|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Pablo Ferreira  En medio de
la ofensiva duhaldista para sacar ventaja en la interna con el menemismo, Alieto Guadagni,
secretario de Industria, anunció ayer la aplicación de una multa de 109,6 millones de
pesos a YPF. La empresa más grande del país fue acusada por conducta anticompetitiva en
la comercialización de gas licuado. De probarse los argumentos oficiales ante la
Justicia, YPF, que ya decidió apelar la medida, se verá obligada a reducir marcadamente
el precio interno del gas licuado. Según los cálculos del Gobierno, la maniobra de la
petrolera produjo –entre enero de 1993 y octubre de 1997– un daño de 256
millones de pesos a más de 4,5 millones de familias. Esos consumidores son en su mayoría
de bajos recursos y residen en zonas rurales o urbanas sin acceso a la red de gas natural.YPF salió rápidamente a contestar las conclusiones de ese trabajo oficial. “YPF considera que la resolución carece de los fundamentos necesarios. YPF compite en un mercado abierto, desregulado, y sin ningún tipo de subsidios, los que son comunes en otros países para este tipo de combustibles”, explicó. Y agregó que “los precios vigentes en el mercado local están sujetos a IVA e impuestos a los ingresos brutos”. “Acá está afectada casi la mitad de la población del país”, enfatizó ayer Guadagni, acompañado por su par de Energía, César Mac Karthy, en conferencia de prensa. El funcionario, alineado con el gobernador Eduardo Duhalde, omitió sin embargo explicar, entre otros aspectos, la demora de su organismo en resolver un tema que tiene un arrastre de casi un lustro. Además, Guadagni reconoció que el “abuso” de YPF ha continuado, siguiendo la investigación desde el tercer trimestre del ‘97 hasta marzo de 1999. La decisión de Industria y Comercio se basó en una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. YFF es acusada de vender gas licuado a granel más barato a su fraccionadora (YPF Gas) que al resto de las competidoras y de imponer en el mercado doméstico precios superiores a los vigentes en la plaza internacional. De hecho, en Argentina el kilo de este producto valía 1,15 dólares en 1997 cuando, por caso, en Chile y Paraguay “que lo compran en Argentina” se comercializaba en un 35 y 45 por ciento menos”, respectivamente. También la Comisión, que comanda Marcelo Garriga, constató las fuertes diferencias de precios de venta local y de exportación de YPF. Por ejemplo, en 1997 los compradores locales pagaban 241 dólares la tonelada mientras los importadores, sólo 188. Otro aspecto del trabajo fue la comprobación de que la empresa prohibía expresamente en sus contratos de ventas al exterior la reimportación a la Argentina del gas licuado. Ahora YPF, además de recomponer los precios internos en línea con los de exportación, deberá eliminar esa cláusula. En su estudio, la Comisión concluyó que YPF tienen una posición dominante en el mercado, con una participación promedio del 55,3 por ciento en la producción de gas licuado total del país. También es la única empresa productora que posee una presencia geográfica en todo el país. Y exporta el 80 por ciento del total de los embarques del sector. Como si fuera poco, YPF controla cerca del 62 por ciento de la oferta de gas natural en boca de pozo, el 64,2 de la capacidad de transporte por gasoductos y el 78,2 de la de almacenamiento. Además, tiene dos de los tres puertos nacionales aptos para la exportación e importación de ese producto. Ante ese panorama, Comercio decidió aplicar –tardíamente– el máximo de sanción prevista por la Ley de Defensa de la Competencia. La norma permite imponer una multa de hasta un 20 por ciento por encima del valor “ilícitamente obtenido”. La estimación oficial del perjuicio total a los consumidores es de 256 millones. Este total surge, en el informe de la Comisión, de añadir a los 91 millones de “beneficios ilícitos”, transferencias de los usuarios al resto de los productores por 125 millones y 40 adicionales correspondientes a la pérdida por el gas licuado no consumido en razón de los elevados precios. Por su parte, la empresa presidida por Roberto Monti anticipó ayer que apelará esa resolución, a la que considera carente de todo fundamento. YPF, que rechaza la acusación de prácticas no competitivas, explicó en un comunicado, entre otros argumentos, que el número de productores de gas licuado se incrementó desde la desregulación de 1993 y que la participación de la empresa en el mercado minorista de garrafas se mantuvo en alrededor del 15 por ciento en el lapso analizado por el gobierno.
|
