Por Claudio Zlotnik
 Tal como se lo instruyó
Carlos Menem durante la última reunión de gabinete, Roque Fernández empezó a moverse
para convencer a los dirigentes del campo de que no lleven adelante el anunciado paro
nacional. Ayer, Roque le pidió al jefe de asesores del equipo económico que saliera a
bajarle el tono a la polémica. Pero el sector agrícola no es el único frente abierto
que tiene el Gobierno. La plana mayor de la Unión Industrial consensuó ayer que Osvaldo
Rial será el nuevo presidente de la entidad a partir del próximo 30 de abril. En la
práctica, la decisión reafirma lo que los industriales han venido mostrando en los
últimos días: un perfil alto, de fuerte exposición, para reclamarle al Gobierno
políticas activas que sirvan como auxilio en medio de la crisis.
“Les pido a los industriales y ruralistas que entiendan que no es que haya una
situación de total ignorancia o indiferencia de parte del Gobierno. Entendemos sus
dificultades y, desde Economía, se intenta dar lo máximo dentro de los límites que fija
la situación fiscal y los acuerdos internacionales”, afirmó Miguel Kiguel durante
una conferencia de prensa, resignado a la suerte que le tocó jugar a Economía: pedir sin
dar nada a cambio.
El segundo paso para intentar cumplir con los deseos del Presidente de llegar a diciembre
sin tener que toparse con conflictos sectoriales lo dará el propio ministro. Será pasado
mañana, cuando se comunique con Enrique Crotto, titular de la Sociedad Rural, según
reconoció a Página/12 un estrecho colaborador del ministro. Sin embargo, en Economía no
son optimistas. “Pondremos la mejor voluntad, pero va a ser difícil lograr que se
levante el paro”, admitió el funcionario dando a entender que si bien Roque está
dispuesto a no pelearse con los hombres de campo, se mantendrá inflexible respecto de los
reclamos sindicales. “La reforma tributaria no se toca”, repitieron ayer en el
Palacio de Hacienda.
Justamente, los ruralistas centran sus críticas en los dos puntos de la reforma fiscal:
el gravamen sobre los intereses de los créditos y el de la renta presunta. El próximo
martes, durante una reunión que mantendrán los presidentes de las cuatro entidades del
campo, se definirá si éstas organizan una medida de fuerza en conjunto o si, por el
contrario, cada una continúa con las medidas de fuerza individuales, ya programadas.
Al hablarles a los industriales y al agro, Kiguel dejó de lado la virulencia que Roque
utilizó el día anterior, cuando durante la reunión de gabinete acusó de evasores a los
productores agropecuarios. En cambio, apoyó su discurso en los factores externos que
están impactando sobre la economía y en la imposibilidad de ceder ante los pedidos para
no afectar las cuentas fiscales. René Bonetto, presidente de la Federación Agraria, no
tardó en replicar. “Roque Fernández no defiende los intereses de la gente sino los
del FMI y de los grandes grupos económicos”, disparó.
Pero los problemas para el Gobierno no se limitan al campo. La escalada en el
enfrentamiento entre la UIA y el Gobierno apuraron las definiciones en la central fabril.
Ayer durante la mañana, los titulares de las dos fracciones internas de la UIA
–Diego Videla (MIA) y José Ignacio de Mendiguren (MIM)– llegaron a la
conclusión de que para tener más efectividad en los reclamos a Economía debían
mostrarse unidos. Fue por eso que rápidamente acordaron formar una lista de unidad que
lleve a Osvaldo Rial, actual vice de la UIA y miembro del directorio del Banco Provincia,
como reemplazante de Alberto Alvarez Gaiani, y al propio De Mendiguren (actual secretario)
como su segundo. En la oficialización de los nombramientos, el próximo martes, los
directivos de la UIA anunciarán también que su consejo directivo tendrá seis vocales
más. “Es una muestra de que queremos darle más peso político a la entidad”,
comentó anoche un empresario a este diario. Alvarez Gaiani formará parte de ese consejo
directivo. “Gaiani se va porque perdió su pelea con Roque; no hay dudas deque Rial
levantará aún más el tono para darle cauce a la bronca de los industriales”,
comentó a Página/12 otro miembro de la UIA.
| Desempleo a la brasileña El índice de desempleo abierto (que no toma en cuenta a los subempleados que
hayan tenido algún trabajo remunerado en las cuatro semanas previas a la encuesta) en las
seis principales regiones metropolitanas de Brasil llegó al 7,41 por ciento en marzo,
tras haber alcanzado a 7,73 por ciento en enero. Según el Departamento Intersindical de
Estudios Estadísticos, en cambio, en San Pablo el desempleo llegó en febrero a 18,7 por
ciento. “No debemos despreocuparnos, el desempleo está aumentando y el gobierno
está empeñando esfuerzos para crear puestos de trabajo”, dijo ayer el presidente
Fernando Henrique Cardoso. Por otra parte, el economista jefe de The Conference Board
–asociación que agrupa a las 200 mayores corporaciones de Estados Unidos–, Gail
Fosler, estimó que pese a la reciente reducción de las tasas de interés domésticas,
los problemas de la economía probablemente empeorarán, el dólar treparía hasta 2,40
reales para estabilizarse luego en torno de los 2,20. Indicó, asimismo, que este año el
PBI brasileño declinará entre 3 y 4 por ciento y que la contracción se extenderá hasta
entrado el año 2000. |
AUMENTO DEL GASTO Y DISTRIBUCION ELECTORAL DE
ATN
“Este es el Plan de Menem”
El ex
ministro de Economía, Domingo avallo, culpó ayer al presidente Carlos Menem de echarlo
para aumentar el gasto público y lo responsabilizó por la crisis económica. Además, el
candidato presidencial de Acción por la República acusó al ministro del Interior,
Carlos Corach, de utilizar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para “sobornar”
a los gobernadores del PJ a fin de posponer las internas de ese partido. Roque Fernández
tampoco salió bien parado en las declaraciones del economista.
“Cuando yo era ministro realmente manejaba la política económica”, dijo el ex
funcionario bajo cuya gestión la desocupación y la precarización laboral alcanzaron
niveles inéditos en el país. “Menem quería que la economía se manejara no con el
Plan Cavallo sino con el Plan Menem y ahí estas las consecuencias”, aseguró. Al
respecto explicó que la crisis es el resultado del descuido del gasto oficial
“porque el Ministerio de Economía perdió el control de las relaciones fiscales
entre la Nación y las Provincias”. El misil estuvo dirigido a Corach, desde cuyo
ministerio se distribuyen los ATN, y a quien responsabilizó de no premiar a las
jurisdicciones más “austeras”. En su opinión Menem no gobierna, sólo esta
ocupado de buscar la re–reelección, y “quien tiene la herramienta para
disciplinar a las provincias, que es el ministro del Interior, se está ocupando de
sobornar gobernadores para que voten postergaciones en las internas”.
El uso electoral de los ATN por parte del gobierno ya había sido denunciado por diversos
diputados la semana pasada, incluyendo legisladores oficialistas. En este caso la
imputación pasó por el presunto aporte de 20 millones de pesos para la campaña de Juan
Manuel de la Sota en Córdoba y otros 12 millones en beneficio del catamarqueño Ramón
Saadi.
Por otra parte, Cavallo consideró que el equipo económico “ahora se encuentra con
que el gasto público ha aumentado mucho y la única forma que se les ocurre para
reducirlo es bajando sueldos”. Una medida que, tal como admitió el propio ex
ministro, adoptó durante el efecto Tequila. La crítica a Fernández fue matizada con una
irónica defensa. “No hay que echarle la culpa” –razonó– pues
“siempre asumió el rol de un Secretario de Hacienda”.
Tantos decomisos de bienes era
sospechoso
El
sistema de recompensas a los agentes aduaneros por decomiso de mercaderías le estaba
saliendo caro a la AFIP. Ayer, el organismo que encabeza Carlos Silvani derogó el
régimen que beneficiaba a los agentes denunciantes y aprehensores de hechos ilícitos que
dieran lugar al decomiso de cargamentos, tras notar el inusitado aumento de denuncias, en
muchos casos de dudosa autenticidad.
“Se ha observado una producción masiva de denuncias, sin un adecuado análisis
previo sobre su seriedad o verosimilitud”, explica el decreto de derogación en sus
fundamentos. No era para menos: los funcionarios denunciantes se hacían acreedores, en
cada decomiso, a una participación en el producido de las ventas de la mercadería
involucrada, “recompensas que alcanzan magnitudes desproporcionadas”, señala la
norma.
Por otra parte, la AFIP explicó que “el régimen aparece como cuestionable”,
teniendo en cuenta que los empleados públicos están obligados a denunciar un hecho
ilícito según lo establecen el Código Penal y el Aduanero. Sin embargo, a partir de la
vigencia del régimen de recompensas pareció que, de pronto, los funcionarios de las
áreas de fiscalización y operativas comenzaron a trabajar a destajo.
El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial no deroga, sin embargo, la metodología
de la recompensa totalmente, sino que modifica la forma de distribución de los
resultados. A partir de ahora, el 25 por ciento se destinará a rentas generales y otro 25
por ciento a las fuerzas de seguridad actuantes en los distintos procedimientos. El 50 por
ciento irá a parar a una cuenta denominada “Productividad, Eficiencia y
Fiscalización”, para integrar un fondo que será repartido entre todo el personal de
la Aduana.
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