Por Marcelo Justo desde Londres
 6 a 1. Por goleada.
Sería para alzar al cielo una interminable copa de champagne a la salud de los jueces
lores si no fuera por la letra chica. Porque los jueces lores, máxima instancia judicial
británica, dictaminaron que Pinochet no goza de inmunidad absoluta como ex jefe de
Estado, pero redujeron a tres las 30 acusaciones que se le hacían para extraditarlo. Son
entonces dos hechos en uno solo: los derechos humanos como parte del derecho internacional
ganan, y, al mismo tiempo, paradójicamente, Pinochet mejora sus posibilidades de regresar
a Chile. “Nuestra premisa básica es que la tortura es un crimen internacional en el
que el derecho internacional y la Convención contra la Tortura otorgan jurisdicción
universal”, fundamentó el presidente del panel Lord Nicholas Browne Willkinson.
La otra cara de la moneda es que la Convención contra la Tortura entró en vigor en Gran
Bretaña en 1988 y que, por lo tanto, por el principio de retroactividad, quedan
descartados todos los delitos cometidos antes de esa fecha. “Los únicos cargos que
quedan son una acusación de tortura posterior al 29 de septiembre de 1988, ciertas
acusaciones de asociación ilícita para cometer actos de tortura y de asociación
ilícita en España para asesinar en España”, precisó Lord Browne-Willkinson. En
una Cámara sumida en un azorado silencio, el presidente del panel recomendó al ministro
del Interior, Jack Straw, que “en vista de la considerable reducción de los cargos
vuelva a analizar” la autorización que dio para iniciar el proceso de extradición
del general a España, emitida el pasado 9 de diciembre, un día antes del 50 aniversario
de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En un comunicado de prensa posterior al fallo, el Ministerio del Interior indicó que,
siguiendo la recomendación de Lord Browne-Willkinson, “volverá a analizar el tema
que, a la luz del dictamen de la Cámara de los Lores, cubre temas legales extremadamente
complicados”. Según el comunicado “no hay claras indicaciones en la ley de
extradición al respecto” y el “ministro del Interior, como en todo caso de
extradición considerará, de acuerdo con el principio rector de la Justicia, las
presentaciones que se le hagan sobre la materia”. Un portavoz del Ministerio del
Interior indicó a Página/12 que no había un plazo definido para este proceso, pero que
“el ministro procurará responder lo antes que pueda”. Por las dudas la defensa
de Pinochet montó inmediatamente después de conocido el fallo una apelación de la
autorización emitida en diciembre ante la Alta Corte de Justicia de Londres, que se
pronunciará el próximo lunes al respecto (ver nota en página 5).
Afuera del Parlamento, a pesar de la goleada sufrida, los pinochetistas parecían
eufóricos. “Esperamos que esto allane el proceso para que el general regrese pronto
a Chile y vuelva la paz y la reconciliación a nuestra patria”, dijo a Página/12 la
diputada de Renovación Nacional Angélica Cristi. Cerca suyo, un grupo de chilenas,
llegado en los últimos días a Londres, celebraban de antemano. “Nunca se probó
nada en su contra. Mi general va a estar pronto de vuelta en el país”, sugirió una
rubia, elegantemente vestida. El mismo beneplácito mostró uno de los principales aliados
británicos de la campaña propinochetista, el ex ministro de Economía conservador Norman
Lamont. “La pelota ahora está en el campo del ministro del Interior. Nosotros vamos
a presionar para que devuelva a Pinochet a Chile, como debería haber hecho desde un
principio”, indicó a Página/12.
Como parte de las paradójicas reacciones que produjo el 6 a 1, pasada la celebración
inicial, muchos antipinochetistas se preguntaron si no estarían festejando el primer paso
de la futura libertad del general. La doctora Cristina Navarrete, secuestrada y torturada
en 1974, intentaba predecir lo que sucederá a partir de ahora. “Es indudablemente
una victoria porque lo que queda claro es que no tiene inmunidad por las atrocidades que
cometió, fuera o no jefe de Estado. Mi temor es que aprovechando un tecnicismo consiga
escapar a la extradición”, señaló a este diario. Otro chileno, Miguel García,
razonaba que el fallo no podía invalidar su extradición a España. “Un caso o 100
da lo mismo. Al Capone fue llevado a la Justicia por un delito menor”, señaló a
este diario. En el tumulto de gente que se agolpaba afuera del Parlamento se destacaba la
presencia del escritor chileno Ariel Dorfman quien insistía que el fallo era el regalo
que los chilenos le hacían a la humanidad (ver nota en página 4).
Ambos campos coincidían en que el caso está ahora en manos del ministro del Interior,
Jack Straw. Apenas conocido el dictamen, el ministro del Interior en la sombra, el
conservador Norman Fowler, exigió al gobierno que reconsiderara el tema y devolviera al
ex dictador a Chile. En el mismo sentido se pronunció otra voz de peso mítico en algunos
sectores británicos, la ex primera ministra Margaret Thatcher. El vespertino Evening
Standard dio la primera indicación de la posición que asumiría una buena parte de la
poderosa prensa inglesa. En un comentario editorial, el periódico indicaba que el fallo
de los lores “es una astuta maniobra legal por la que Gran Bretaña será vista como
apoyando los derechos humanos sin necesidad de que éstos sean aplicados al general
Pinochet”. Con una astucia parecida a la que el diario endilgaba a los lores, el
Evening Standard señaló que “sería una tontería mantenerlo acá en Gran Bretaña
cuando en Chile podrían juzgarlo por muchos más delitos”.
Según indicó a la televisión inglesa un experto en temas legales de extradición,
Robert Roscoe, el ministro del Interior deberá estar convencido de que hay suficientes
elementos para probar los cargos que se le hacen al ex dictador. Al respecto las
organizaciones de derechos humanos se mostraron optimistas. “El cargo de asociación
ilícita para cometer tortura o para ejecutar un crimen es muy amplio. Hay suficientes
pruebas de que el aparato represivo chileno dependía del general Pinochet y que, por lo
tanto, éste formaba parte de una asociación ilícita”, indicó a Página/12 Reed
Brody, de Human Rights Watch. Un optimismo similar expresó el encargado de asuntos
legales y miembro de directorio de Amnesty International, Andy MacEntee. “Jack Straw
tiene que analizar el tema porque así se lo recomendaron los jueces lores y él indicó
que seguiría estrictamente los pasos que estipula la ley. Y precisamente para la ley
sigue habiendo suficientes cargos como para extraditar. En realidad basta con uno solo.
Por ejemplo la asociación ilícita para cometer un crimen en España, cometida durante el
funeral de Franco, en 1975. Aunque cuestionamos aspectos del fallo de los lores, estamos
muy satisfechos porque han corroborado que un ex jefe de Estado no tiene inmunidad y
porque sigue habiendo suficientes cargos para proceder con la extradición de Pinochet a
España”, indició a Página/12.
REPORTAJE A PIERRE SANE, DIRECTOR DE AMNESTY
“Un hito en derechos humanos”
Por M.J.
El dictamen de los lores
levantó una polvareda de especulaciones sobre el impacto que tendrá en el caso
específico del general Pinochet, pero la organización de derechos humanos Amnesty
International inmediatamente lo saludó como un “hito para la legislación basada en
los derechos humanos” y reafirmó que todo el caso, desde el arresto del general el
pasado 16 de octubre hasta este segundo fallo de la máxima instancia judicial británica,
“marca el comienzo de una nueva era de los derechos humanos”. El director de
Amnesty International Pierre Sané dialogó con Página/12 después del fallo sobre el
impacto del mismo en el derecho internacional.
–¿Por qué Amnesty considera este fallo un hito?
–Creo que lo más importante y lo que no hay que perder de vista es que los jueces
lores confirmaron que un ex jefe de Estado no tiene inmunidad para actos de crímenes de
lesa humanidad cometidos en el ejercicio de sus funciones. También estamos muy conformes
con el hecho de que el dictamen haya reafirmado la obligación que tienen los estados de
juzgar a los sospechosos de haber cometido tortura, más allá de la nacionalidad de la
persona. Este dictamen reafirmó el principio de la jurisdicción universal.
Desafortunadamente, una interpretación técnica de ciertos aspectos de la legislación
británica de extradición ha reducido la cantidad de delitos que se le imputan porque
siguiendo el principio de la no retroactividad sólo se consideran aquellos que ocurrieron
después de que la Convención fue incorporada en la legislación británica en 1988.
–¿Qué impacto tendrá el fallo en el derecho internacional?
–En el derecho internacional ya existe el principio que excluye todo tipo de
inmunidad para crímenes de lesa humanidad, sea jefe de Estado o no quien lo comete. Lo
que se logró ahora es una reafirmación del compromiso de implementar esa ley. La ley
existe pero es la primera vez que se la lleva a la práctica. Hay un impulso en esta
década para que se implementen una serie de tratados internacionales vinculados con los
derechos humanos. El caso Pinochet es una pieza fundamental de esta tendencia para que
haya una Justicia a nivel internacional.
–El presidente Carlos Menem planteó el caso Pinochet como un ataque contra el
principio de la territorialidad. ¿No es esto contradictorio con el hecho de que la
Argentina es signataria de la Convención contra la Tortura?
–El principio de la universalidad es claro en la Convención y debería serlo para
todos los países signatarios. Creo que una de las mejores frases del dictamen de los
jueces lores se refiere precisamente a este aspecto cuando dice: “la tortura es un
crimen internacional sobre el cual el derecho internacional y los países signatarios de
la Convención han aceptado la jurisdicción universal”. En otras palabras, todos los
países tienen la obligación de arrestar y juzgar o extraditar para que se lo haga, a
personas acusadas de cometer actos de tortura. El mensaje para los gobiernos es claro. Los
gobiernos deben cooperar internacionalmente en la implementación de los principios y en
cerrar la brecha entre la retórica y la práctica. Es claro que los pueblos desean el
imperio de los derechos humanos y que es hora de que los gobiernos actúen de acuerdo con
este clamor.
IZQUIERDA Y DERECHA REACCIONES ENCONTRADAS
Todos cantaron victoria en Chile
Mientras la derecha chilena esperaba el fallo de los lores-jueces haciendo
–literalmente– la señal de la cruz en sus bunkers, también el resto del país
estuvo pegado a las pantallas de la televisión en la cuenta regresiva que llevaba a las
11 de la mañana, hora local. Cuando llegó, el fallo de los lores sobre el ex dictador
chileno fue unánimemente celebrado por la oposición, el gobierno de la Concertación, y
una derecha repinochetizada por los acontecimientos. Es que, como dijo la televisión
chilena, era un “fallo a la inglesa”, que no todos comprendían en sus
implicaciones y sobre el que ninguna corporación (gobierno, fuerzas armadas, Iglesia) se
pronunció sin estudiarlo. Siete horas después de conocer la sentencia judicial
británica, el presidente chileno Eduardo Frei habló por la cadena de radio y televisión
y dijo que Pinochet “deberá responder a su regreso” por las denuncias que
afronta en los tribunales chilenos. Las fuerzas armadas todavía callan.
Para el presidente del Senado chileno, el democristiano Andrés Zaldívar, la decisión de
los lores es un triunfo de la tesis del gobierno. “El fallo reconoce que no hay
extraterritorialidad ni retroactividad penal”, afirmó. El presidente de la
democracia cristiana Enrique Krauss se mostró un campeón más tímido de la noción de
que los lores hubieran escuchado las recomendaciones del gobierno chileno, y obrado en
consecuencia. “El fallo no ha acogido los sólidos argumentos sostenidos por el
gobierno de Chile tendientes a respetar su soberanía jurisdiccional”, leyó en un
comunicado del partido que lidera la Concertación nacional.
La secretaria general del Partido Comunista Gladys Marín también dijo que celebraba el
fallo, “y que en la vida todos son pequeños avances”. Grupos de lucha por los
derechos humanos manifestaron en Valparaíso, frente al Congreso nacional, y en Santiago,
donde fueron dispersados y reprimidos por una policía a la que enfurecieron los gritos de
“Asesino” dirigidos contra el senador vitalicio Pinochet. El balance fue de
varias decenas de detenidos.
El ministro secretario de Gobierno, Jorge Arrate, anunció que el presidente Frei
encabezará una sesión del Consejo Nacional de Seguridad el viernes. Desde la captura de
Pinochet en Londres hace 160 días, el Consejo sólo discutió tres veces el tema, por
presión de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, que integran el organismo.
Garzón sube su apuesta y amplía la
acusación
El juez Baltasar Garzón afirma
que el dictamen de los lores incluye 44 casos ocurridos desde 1988 y 94 desaparecidos por
el Operativo Cóndor. La base para ampliar la lista de casos es el carácter
“permanente” del delito de la desaparición de personas.
El juez Baltasar Garzón llega a la
Audiencia Nacional de Madrid.
“No he olvidado que en Argentina se cumplen 23 años del golpe”, dijo. |
|
Por Norberto Bermúdez desde Madrid
El aplastante veredicto
negando la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet anunciado ayer en la Cámara de los
Lores fue seguido por los principales protagonistas del sumario que se instruye en la
Audiencia Nacional desde los estudios de los principales medios de comunicación
españoles. El magistrado Baltasar Garzón, que ayer trabajó mañana y tarde en su
despacho del juzgado como un día cualquiera, tal como ocurriera en noviembre último,
conoció el veredicto de los lores en compañía de su familia. Minutos después de
conocido el fallo en Londres, confió a Página/12 sentirse satisfecho por la decisión y
reconoció que no esperaba un 6 a 1.
Garzón afirmó que la decisión de los lores incluye –en principio– un total de
44 asesinatos, torturas y desapariciones ocurridas en Chile entre el 2 de octubre de 1988
y el 24 de febrero de 1990. A estos casos hay que sumar los 94 desaparecidos en territorio
argentino en el marco del plan Cóndor y los crímenes y atentados cometidos por la DINA
en el exterior; Letelier, el matrimonio Prats, Juan José Torres, Bernardo Leighton y
Carlos Altamirano. “He esperado el veredicto con los míos, pero repartido entre
Madrid y Santiago de Chile, aunque no me he olvidado de Argentina, puesto que allí se
cumplían 23 años del comienzo de la última dictadura”, dijo Garzón a Página/12.
Por la tarde, el juez español preparó una resolución dirigida a las autoridades
británicas en la que invoca la Resolución de las Naciones Unidas sobre la Desaparición
Forzada de Personas en 1992, que considera que dicho delito es de carácter permanente y
así obligar a que Pinochet también responda por otras 42 desapariciones incluidas en el
Auto de Extradición remitido a Londres el 3 de noviembre pasado. El plan criminal y la
conspiración para la tortura tenidas en cuenta por los lores supone en España el delito
de terrorismo como forma de consumación de esas desapariciones y asesinatos, porque los
cargos contra el ex dictador podrían ampliarse en el marco del criterio adoptado por el
Tribunal de la nobleza inglesa.
Carlos Slepoy, uno de los acusadores populares y presidente de la Asociación Argentina
Pro-Derechos Humanos de Madrid, participó en un programa especial de Radio Nacional de
España que, junto con Televisión Española (TVE) transmitió en directo desde Londres la
lectura del fallo.
La cadena CCN Plus en Español realizó una cobertura satelital simultánea cubriendo la
noticia desde tres frentes: Santiago, Madrid y Londres. Carlos Castresana, presidente de
la Unión Progresista de Fiscales e impulsor de la denuncia contra las dictaduras chilena
y argentina, fue uno de los invitados por la cadena para comentar el fallo de los lores:
“Una sola sentencia condenatoria puede suponer 30 años de cárcel”, afirmó. La
Unión Progresista de Fiscales está en el origen de la demanda contra Pinochet presentada
en 1976 ante la Audiencia Nacional por “crímenes contra la humanidad”.
Manuel Ollé, abogado de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini,
consideró en declaraciones a Página/12 que la decisión de los lores “da
satisfacción al cuantioso colectivo de víctimas no sólo en Chile sino también en todo
el cono sur. Ahora debemos seguir trabajando para conseguir que Pinochet sea traído a
España y se siente frente a un tribunal para que sea juzgado por todos los crímenes por
los que ha sido declarado extraditable”.
En Madrid y Barcelona, numerosas personas que entraron en vigilia desde la noche del
martes en espera de la sentencia de los lores estallaron de júbilo cuando se conoció que
Pinochet seguirá preso. Dos concentraciones tuvieron lugar en Puerta del Sol de Madrid;
la primera a la hora de anunciarse el fallo de los lores y otra, más multitudinaria, en
horas de la noche. Un poderoso equipo de sonido instalado en la Plaza de Pi de Barcelona,
reproducía la canción “Ellas bailan solas”, con la voz de Sting diciendo:
“Ehh! Mr. Pinochet / su siembra huele mal/ y ese dinero que recibe pronto se
terminará/ no podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar”.
|
