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Por Santiago Rodríguez  La jueza federal con
competencia electoral María Romilda Servini de Cubría solicitó ayer a su par cordobés
Ricardo Bustos Fierro que se inhiba de seguir tramitando la causa en la que él mismo
abrió la puerta a la posible re-reelección de Carlos Menem. La magistrada –que más
de una vez cumplió los deseos de la Casa Rosada, pero que en los últimos tiempos ha
mostrado también un juego propio para despegarse del menemismo– pretende así
hacerse de la llave del futuro del Presidente. La decisión de Servini dibujó una sonrisa
en la cara del gobernador Eduardo Duhalde.La resolución de Bustos Fierro que habilitó a Menem para competir en la interna peronista es la piedra fundamental de la cada vez más devaluada estrategia del menemismo para lograr la re-reelección. El justicialista bonaerense Orlando Caporal había solicitado a Servini que se hiciera cargo de la causa, de modo de sacarla de las manos del magistrado cordobés, cuya decisión en favor de Menem fue denunciada por el duhaldismo y la oposición como prueba de su fe menemista. Servini reclamó para sí el expediente que trata la posible re-reelección de Menem y le señaló a Bustos Fierro que en caso de no compartir su criterio eleve las actuaciones a la Cámara Nacional Electoral para que ese tribunal resuelva el eventual litigio de competencia que entonces quedaría planteado entre ambos. La jueza fundamentó su pedido en que: u El artículo 94 de la Constitución nacional establece que, en materia de elección de presidente y vicepresidente de la Nación, “el territorio nacional conformará un distrito único”. u El artículo 60 de la Ley Electoral vigente prevé para ese mismo caso que “la presentación de fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral en la Capital Federal”. En otras palabras, Servini dejó en claro que en caso de que el menemismo insista con postular a Menem para un nuevo mandato, será ella quien debe resolver sobre su habilitación. Y, por si quedaban dudas, sostuvo que la decisión de Bustos Fierro constituye “una injerencia en una jurisdicción que no le compete”, además de señalar que es también su juzgado el que “deberá dirimir definitivamente” cualquier conflicto que se plantee dentro del justicialismo en torno de la elección de sus candidatos a presidente y vice. Los argumentos de Servini son los mismos que en su momento expuso el fiscal Jorge Di Lello en un dictamen en el que se pronunció sobre la incompetencia de Bustos Fierro para entender sobre la posible rereelección de Menem. Bustos Fierro accedió a dictar la medida cautelar solicitada por el apoderado del PJ cordobés a fin de que no se impida a Menem participar de la interna peronista y ahora estaba abocado a estudiar la cuestión de fondo: o sea, si es constitucional o no un nuevo mandato de Menem. El eventual pase de ese expediente al juzgado de Servini podría complicar definitivamente las aspiraciones de Menem de perpetuarse en el poder. De ahí el entusiasmo con el que Duhalde declaró ayer que “lo he dicho permanentemente: Bustos Fierro no es competente porque la competencia para un tema como el que se ha presentado corresponde a un juez de la Capital”. Es que si Bustos Fierro se resiste a entregar la causa, el litigio de competencia deberá resolverlo la misma Cámara Nacional Electoral que el miércoles último comunicó al PJ que Menem se encuentra “constitucionalmente impedido” para presentarse como candidato a presidente. Y es también ese tribunal el que deberá intervenir aun en el caso de que el magistrado cordobés acceda a desprenderse de la causa y Servini cumpla, como en los viejos tiempos, el mandato de la Casa Rosada.
UN PEDIDO DE INFORMES SOBRE ORLANDO CAPORAL
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Caporal fue
designado como delegado interventor en el Hipódromo en marzo de 1997 con la misión de
privatizarlo en seis meses. Duhalde deberá explicar qué extraño acto administrativo
permitió la designación. Caporal está inhabilitado para ejercer cargos públicos por un
fallo de la Suprema Corte bonaerense del 7 de marzo de 1967. La misma Corte desestimó en
1996 un recurso extraordinario de prescripción de la pena, y en noviembre de 1998 la
Fiscalía de Estado de la provincia dictaminó que la exoneración se mantenía vigente.
Duhalde deberá hacer memoria para recordar cuándo tomó conocimiento de la situación y
por qué no adoptó ninguna medida para impedir su designación como subsecretario de
Trabajo en 1991, y luego como secretario general de la Gobernación.