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LOS LORES FALLAN SOBRE LA INMUNIDAD DE PINOCHET
Hoy es el día D de Dictador

El fallo de los lores jueces decidirá si el ex dictador Pinochet gozó de inmunidad en delitos de genocidio, tortura y terrorismo.

Irretroactividad: Los lores invocarían el principio de irretroactividad y Pinochet podría ser juzgado sólo por crímenes posteriores a 1988.

El Comité contra la Impunidad plantó cruces ante el Parlamento.
Son 3000, por los desaparecidos en la dictadura pinochetista.

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Por Marcelo Justo desde Londres

t.gif (862 bytes) Son cruces muy pequeñas, casi infinitas. Algunas con fotos, otras con flores, la mayoría sólo con nombres. Este cementerio en miniatura de los 3000 muertos de la dictadura pinochetista se encuentra desde ayer enfrente del Parlamento inglés, en el verdísimo césped de la Parliament Square. Las cruces están rodeadas por 1198 varas con los nombres de los desaparecidos durante el régimen y por un espacio vacío para aquellos que corrieron igual suerte pero que no figuran en las listas de los secuestrados. Los exiliados chilenos bautizaron a la Parliament Square el “Jardín de la Memoria” y allí esperarán el dictamen que los siete jueces lores darán a conocer hoy a las 14 (11 hora argentina) sobre la inmunidad del general Pinochet.
La máxima instancia judicial británica, los jueces lores, se enfrentan a la humanidad por segunda vez en pocos meses. El 25 de noviembre tres jueces lores –Hoffmann, Stein y Nichols– eligieron el camino de los derechos humanos y negaron que la condición de ex jefe de Estado del general Pinochet lo volviera inmune a las acusaciones de genocidio, tortura y secuestro por las que España pide su extradición. El dictamen fue anulado en diciembre por la aparente parcialidad de lord Hoffmann, vinculado a una organización relacionada a Amnesty International, pero ayer en el acto en el “Jardín de la Memoria” los exiliados chilenos se mostraron optimistas. “Los jueces lores saben que los ojos del mundo están mirándolos”, dijo a Página/12 un chileno de cara quijotesca que se exilió en Gran Bretaña después del golpe.
Una medida de esa mirada son las 900.000 firmas recogidas en Europa. En el acto, uno de los verdaderos alma mater de la campaña antipinochetista en Gran Bretaña, el diputado laborista Jeremy Corbyn, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes, mostró un paquete y anunció que con su entrega esa misma tarde a los jueces lores se completaría dicha cifra. “Esperamos que el dictamen allane el camino para que, proceso de extradición mediante, el general Pinochet sea juzgado en España por los horripilantes crímenes que cometió”, indicó Corbyn ante los aplausos de cerca de un centenar de personas. Las firmas, que los grupos de exiliados chilenos vienen recogiendo desde noviembre, solicitan a los jueces lores que se pronuncien de manera innovadora siguiendo la tradición de derechos humanos de Gran Bretaña.
Por su parte, la prensa británica parece dar por descartado un fallo contra el ex dictador chileno. Según el dominical The Observer y el The Times, el factor sorpresa, que nunca ha faltado en el caso Pinochet y que parece un rasgo hereditario de los excéntricos jueces lores, aparecería esta vez en los fundamentos del dictamen. Fuentes legales allegadas al caso, que ninguno de los dos periódicos identifica, coinciden en que los jueces lores invocarán el principio de la irretroactividad, eliminando de un plumazo la mayoría de los delitos por los que España solicita la extradición. Según esta versión, el general sólo perdería la inmunidad soberana para los hechos ocurridos después de 1988, año en que el Parlamento incorporó la Convención Internacional contra la Tortura firmada cuatro años antes por el gobierno de Margaret Thatcher (y el del dictador chileno) a la legislación británica. Fuentes cercanas a la fiscalía comentaron a Página/12 que, de ser así, sólo quedarían unas pocas decenas de casos del pedido de extradición español.
Esta posibilidad traería otra vez a la palestra al ministro del Interior británico Jack Straw, quien el 10 de diciembre dio la autorización aproceder con el proceso de extradición, una de las atribuciones del Ejecutivo para este tipo de casos. De cambiar sustancialmente la naturaleza del fallo, Straw podría verse obligado a considerar nuevamente si emite una autorización o si, en ejercicio de sus funciones, envía al general de regreso a Chile. El hecho de que en los últimos días la turbia alianza formada alrededor del general, que incluye a conservadores británicos de la talla de lady Margaret Thatcher y el ex ministro de Economía lord Norman Lamont, haya intensificado su ofensiva contra el ministro del Interior es probablemente una señal de la creciente credibilidad de este nuevo escenario. La defensa de Pinochet, que ya consiguió invalidar el primer fallo de los lores, y que parece apostar a una tarea de constante empantanamiento del proceso de extradición, podría encontrar una nueva “apariencia de parcialidad” en un ministro que viajó a Chile y escribió a favor del régimen de Salvador Allende para cuestionar la autoridad de Straw, desatando una crisis en el Ejecutivo británico.

 


 

CONDENA A MUERTE POR TERRORISMO ANTITURISMO EN CUBA
Tiro por elevación contra Miami

t.gif (862 bytes) Después de cuatro días de sesiones, el juicio al salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León culminó ayer con una condena a la pena capital. Había confesado la comisión de una serie de atentados terroristas entre julio y septiembre de 1997 contra la infraestructura turística de Cuba, al parecer por encargo de una organización anticastrista. La Comisión de Derechos Humanos del Salvador, el presidente salvadoreño, Armando Calderón Sol, y la Iglesia Católica pidieron a favor de la vida del condenado, el mismo día que la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano condenó las leyes antidisidencia cubanas.
Tres profesionales y dos legos –tal como estipulan las leyes cubanas–, presididos por el magistrado Plácido Batista, formaron el tribunal que pidió la muerte por el delito de “terrorismo continuado”. El diario oficial Granma señaló ayer, en una breve nota publicada en su última página, que según la legislación cubana las sentencias a fusilamiento son apeladas “de oficio” ante el Tribunal Supremo. Pero si éste ratifica la sentencia, aún puede ser apelada ante los 31 miembros del Consejo de Estado que preside Fidel Castro.
El salvadoreño Cruz León se confesó ante el tribunal autor de atentados con bomba contra cinco hoteles y un restaurante en La Habana entre julio y septiembre de 1997 que causaron la muerte al turista italiano Fabio Di Celmo y heridas a otras 11 personas. Decenas de testigos, peritos y agentes de seguridad que comparecieron en el juicio identificaron al acusado y detallaron el procedimiento usado para cometer los atentados.
La fiscalía sostuvo que Cruz León era un “mercenario” contratado por la anticastrista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), con sede en Miami, para cometer atentados. “Este hombre”, dijo el fiscal, “es el gatillo de un arma financiada y dirigida por la FNCA”. Cruz León dijo que fue contratado por su compatriota Antonio Chávez Abarca. La FNCA negó su participación. El acusado y la defensa pidieron la “benevolencia” del pueblo cubano.
El pasado 16 de marzo, la fiscalía también pidió en otro juicio la pena de muerte para el presunto terrorista Otto René Rodríguez Llerena, también salvadoreño, acusado de un atentado con bomba en 1997 y de haber intentado introducir en la isla un kilo y medio de explosivos. Según el fiscal, estos explosivos del tipo C-4 estaban destinados a atentar contra los símbolos máximos de la victoriosa Revolución que cumplió 40 años, el Museo de la Revolución y el monumento al Comandante Che Guevara.
En los juicios comparecieron tres agentes encubiertos de la Seguridad del Estado de Cuba –un matrimonio cubano y un ciudadano guatemalteco– quienes afirmaron haberse infiltrado como “topos” en la FNCA y denunciaron la participación de ella.

 

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