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Por Eduardo Videla  La falta de preparación
técnica de los efectivos de seguridad para afrontar la mayor violencia delictiva podría
ser el origen de la seguidilla de policías asesinados en los últimos días, según la
opinión coincidente de dos jueces, un comisario retirado y el abogado de un organismo
defensor de los derechos humanos. El caso del suboficial de la bonaerense asesinado el
miércoles por un menor al que había detenido se suma otros en los que los efectivos
actuaron sin las debidas precauciones frente a los agresores. El ministro de Seguridad y
Justicia bonaerense, León Arslanian, reconoció que desde hace 15 años la policía
bonaerense no tenía entrenamiento, “hasta que en setiembre comenzó a implementarse
un programa de capacitación en los 18 departamentos, que ya alcanzó al 25 por ciento de
la fuerza”.El cabo Salomón Stambulli resultó muerto de un balazo en la nuca, disparado por uno de los menores que había detenido minutos antes en San Fernando. El policía había quedado solo al volante de la camioneta y los dos chicos, sin esposas, en el asiento de atrás. Fuentes policiales argumentaron que la ley les impide esposar a menores. Sin embargo, la Ley de Patronato nada dice al respecto. El juez de menores Abel Donadío explicó que “si bien no está permitido tenerlos esposados, cada caso particular debe ser analizado”. Los jóvenes detenidos por Stambulli venían de cometer un robo a mano armada. Para el ex policía Edgardo Mastrandrea, el caso se asocia con el de los dos policías de la Federal muertos en Tribunales, el 13 de marzo último. “Si dos policías no adoptan medidas de seguridad, no están al tanto de lo que es enfrentarse a una situación de riesgo. Estas muertes son perfectamente evitables si los policías estuvieran debidamente preparados”, dijo Mastrandrea, asesor de la Junta de Seguridad de la Legislatura Porteña. El ex policía también se refirió al caso de la agente María Emilia Alzogaray, asesinada en Lomas de Zamora cuando custodiaba la casa de un funcionario judicial, a quien “dejaron sola, sentada en un automóvil, expuesta a un peligro grave e inminente”. El presidente de la Cámara Federal de San Martín, Horacio Prack, coincidió en que este tipo de hechos muestran “una notoria incidencia de la falta de preparación técnica del personal policial, que no cuenta con normas claras de funcionamiento para actuar con seguridad en los procedimientos, sumada a un incremento en la violencia por parte de los delincuentes, que matan por matar”. Por su parte, el juez de Garantías de San Isidro, Juan Makintach, afirmó que “en algunos casos se advierte cierta impericia en el ejercicio de la profesión” y estimó que en caso de San Fernando existió “como mínimo una actitud negligente, que puede obedecer a la falta de preparación”. “La capacitación ha sido deficiente en los últimos años y recién ahora se están haciendo cursos de entrenamiento”, precisó el juez. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el abogado Gastón Chillier opinó que “estos caos dan la sensación del estado grave de indefensión en que se encuentra el personal policial, que no está suficientemente preparado para prevenir este tipo de situaciones”. “No hay una formación sólida en cosas básicas, como evitar que se escapen dos detenidos”, agregó el abogado. Chillier estimó que en estas situaciones se puede hablar de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, por no formar debidamente a su personal. “A esto se suma la necesidad de cumplir servicios adicionales para complementar su sueldo, horas extra en las que están doblemente expuestos porque no están en las mejores condiciones para reaccionar”, agregó el abogado. Una muestra de esta situación la dio Rubén Champonois, compañero del policía muerto en San Fernando: “No podemos trabajar de lunes a sábado de 9 a 17 por 400 pesos. Nos vemos obligados a hacer adicionales para ganar más y eso nos agota”, expresó durante el sepelio de su colega. Arslanian, en diálogo con Página/12, reconoció que “el personal necesita tener una mayor academia, mayor capacitación” y en ese sentido, aseguró que se lo está entrenando en “destreza personal, técnicas de esposamiento e identificación de situaciones de riesgo”. En cuanto a la actuación de personal franco de servicio –que provoca gran cantidad de víctimas entre civiles y policías– aclaró que “existe la recomendación de que no usen su arma si no están en condiciones de evitar circunstancias peores a las que se provocarían si no intervinieran”. El ministro rechazó las críticas a los megaoperativos en asentamientos que formuló el CELS, al sostener que “mediante el gran despliegue de efectivos se logró evitar que muera gente, cosa que sí ocurría antes”.
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