presentó ayer un proyecto de ley para que, finalmente, la
Escuela de Mecánica de la Armada sea declarada monumento histórico y se convierta en un
Museo de la Memoria. La iniciativa fue firmada también por Alfredo Bravo, Héctor Polino,
Federico Storani y Marcela Bordenave, entre otros legisladores de la Alianza. Según esta propuesta, “el museo se inscribirá en una línea de promoción de los derechos humanos, de la tolerancia y de la democracia”. El proyecto prevé que en el lugar se construyan “espacios donde se puedan llevar a cabo actividades de reflexión, estudio y de creación artística” y que allí se pueda acceder a los materiales colectados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y por organismos de derechos humanos. Además, aspira a reconstruir un archivo fotográfico sobre los desaparecidos y sus hijos robados y testimonios gráficos, orales y audiovisuales de sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas. En 1995 el Concejo Deliberante sancionó, a propuesta del concejal socialista Jorge Tula, un proyecto de ley que establecía la creación del Museo de la Memoria Nunca Más en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención El Olimpo. Durante la elaboración de dicha iniciativa se planteó que el emplazamiento óptimo para ese museo habría sido la ESMA, pero la Escuela estaba en funcionamiento. El año pasado, en medio del debate sobre la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el presidente Carlos Menem anunció que la ESMA sería trasladada a la Base Naval Puerto Belgrano. En su lugar se pretendía crear un espacio verde donde se colocaría un monumento como”símbolo de la reconciliación nacional”. La noticia sobre la demolición de lo que fue el principal centro de tortura y desaparición de la dictadura generó numerosas críticas y recursos judiciales para impedirlo. El anuncio provocó, además, un debate sobre el uso que debía tener ese predio. “Ese lugar lo vamos a utilizar para hacer las recepciones a personalidades que nos visiten, como las que tienen otros países”, dijo el Presidente. Los organismos de derechos humanos pidieron de inmediato que los edificios quedaran en pie como testimonio de lo que sucedió allí. Graciela Lois y Laura Bonaparte, familiares de desaparecidos, se presentaron ante la Justicia para evitar la demolición. A partir de este reclamo, el juez federal Ernesto Marinelli declaró que era obligación del Estado preservar el ex campo de concentración como “parte del patrimonio cultural colectivo”. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, reclamó el sitio tras recordar que éste había sido cedido por el municipio al Estado nacional para que allí se construyera una escuela naval y que, si se le daba otro uso, debía volver al municipio. Durante el debate que generó el anuncio presidencial, el jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, declaró que el destino de la ESMA debía ser decidido por la ciudad. De la Rúa no especificó si tenía en mente transformar el lugar en un museo. En el proyecto presentado ayer se pide la colaboración de representantes de la ciudad y se invita al gobierno de Buenos Aires a adherir a la ley. La ESMA sigue en pie y, teniendo en cuenta los fallos judiciales, su demolición parece ser inviable. Su traslado a la base naval Puerto Belgrano tampoco se realizó. Si los marinos se van, el lugar podría convertirse en un museo cuyo objetivo será “reconstruir, proteger y cultivar la memoria colectiva sobre los horrores del terrorismo de Estado que asoló la Argentina entre los años 1976 y 1986”.
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