Panorama Economico
Academia de evasores
Por Julio Nudler |
Marcelo, quería
avisarle personalmente que su diseño me pareció el mejor. No era la primera vez
que Raúl Alfonsín llamaba al despacho de director que Da Corte tenía en el Banco
Central desde el regreso de la democracia, pero nunca había sonado tan cariñoso. En esa
ocasión lo consagraba como inventor del símbolo que representaría al austral: una A con
doble barra horizontal. Era su segundo éxito como diseñador, ya que anteriormente había
ideado el logo de la campaña presidencial del radicalismo, un óvalo con las iniciales
R.A., que inducían a equiparar Raúl Alfonsín con República Argentina.
Joven brillante para unos, pendejo pechador para otros, con militancia en la
Franja Morada de Económicas en los 70 y de rauda carrera posterior en la consultora
Pistrelli Díaz-Arthur Andersen, Da Corte conquistó a los 29 años un sillón en el
directorio del BCRA gracias a su vinculación con la Junta Coordinadora. Aunque la
presidencia del Central fue para Ricardo García Vázquez, éste no consiguió designar a
ningún miembro de la Comisión de Economía y Finanzas del Comité Nacional de la UCR,
que él conducía. El privilegio de colocar a los directores fue de Enrique Nosiglia.
El manejo de la deuda externa le permitió a Da Corte mostrar su pragmatismo,
convirtiéndose en una barrera al ideologismo de los radicales históricos, provenientes
de la era Illia. El se encargó de descarrilar la investigación de la deuda fraguada, sea
por inexistente o por provenir de autopréstamos. Su actitud le ganó la confianza del
equipo de Juan Vital Sourrouille, asumido en febrero de 1985, que para remendar las
relaciones con el FMI y la banca acreedora, llevadas al borde del colapso por Bernardo
Grinspun, debía archivar cualquier actitud irritante para el establishment financiero. El
Día de Reyes de 1986, Da Corte asumió como director general de Impositiva, a pesar de
que los impuestos no eran su fuerte. Era su trofeo.
Mientras tanto, un tal Héctor Salgado había descubierto el negocio de comprar por
monedas empresas tan endeudadas con el Estado (DGI, Seguridad Social, Banade, Nación,
Ciudad) que sus pasivos superaban a los activos. Luego, valiéndose de sus relaciones
políticas en el radicalismo, lograba reprogramar las deudas o cancelarlas en condiciones
muy favorables. Un vínculo clave era Rubén Rabanal, quien por entonces presidía la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y tenía como mano derecha
a María Asunción Alegretti, más conocida como Coca Salgado, mujer de Héctor. Ella
pasaría luego a asesorar al también diputado radical Hugo Socchi, que jugó un
importante papel en la promoción industrial.
Cuando estalló el escándalo del gigantesco fraude fiscal del Grupo Koner-Salgado, fue Da
Corte quien llevó la embestida. Para algunos observadores ajenos a la UCR, aquella fue
una especie de guerra civil dentro del radicalismo, en la que la Coordinadora ajustó
cuentas con Salgado y sus aliados, debilitados por la temprana muerte de Rabanal.
Irónicamente, el fraude fiscal, caracterizado como contrabando documental, por el que el
juez Osvaldo Enrique Lorenzo ordenó recientemente la captura de varios directivos de
Rhasa y de Da Corte, muestra que éste, antes de profugarse, había aprendido lo
suficiente de Salgado.
Campana, por cuyo puerto ingresó el combustible de esta historia y en cuyo country club
Los Cardales mora Da Corte, según la orden de allanamiento, es también donde Rhasa tiene
su planta (una refinería no integrada), exactamente en lo que fuera la fábrica militar
de tolueno sintético, instalada en 1952 como parte del equipamiento bélico con el que
Juan Perón quería convertir a la Argentina en proveedora de los contendientes de la
Tercera Guerra Mundial, cuyo estallido él avizoraba. Como todo lo que hubo fue la Guerra
Fría, la planta terminó refinando combustible para las Fuerzas Armadas con la marca
Famitol (es decir, Fábrica Militar Tolueno), y en los inicios del menemismo resultó
privatizada. Fue entonces cuando la adquirieron Jorge Sambucetti y los suyos, aunque en el
ambiente siempre se supuso que el verdadero dueño era Diego Ibáñez, y que el
establecimiento le fue cedido como prenda para asegurarse que el sindicato petrolero no
obstaculizaría la privatización de YPF.
A mediados de 1998, desde Industria y Comercio se le comentó a la AFIP un sospechoso
aumento de importaciones que eludían pagar impuestos, valiéndose de empresas
promocionadas, que pueden diferirlos. Fueron así destapándose varios casos, el mayor de
los cuales, denunciado a la Justicia el 10 de diciembre de 1998, es el de Rhasa, de la
familia Sambucetti, y dos firmas presididas por un asesor de aquella llamado Marcelo Da
Corte. El combustible ingresaba al país consignado a favor de Rhasa (Rutilex
Hidrocarburos Argentina SA), pero ésta, antes de retirarlo de la Aduana le transfería el
dominio de los cargamentos a Estancias Realicó, empresa lechera de Da Corte que el 1° de
octubre de 1997 se inscribió como comercializadora y distribuidora de combustibles y dos
semanas más tarde efectuó su primera operación, aunque nunca contó con tanques ni
vehículos ni proveedores ni clientes. Como Realicó aducía aportes de capital efectuados
en Emexal, también presidida por Da Corte y acogida a los beneficios de la promoción
industrial en San Luis, al pasar por Aduana difería el IVA (21 por ciento) y quedaba
exenta del régimen de percepción del IVA (9 por ciento) y de retención anticipada de
Ganancias (3 por ciento). En total, Realicó se ahorraba el 33 por ciento.
Los investigadores determinaron que la verdadera importadora del combustible era Rhasa
(sus principales proveedores son la Total, Interpetrol y Coastal), aunque esas operaciones
no aparecían en su contabilidad ni en la de Estancias Realicó, y tampoco pudieron
detectarse movimientos de fondos que avalaran la realización de esas compras en el
exterior. Las naftas y los solventes eran almacenados en los tanques fiscales de Rhasa y
allí permanecían hasta su despacho a plaza. El combustible, teóricamente transferido a
Estancias Realicó, nunca le era entregado.
Siendo Rhasa el verdadero importador, destinatario final y usuario del combustible, que
vendía en su red de 120 estaciones de servicio, algún beneficio debía obtener Da Corte
por prestar el nombre de sus empresas para la maniobra. El precio de este favor era igual
al IVA (21%), que Rhasa le pagaba porque así lograba ahorrarse el otro 12%. Teniendo en
cuenta que el perjuicio fiscal es calculado en, como mínimo, 37 millones de pesos, las
importaciones investigadas debieron superar los 100 millones. Como resultado del
diferimiento, Realicó acumulaba deuda con Impositiva por el IVA postergado, que debería
saldar en cinco cuotas anuales, pero recién después de transcurridos diez años. Lo
habitual en estos casos es que la empresa deudora quiebre o desaparezca de alguna forma
antes de que llegue el momento de pagar.
El affaire Da Corte no mereció ninguna explicación pública por parte de la UCR, pese a
haber sido el hombre que por más de tres años condujo Impositiva durante el último
gobierno radical. En cierto modo, los casos de Ricardo Cossio (imputado por la gigantesca
contratación directa con IBM) y de Hugo Gaggero (asunto IBM-Banco Nación) volvieron
habitual el encausamiento judicial por fraudes fiscales de los máximos responsables de
combatirlos. En el radicalismo responden que, después de 1989, Da Corte no apareció más
por allí, mientras técnicos como Alfredo Fólica procuran que un eventual gobierno de la
Alianza termine con el festival evasor de la promoción.
Aunque de Da Corte sólo se dice que, al volver al llano, pasó a dedicarse a negocios
privados (entre ellos el del agua mineral), una importante figura actual de la
Administración Federal de Ingresos Públicos asegura haberse tropezado con el ex DGI en
llamativas circunstancias. Se trataba de la venta de Vasoplast, una firma que
anteriormente había enajenado el Banco Central a bajo precio después de haber
intervenido el Banco de Italia, que por créditos incobrables se había quedado con
ella.El caso del Italia dio lugar a un famoso proceso que terminó en sobreseimiento
general.
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