Por Claudio Zlotnik
Por primera vez en la
historia, las cuatro entidades que agrupan al sector agrícola-ganadero están analizando
la convocatoria a un paro de actividades en conjunto. La crisis por la que atraviesan los
productores, desde los más pequeños a los más grandes, ofrece un dato político de
excepción: la Sociedad Rural, hasta aquí aliada incondicional del menemismo, convocó a
una huelga en protesta por la inflexibilidad del Gobierno en materia fiscal.
La suerte que corra el intento de unificar la protesta sectorial quedará sellada el
próximo martes por la tarde, cuando los máximos representantes de las cuatro entidades
del campo (Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y Federación Agraria)
vuelvan a encontrarse. Hasta ese día, cada una de las organizaciones debatirá
internamente la metodología del eventual plan de lucha común con vistas a consensuarlo
en el próximo encuentro. Después de la reunión quedó en claro que reina un
espíritu conciliador entre las cuatro entidades. Sabemos de nuestras diferencias pero
también que nos sentimos unificados en la protesta, comentó a Página/12 René
Bonetto, presidente de la Federación Agraria, minutos después de finalizado el
cónclave.
El encuentro de ayer entre Bonetto, Marcelo Muniagurria (CRA), Valentín Levisman
(Coninagro) y Luciano Miguens (SRA) se organizó a última hora de la tarde, un rato
después de que la comisión directiva de la Sociedad Rural aprobara por unanimidad la
realización de un paro ganadero para después de Semana Santa. Paramos porque hay
dos temas que están llevando a nuestros productores hacia una grave crisis y a los que el
Gobierno se niega a discutir: el impuesto que grava a los intereses de los préstamos y el
impuesto a la renta presunta, explicó a este diario Enrique Crotto, titular de la
Sociedad Rural y miembro del poderoso Grupo de los Ocho.
Precisamente, la flamante decisión de la Rural de enfrentarse con el Gobierno, por
primera vez desde que Carlos Menem llegó a la Casa Rosada, se tomó dos días después
del encuentro que el G-8 mantuvo con Roque Fernández en el Palacio de Hacienda y del cual
Crotto salió desencantado. En esa oportunidad, el ministro volvió a rechazar cualquier
cambio en la reforma tributaria.
El giro político de la Rural no pasa desapercibido para el Gobierno, que en menos de
cuarenta y ocho horas se encontró, por un lado, con las ácidas críticas que se
vertieron durante una asamblea multitudinaria convocada por la Unión Industrial y, por el
otro, con el paro nacional decretado por los productores ganaderos más grandes. En medio
de la crisis y la recesión, Roque asiste inmutable a los sucesivos desplantes de dos ex
aliados.
El acercamiento entre las entidades del agro no hizo más que convalidar la confluencia de
intereses evidenciada en los últimos días. De hecho, antes del encuentro de ayer cada
organización ya tenía prácticamente definidos sus actos de protesta, que por ahora
siguen en pie. Por ahora, los planes son los siguientes:
Sociedad Rural:
paro ganadero a nivel nacional, que afectará la comercialización de hacienda en el
Mercado de Liniers. Si bien aún no hay fecha prevista, se menciona la posibilidad de
realizar la medida durante la primera semana de abril y duraría una semana. La
protesta no incluirá a los productores agrícolas ya que se está recolectando la cosecha
gruesa de este año y es imposible detener las actividades, explicó Crotto.
Coninagro y
Federación Agraria: marcha de productores de todo el país hacia la Capital para mediados
de abril y un paro nacional de actividades en los primeros días de mayo. A su vez, se
convocó a una Asamblea Agraria Nacional, a un total de cuarenta entidades, para el 7 de
abril. Estamos trabajando a pérdida; nuestros productores no aguantan más. Por
eso, no sólo reclamamos por el rubro fiscal sino también por el aumento de loscostos en
general (peajes, tasas de interés de los créditos, combustibles), apuntó a su vez
Levisman, presidente de Coninagro.
Confederaciones
Rurales: También analiza un paro general en caso de que no haya acuerdo para impulsarlo
en conjunto con las otras entidades. El Gobierno está empecinado en dejar de lado
el debate sobre la producción y nos castiga con impuestos que nos asfixian,
subrayó a Página/12 Marcelo Muniagurria, presidente de la organización.
LA UIA ADVIERTE SOBRE UN POSIBLE ESTALLIDO
SOCIAL
Aumentará el riesgo conurbano
En
el equipo económico creen que hay que bajar el riesgo país para que la Argentina pueda
tomar más plata y así financiarse mejor. El riesgo país se baja cuando aumentan las
exportaciones, el crecimiento y hay empleo. Si no, vamos a bajar el riesgo país, como
hasta ahora, pero aumentaremos el riesgo conurbano. La frase no la dijo ningún
político de izquierda sino el secretario de la Unión Industrial Argentina, José de
Mendiguren. Agitando el fantasma de un estallido social, la UIA continuó ayer con sus
críticas al Gobierno por la pasividad frente a la crisis productiva.
El martes, durante una asamblea que convocó a más de 400 dirigentes empresarios de todo
el país, los directivos de la Unión Industrial advirtieron que el desempleo llegaría en
los próximos meses, como durante el tequila, al 18 por ciento y responsabilizaron al
Gobierno por no adoptar medidas para aminorar el impacto de la crisis internacional sobre
la producción local. Ayer, el ministro del Interior, Carlos Corach, salió al cruce de
esas declaraciones al manifestar que la actual crisis económica no es
responsabilidad del Gobierno.
Por su parte, De Mendiguren subió la apuesta. Este es un modelo que es muy bueno en
el crecimiento de muchas cifras pero cada vez expulsa más gente del mercado
laboral, afirmó. En tanto, agregó que la caída del nivel de actividad, de
las exportaciones y los altos costos financieros hacen que la producción en la Argentina
hoy sea una odisea. Finalmente, el dirigente insistió en que terminaremos el
primer semestre del año con un desempleo del 18 por ciento y advirtió sobre el
riesgo conurbano, en alusión a los saqueos a supermercados ocurridos en la
región en los tiempos de la hiperinflación.
Por otro lado, el titular de la entidad, Alberto Alvarez Gaiani, aclaró que el planteo de
que el secretario de Industria sea un empresario pyme, incluido dentro de las conclusiones
del seminario, no se trata de un pedido de renuncia contra Guadagni. Y
reiteró que el tema de salir o no de la convertibilidad es un debate abierto dentro de la
UIA, pero que por ahora la institución no se expedirá oficialmente al respecto.
FRIGERIO (NIETO) TIENE SU REVISTA
No se repetirá lo de Brasil
La crisis
brasileña estalló cuando uno de los estados provinciales, Minas Gerais, declaró
unilateralmente la moratoria de su deuda, desatando el pánico en la comunidad financiera.
¿La experiencia podría repetirse en Argentina, en el caso de que una provincia se
declarara insolvente? La cuestión es analizada en el primer número de la revista
Economía y regiones, editada por la Secretaría de Programación, conducida por Rogelio
Frigerio. Según la publicación, dirigida por Guadalupe Vásquez, jefa de Prensa de la
Secretaría, la respuesta es no. Las razones son varias:
Más del
90 por ciento de la deuda provincial con entidades bancarias y financieras posee como
garantía los recursos que las provincias reciben del régimen de coparticipación federal
de impuestos.
Este es
un mecanismo automático de pago, ya que el Banco de la Nación retiene automáticamente
los fondos que deben ser girados a los diferentes acreedores.
En el
caso de los títulos públicos en provincias el uso de la garantía de coparticipación
cubre el 33 por ciento de los títulos. El resto corresponde a emisiones de las provincias
más grandes, con un elevado nivel de recursos propios.
Según el informe, el stock de la deuda provincia asciende a los 13.107 millones de pesos.
Y este año las provincias tendrán que pagar 1061 millones en concepto de intereses y
1919 de amortizaciones.
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