Página/12

LOS RECURSOS LEGALES DE PINOCHET
La batalla que viene

Puede apelar la orden de extradición, discutir los cargos, alegar que lo están oprimiendo y demorar todo por años y años.

Jack Straw, el ministro del Interior que dará el primer paso.
Debe emitir otra autorización para que comience la extradición.

Por Clare Dyer desde Londres

Apenas se conoció el fallo que niega la inmunidad a Augusto Pinochet, sus abogados lanzaron una intensa ofensiva judicial. Los letrados presentaron ante la Alta Corte un pedido de hábeas corpus y pidieron permiso para que un juez revise la autorización para que se considere la extradición que el ministro del Interior, Jack Straw, firmó en diciembre pasado. La Corte considerará los pedidos recién el lunes.
El ministro Straw está siendo presionado para que revise la autorización que dio hace cuatro meses, cuando los cargos contra Pinochet eran 30. El argumento es que con sólo tres casos validados por los lores, la autorización debe necesariamente ser revisada. Los mismos lores resaltaron que las nuevas circunstancias demandan que se reconsidere el caso. Por supuesto, Straw puede emitir una nueva autorización basada sólo en los tres casos.
Evitar que el ministro vuelva a poner la extradición en marcha puede resultar muy difícil, paradójicamente por un precedente establecido por Amnesty International. Hace meses, la organización de derechos humanos pidió a las Cortes que evitaran que Pinochet dejara el país, lo que fue rechazado por el juez lord Simon Brown. El magistrado rechazó el caso diciendo que Straw tiene “amplia discreción” para decidir qué hacer, un argumento que se sostiene si el otro bando decide desafiar los poderes del ministro.
Si Straw emite otra autorización para proceder a la extradición, y cuando se superen las apelaciones y rechazos jurídicos, la nueva escena del combate legal serán los tribunales de Belmarsh, donde el juez de extradiciones Graham Parkinson tomará el caso. El magistrado tendrá que decidir si los tres casos son por crímenes extraditables, si la documentación española es válida y si las acusaciones no son políticas. Según las estrictas instrucciones dadas por los lores, será muy difícil que los abogados de Pinochet puedan alegar que los actos de su cliente fueron políticos, ya que los magistrados aceptan como políticos sólo los actos “conducentes a derribar o cambiar un gobierno, o inducirlo a cambiar sus políticas, o el abandonar el territorio para realizar mejor estos actos”. Y, obviamente, estos parámetros no se aplican a Pinochet.
Pero sus abogados tendrán una chance mucho mejor en cuanto se siga la otra instrucción de los lores. “Se deberá prestar extrema atención a si la información que se presenta a la Corte apoya la acusación de que la tortura que siguió a la conspiración para cometer sistemáticamente torturas, incluyendo el acto de tortura mencionado en el caso 30, fue cometido por el senador Pinochet después de diciembre 8 de 1988, cuando perdió su inmunidad”, escribió lord Hope. Se espera que los pinochetistas discutan ácidamente cada elemento de prueba en contra de su cliente.
Si esto falla, los abogados pueden todavía apelar la extradición y argumentar que es “injusto y opresivo” enviar a Pinochet a España. La línea de defensa, según un experto, sería que el general “entró y salió de Inglaterra muchas veces sin problemas”, lo que le habría creado una sensación de seguridad falsa, por lo que sería mala fe deportarlo ahora.

El fallo desde la Argentina
En cierto modo es un fallo salomónico: no le reconoce inmunidad diplomática a partir de una determinada fecha, pero sí a partir de otra. Así, los lores evitaron la confrontación directa sobre el tema de la soberanía jurídica del Estado chileno. El fallo no consagra la impunidad de Pinochet y permite que siga el juicio para su extradición a España, pero no por todos los temas por los que lo reclamaba el juez Baltasar Garzón. De todas maneras, es una solución adecuada porque todavía no está en vigencia un tribunal internacional y la extraterritorialidad de la ley penal es opinable. Desde el punto de vista político es mejor que haberlo devuelto a Chile, donde difícilmente sea juzgado.	La resolución de los lores británicos en el caso Pinochet era esperable. Cuando estuve en Londres, lord Brennan me comentó que no podía desconocer la repercusión política que tendría cualquier fallo sobre este tema, pero que fueran cuales fueren las consecuencias debía primar el respeto a la juridicidad. Los lores se atuvieron estrictamente a lo que dice la ley y su fallo marca una fuerte tendencia a futuro sobre la forma en que el derecho internacional deberá abordar los casos de violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales y aquellos países que ratifican las convenciones internacionales que los garantizan deben aceptar también la pérdida de parte de su soberanía.	Desde el punto de vista jurídico, no puedo aceptar el quiebre de la territorialidad de la ley, en tanto no haya una ley penal internacional ni un tribunal de aplicación de esa norma. Sin embargo, este tipo de crímenes no pueden quedar sin sanción y deben perdurar en la memoria de los pueblos. La experiencia del caso Pinochet demuestra la existencia de un vacío legal y la ausencia de un tipo penal que castigue la violación de los derechos humanos. Debería, por lo tanto, constituirse en un llamado de atención para generar un consenso que actúe contra la vulneración de los derechos humanos y el flagelo del terrorismo de Estado, cualquiera sea su ideología.

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