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Por Cledis Candelaresi  Con la ayuda de la
Alianza, la oposición del cavallismo, y la deserción de Oraldo Britos, los diputados
justicialistas consiguieron ayer rechazar los vetos que el Poder Ejecutivo dispuso sobre
la Ley de Presupuesto. La Cámara insistió con los dos tercios en subir de 1 a 3 pesos
por voto la contribución estatal a los partidos políticos y en incrementar los
beneficios de la promoción agrícola, entre otros puntos que habían sido censurados. En
la misma disciplinada sesión, los legisladores aprobaron una garantía estatal al PAMI,
según la cual el Tesoro le proveerá fondos si su erogaciones superan los 200 millones
mensuales. Con este aval, el Estado debería responder a las demandas de la obra social de
los jubilados, aunque no pueda controlar nada de lo que gasta.
No fueron pocos los malabarismos que realizó el jefe de la bancada oficialista, Humberto Roggero, para reclutar a menemistas y duhaldistas, cuya interna se reavivó por un incidente matutino. Este se produjo cuando el justicialista Carlos Soria votó junto a la Alianza un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales contra la propuesta promovida por otros pares del PJ de reforma constitucional, llave para la re-reelección. A la hora de votar contra los vetos, 138 llaves justicialistas, aliancistas y de algunos partidos provinciales giraron por la positiva. Dos del Frepaso, otra de Fuerza Republicana y las tres cavallistas (incluida la del propio Domingo), lo hicieron en sentido contrario. "No podemos convalidar un aumento del gasto, en plena crisis y con caída de la recaudación", justificaba ante este diario Guillermo Francos, de Acción para la República. El justicialista Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda refutó ante Página/12 ese cuestionamiento, al asegurar que los artículos ratificados incrementan el gasto "en menos de 50 millones de pesos", cifra relativamente moderada en relación a los 48 mil millones de gasto total previsto en el Presupuesto. De aquel ajuste, algo más de 20 millones serían absorbidos por el mayor aporte estatal al Fondo Partidario que, según recuerda el legislador santafesino --alineado con Carlos Reutemann-- este año hubiera aumentado de todos modos: en períodos electorales aquella contribución sube de 1 a 2,5 pesos. Los esfuerzos que realizaron los funcionarios de Jefatura de Gabinete ayer para evitar el rechazo fueron pulverizados por los múltiples intereses que despiertan los artículos ratificados. La Alianza fue la que promovió el mayor aporte estatal a la política, ya que es la agrupación que más recaudará por esta vía. Las provincias, a su vez, tienen especial interés en la ampliación de los cupos para proyectos agro-turísticos, que el Congreso extendió en monto y alcance geográfico. Del mismo modo que les venía bien insistir en el artículo que le impide a Educación tocar un peso de los programas sociales que esa cartera ejecuta en el interior. Finalmente, Diputados también consintió reparar un extraño error. Cuando en diciembre pasado Diputados votó el Presupuesto, entre los añadidos acordados antes de ir al recinto estaba el artículo que beneficiaba al PAMI con una garantía estatal, que se dispara cuando PAMI gasta más de 200 millones en un mes. Pero como en la versión taquigráfica el añadido no figuró, los legisladores ayer lo votaron por separado. De este modo, Víctor Alderete gozaría de la ventaja de reclamar fondos públicos aunque la obra social que administra está fuera del Presupuesto, y, por lo tanto, nadie controla cuánto y cómo gasta.
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