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Por Marcelo Justo desde Londres
El último encuentro entre la baronesa y el genocida fue el 5 de octubre cuando el general Pinochet se paseaba por Londres gestionando compras de armas, visitando Harrods y consultando médicos por ese dolor de espalda que luego de la operación se convertiría en el interminable dolor de cabeza de una prisión. La baronesa lo invitó a tomar el té en su casa y juntos, traductor mediante, departieron durante una hora sobre viejas glorias de la Guerra Fría en la residencia de la ex primer ministro. Ayer el genocida le devolvió la gentileza con un café matutino pero a diferencia del primer encuentro, que sólo trascendió después del arresto del general, en éste estaban las cámaras de otro viejo simpatizante de ambos, el magnate australiano Rupert Murdoch, quien transmitió el evento en vivo y en directo por la cadena satelital Sky, y la presencia de Lucía, la mujer del general, quien añadía un marco familiar al evento. Entre las gentilezas de rigor la baronesa no tuvo empacho de intercalar un par de mentiras, que como se sabe desde Goebbels, cuanto más repetidas más se fijan en la mente del populacho. Aparentemente la baronesa no había dejado de pensar en el viejito genocida desde el último encuentro hacía más de cinco meses, pero no había podido visitarlo antes por "problemas de agenda". Después de tanto tiempo, no iba a andar regateando elogios o midiendo palabras en la sala de la residencia prisión del anfitrión, así que sin ruborizarse le dijo que "gracias a usted Chile recuperó la democracia". El general le sonrió en agradecimiento y tras un breve encuentro privado posaron otra vez para las cámaras, ahora acompañados por el hijo, la nuera del general y la omnipresente Lucía, en la típica sonriente foto familiar que demuestra sin lugar a dudas que no es un viejo genocida sino un hombre con sentimientos. La coreografía televisiva tiene dos obvios destinatarios: la opinión pública británica y Jack Straw. El ministro del Interior tiene que decidir si autoriza la iniciación del proceso de extradición del general Pinochet a España a pesar de que los siete jueces lores disminuyeron los cargos de 32 a 3 por considerar que no podía ser extraditado a España por crímenes cometidos con anterioridad a 1998, año en que Gran Bretaña incorporó a su legislación la Convención contra la Tortura. Las organizaciones de derechos humanos parecen confiadas en que la extradición seguirá vigente aún si hubiera un sólo cargo, y por las dudas el juez Baltasar Garzón ha indicado que hay muchos otros casos posteriores a esa fecha (ver recuadro). Sin embargo, la lucha promete ser feroz. En su editorial ayer el semanario The Economist atacó duramente el "decepcionante" fallo de los lores y opinó que el intento de extradición puede fracasar. "En vez de ofrecer un dictamen claro sobre el alcance de la ley internacional, los lores han confundido tanto el panorama que su dictamen no influirá en ninguna corte del mundo y es posible que hasta para los tribunales británicos no entiendan qué tienen que hacer". Según el semanario, con su dictamen los lores han convertido a Gran Bretaña en un paraíso para "criminales" al reinterpretar por completo la ley de extradición, añadiéndole contra natura el principio de irretroactividad, que redujo de 32 a tres los cargos. "Aunque el dictamen significa que por el momento Pinochet debe permanecer en Gran Bretaña, es muy probable que ahora la extradición naufrague", dice el The Economist. Otra medida del desafío legal y político que se viene en torno al caso es que Jack Straw, político cauteloso, contrató un día después del fallo a uno de los más caros especialistas en la materia. El abogado Jonathan Sumption gana más de un millón y medio de dólares por año, cobrará unos 1300 dólares la hora por sus servicios y tendrá entre sus funciones asegurar que Straw adopte una decisión a prueba de balas desde el punto de vista legal, como para poder desviar cualquier ataque político que le llegue de la alianza propinochetista británica que encabeza la baronesa Thatcher.
LAS IMPLICANCIAS ARGENTINAS DEL FALLO DE LOS
LORES Por Santiago Rodríguez
"El fallo de los lores británicos es sumamente positivo porque reafirma que no hay impunidad para los crímenes de lesa humanidad y fortalece, de alguna manera, todos los procesos judiciales abiertos en el exterior contra los militares argentinos. Esa es la consecuencia más explícita en relación con la Argentina", opinó el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Martín Abregú. "Si bien la doctrina internacionalista reconoce claramente la jurisdicción universal para juzgar las violaciones a los derechos humanos, hasta ahora esto había sido esporádicamente utilizado por los tribunales locales", añadió Abregú. También apuntó que la limitación de las imputaciones contra Pinochet se refieren sólo a su caso y obedecen a las "características del acuerdo de extradición entre Gran Bretaña y España". La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Alcira Ríos, consideró que aún en el caso de que alguno de los 76 militares argentinos contra los cuales Garzón libró orden de captura internacional sea arrestado en Gran Bretaña, no les cabría automáticamente la misma resolución adoptada para Pinochet. "Cada situación de hecho es diferente", explicó Ríos y destacó que el límite que los lores británicos fijaron en el '88 sólo es aplicable a "la inmunidad como jefe de Estado" del ex dictador chileno. En el mismo sentido, la abogada Mirta Mántaras destacó que la "clave" en el caso de los militares argentinos está en "la Convención contra el Genocidio, que fue ratificada por Argentina en el '56. O sea que todos sus actos son posteriores a ese tratado que establece la inexistencia de la prescripción penal para el delito de genocidio". Mántaras calificó también como positivo el fallo de los lores porque "reconoce la posibilidad de juzgamiento de la violación de los derechos humanos en los países donde no se los ha cometido". Y subrayó que "el caso Pinochet puso sobre el tapete la obligación moral y la posibilidad real de juzgar los crímenes de lesa humanidad y abrió al debate de la opinión pública la forma de hacer que esos delitos no queden impunes porque en el país donde se los cometió no se los quiere juzgar". "Este fallo toma la convención contra la tortura como si fuera un simple tratado y sus consecuencias son muy magras con respecto al anterior fallo de los lores, en el que cualquiera que hubiera cometido un crimen de lesa humanidad quedaba enganchado sin importar la época en que lo cometió", explicó Juan Travieso, titular de las cátedras de Derecho Internacional y de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la UBA. Coincidió, de todos modos, que a los militares argentinos sólo "podría, en principio, beneficiarlos" si fueran arrestados en Gran Bretaña.
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