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Por Susana Viau y Eduardo Tagliaferro
Quienes estuvieron presentes en el pequeño despacho del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py quedaron azorados al escuchar la frase con que Sarlenga se dirigió varias veces al fiscal Stornelli: "No afloje, doctor. Siga adelante". El tono no parecía irónico y los espectadores creyeron notar cierta angustia en la mirada del ex interventor. Hasta ayer, los rumores indicaban que Sarlenga estaba desgastado por su situación y podía avenirse a ser el protagonista de una larga exposición. Basado en esos datos, Stornelli había elaborado una lista de 200 preguntas cuidadosamente entramadas. La decisión de Sarlenga causó sorpresa, pero mucha más provocaron los fundamentos que expuso el procesado: "No quiero enrarecer más el clima político", dijo Sarlenga, un personaje clave en la operación, que no actúa movido por razones de Estado sino más bien por una sumisa dependencia de sus comprovincianos en el poder. Esta hubiera sido su segunda declaración y, con seguridad, la más rica puesto que en los cuatro años que pasaron desde su primera presentación ante el juzgado, los investigadores pudieron reconstruir con aceptable precisión cómo se estructuró el negocio por el cual 6500 toneladas de armamento fueron vendidas a los Balcanes y embarcados 5 mil fusiles FAL y 75 toneladas de munición rumbo a Ecuador. Su silencio fue un revés para el desarrollo de la investigación, aunque mucho menor, en verdad, que el que puede asestarle el dictamen elaborado por el procurador. Fue un subordinado de Becerra, el fiscal Roberto Leanza, quien planteó al juez Aguinsky la incompetencia de su tribunal para entender en un tema que, de acuerdo con su punto de vista, involucraba a estados extranjeros. La interpretación no dejaba de ser curiosa ya que el Estado argentino, representado por la administración menemista, negó desde siempre haber establecido negociaciones con países sobre los que existía un embargo internacional. De todos modos, sin reparar en el detalle, el juez Aguinsky se plegó con rapidez al pedido fiscal. La causa tramitada en el juzgado de Aguinsky, por "contrabando calificado" es un ejemplo de armonía entre abogados defensores, jueces y fiscales acusadores. Los propios defensores oficiales de Sarlenga habían solicitado que la causa que se investigaba en la Justicia federal (Jorge Urso) fuera remitida al juzgado de Aguinsky ya que allí era donde su cliente estaba peor parado. No es un detalle menor que los defensores de Sarlenga sean defensores oficiales y reciban instrucciones del también riojano defensor general, Miguel Angel Romero. Varias fueron las historias que se tejieron en torno de la inopinada postura del fiscal Leanza, sometido a sumario administrativo por haberle comprado el automóvil a un procesado. Una de ellas, relatada por numerosas fuentes a este diario, cuenta que la idea no brotó del arsenal jurídico del fiscal sino de una reunión que éste habría mantenido con el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, y el propio procurador Becerra. Siempre de acuerdo con las fuentes, los sacrificios de Aguinsky y Leanza no habrían sido en vano. Planea por los pasillos oficiales la posibilidad de ofrecerle a uno el juzgado federal vacante por la prisión de Carlos Branca y a otro el juzgado federal de Junín. Para que la causa llegue a puerto seguro, hace falta el dictamen de la procuración. Las 26 o 27 páginas del documento fueron fundamentadas y redactadas por Maximiliano Rusconi y María Elena Agradano de Llano, en cuya capacidad profesional el procurador Becerra confía por diferentes razones. Rusconi pertenece al plantel de abogados que el poderoso estudio de Julio Mayer (abogado, entre otros, de Emir Yoma) ubicó en la sede de la Procuración, en la calle Guido; María Elena Agradano de Llano es, como Becerra, mendocina y lo acompañó con fidelidad cuando el actual procurador fue designado, en 1989, al frente del Departamento General de Irrigación y también en 1991, durante el paso de Becerra por el Ministerio de Obras Públicas, donde revistó como jefa de asesores. Hay quienes afirman, no obstante, que el procurador es precavido y tal vez no haya en danza un dictamen sino dos, por si las moscas.
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Si bien el procurador Nicolás Becerra mantiene silencio,
Página/12 pudo saber que estaría concluido el dictamen en el que, todo indica,
habilitará la competencia de la Corte Suprema en la causa por la venta ilegal de armas a
Croacia y Ecuador. Becerra encargó a su gente de confianza la confección del texto y
para la realización de esa tarea buscó un lugar alejado de la procuración: las
tranquilas oficinas de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Lo que está en
juego es la declaración de incompetencia del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky
que investigó el contrabando de 230 toneladas de pólvora procedente de Fabricaciones
Militares. Pese a su alcance limitado, los expedientes de Aguinsky tienen importancia
estratégica: pueden aspirar hacia la Corte los más de cincuenta cuerpos que se
sustancian en el juzgado federal de Jorge Urso e involucran a altos funcionarios de
gobierno. Un dictamen en tal sentido defraudaría las expectativas del fiscal Carlos
Stornelli, quien ya ayer por la mañana se llevó una fuerte decepción al enterarse de
que el ex interventor en Fabricaciones Militares, el cuasirriojano Luis Sarlenga, se
acogía al derecho constitucional de no declarar.