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Por Marcelo Justo desde Londres ![]() La máxima instancia judicial británica, los jueces lores, se enfrentan a la humanidad por segunda vez en pocos meses. El 25 de noviembre tres jueces lores Hoffmann, Stein y Nichols eligieron el camino de los derechos humanos y negaron que la condición de ex jefe de Estado del general Pinochet lo volviera inmune a las acusaciones de genocidio, tortura y secuestro por las que España pide su extradición. El dictamen fue anulado en diciembre por la aparente parcialidad de lord Hoffmann, vinculado a una organización relacionada a Amnesty International, pero ayer en el acto en el Jardín de la Memoria los exiliados chilenos se mostraron optimistas. Los jueces lores saben que los ojos del mundo están mirándolos, dijo a Página/12 un chileno de cara quijotesca que se exilió en Gran Bretaña después del golpe. Una medida de esa mirada son las 900.000 firmas recogidas en Europa. En el acto, uno de los verdaderos alma mater de la campaña antipinochetista en Gran Bretaña, el diputado laborista Jeremy Corbyn, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes, mostró un paquete y anunció que con su entrega esa misma tarde a los jueces lores se completaría dicha cifra. Esperamos que el dictamen allane el camino para que, proceso de extradición mediante, el general Pinochet sea juzgado en España por los horripilantes crímenes que cometió, indicó Corbyn ante los aplausos de cerca de un centenar de personas. Las firmas, que los grupos de exiliados chilenos vienen recogiendo desde noviembre, solicitan a los jueces lores que se pronuncien de manera innovadora siguiendo la tradición de derechos humanos de Gran Bretaña. Por su parte, la prensa británica parece dar por descartado un fallo contra el ex dictador chileno. Según el dominical The Observer y el The Times, el factor sorpresa, que nunca ha faltado en el caso Pinochet y que parece un rasgo hereditario de los excéntricos jueces lores, aparecería esta vez en los fundamentos del dictamen. Fuentes legales allegadas al caso, que ninguno de los dos periódicos identifica, coinciden en que los jueces lores invocarán el principio de la irretroactividad, eliminando de un plumazo la mayoría de los delitos por los que España solicita la extradición. Según esta versión, el general sólo perdería la inmunidad soberana para los hechos ocurridos después de 1988, año en que el Parlamento incorporó la Convención Internacional contra la Tortura firmada cuatro años antes por el gobierno de Margaret Thatcher (y el del dictador chileno) a la legislación británica. Fuentes cercanas a la fiscalía comentaron a Página/12 que, de ser así, sólo quedarían unas pocas decenas de casos del pedido de extradición español. Esta posibilidad traería otra vez a la palestra al ministro del Interior británico Jack Straw, quien el 10 de diciembre dio la autorización aproceder con el proceso de extradición, una de las atribuciones del Ejecutivo para este tipo de casos. De cambiar sustancialmente la naturaleza del fallo, Straw podría verse obligado a considerar nuevamente si emite una autorización o si, en ejercicio de sus funciones, envía al general de regreso a Chile. El hecho de que en los últimos días la turbia alianza formada alrededor del general, que incluye a conservadores británicos de la talla de lady Margaret Thatcher y el ex ministro de Economía lord Norman Lamont, haya intensificado su ofensiva contra el ministro del Interior es probablemente una señal de la creciente credibilidad de este nuevo escenario. La defensa de Pinochet, que ya consiguió invalidar el primer fallo de los lores, y que parece apostar a una tarea de constante empantanamiento del proceso de extradición, podría encontrar una nueva apariencia de parcialidad en un ministro que viajó a Chile y escribió a favor del régimen de Salvador Allende para cuestionar la autoridad de Straw, desatando una crisis en el Ejecutivo británico.
CONDENA A MUERTE POR TERRORISMO ANTITURISMO EN
CUBA
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