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Por Sergio Moreno y Adriana Meyer  “Después de esta
declaración y estas pruebas, me parece, doctor, que nos vamos a ver a menudo.” La
ironía que salió de los labios del fiscal Miguel Angel Osorio estaba dirigida al abogado
defensor del ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, brigadier José Agustín Vanden
Panhuysen. El fiscal se refería al testimonio que acababa de realizar en el juzgado de
Jorge Urso un periodista de Página/12 (coautor de esta nota) sobre el espionaje ilegal
efectuado por los aviadores a diez periodistas y una ONG de mujeres en 1997. El juez
convocó como testigos a los periodistas espiados y la mayoría de ellos creyeron factible
que el seguimiento se haya realizado, amén de dar crédito sobre la existencia de la
orden de inteligencia por el cual se los mandó a investigar. Un editor del diario La
Nación aportó, además, pruebas sobre presiones que altos oficiales de la fuerza
ejercieron sobre él y algunos de sus cronistas mientras cubrían temas sobre seguridad
aérea y aeroportuaria.El juzgado había citado a los periodistas cuyos nombres aparecieron en la Orden de Pedido de Inteligencia (OPI) realizada por el Departamento III de la Jefatura II (Inteligencia) Nº 057/97, a cargo en ese entonces del comodoro Jorge Alberto López, a fin de que los espías militares los investiguen porque “los nombrados en diversas oportunidades elaboraron artículos periodísticos en diarios de la Capital Federal, donde se realizaban críticas a la seguridad aeroportuaria y/o a las privatizaciones a llevarse a cabo”. Página/12 reveló en exclusiva la existencia de ese documento, junto con un parte de inteligencia donde se detallaba minuciosamente el seguimiento que hizo la fuerza al Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) durante una marcha que la ONG realizó el Día Internacional de la Mujer en 1997. Las Fuerzas Armadas tienen expresamente prohibido por la Ley de Defensa realizar tareas de inteligencia interna. La publicación de los documentos originó la sanción de cinco aviadores (entre ellos, Vanden Panhuysen y López), la realización de un sumario interno y la presentación ante el juzgado de Urso de una autodenuncia para que se investigue el episodio. Durante los días 15, 16, 17 y 18 de marzo pasaron por las oficinas del magistrado Alcadio Oña y Rolando Barbano de Clarín, Roberto Solans y Adrián Ventura de La Nación, Dolores Olveira de El Cronista y Sergio Moreno de Página/12. Consultados por este diario, relataron que el fiscal estaba interesado en saber si daban crédito a la existencia de la OPI y si las directivas que emanaban de ella fueron cumplidas. La mayoría de ellos dijeron que sí. Adrián Ventura, columnista de La Nación, dijo a Página/12: u “No entiendo por qué me espiaron, ya que ni siquiera escribí sobre seguridad (aeroportuaria), sino sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la privatización de los aeropuertos. Sólo me avoqué al aspecto judicial de esto. Pero eso no justifica ningún seguimiento.” u “Me preguntaron si me di cuenta o si sufrí el seguimiento. Cuenta no me di, pero se supone que los espías deben ser lo suficientemente profesionales como para realizar una investigación sin que uno se dé cuenta.” El coautor de esta nota y autor del texto que reveló el episodio de espionaje estaba presente en el momento en que Osorio le hizo el comentario irónico que abre estas líneas a José Ignacio Garona, abogado del brigadier Panhuysen. El periodista acababa de declarar como testigo en la causa y, según se desprende del comentario del fiscal, sus palabras le darían envión a la causa. El editor de Página/12 aportó fotocopias de los documentos reproducidos por el diario el 23 de noviembre del año pasado, cuya publicación desató el escándalo. Además, entregó al juzgado una serie de volantes de agrupaciones políticas que se encontraban en la marcha del MML, los cuales estaban adjuntos a los partes de inteligencia clasificados como anexos I, II y III. Las agrupaciones políticas a las que pertenecíanlos volantes figuran en un libro secreto de la Fuerza Aérea con una letra “S” que, según dijo el actual jefe de inteligencia del arma, comodoro Huberto Tulián, a uno de los funcionarios judiciales que allanaron la sede de la fuerza en diciembre del año pasado, significa “que son subversivos”. El editor de Página/12 relató en la sede judicial la manera en que accedió a la documentación y las características de los papeles secretos de la inteligencia aeronáutica. Además, ante preguntas del fiscal y del defensor de Vanden Pahuysen, respondió que: u Tuvo la sensación de haber sido seguido, pero no podía afirmar que haya sido por este caso. u Dio crédito a la existencia de las OPI y que se ejecutaron. “Nosotros publicamos las pruebas de su existencia.” u “Quien emitió esas órdenes sabía los que quería y hacia dónde se dirigía, quería saber quiénes éramos y de dónde veníamos.” A su turno, el editor de La Nación Roberto Solans aportó al juzgado algunos datos que hablan del accionar y la preocupación de la Fuerza Aérea sobre el trabajo y las investigaciones de los periodistas durante 1997. Solans describió a este diario parte de su declaración como testigo, cuyos datos salientes son éstos: u En abril de 1997 empezó a escribir notas sobre fallas en la seguridad aérea, pero en vez de hacerse eco de las denuncias de los pilotos, él las comprobó desde la cabina en vuelos comerciales porque él mismo es piloto. u En mayo de ese año lo convocaron a una reunión con el entonces secretario general de las Fuerza Aérea, brigadier Juan Manuel Vázquez, y el comandante de regiones aéreas, brigadier Roberto de Saá. Pero se sorprendió cuando acudió al encuentro porque estaba la plana mayor del comando de regiones. Allí los aviadores hablaron de una campaña en la cual los periodistas eran agentes de los pilotos. “Me sentí apretado porque atacaron mucho a colegas que estaban ausentes, pero lo peor fue la amenaza de denunciarnos ante el ombudsman nacional, Jorge Maiorano, por el delito de propiciar conmoción interna”. Según Solans, quien más atacó a los colegas fue el comodoro Asla, mientras que los demás militares presentes buscaban contemporizar. Al finalizar esa reunión se acercó a saludarlos el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Rubén Montenegro. u Ese mismo mes, Vázquez fue a ver al prosecretario general de redacción de La Nación, Germán Sopeña, para impedir la publicación de una nota sobre una cuasicolisión que había ocurrido en Mendoza. El aviador no tuvo suerte porque el diario publicó lo que había escrito Solans. u En setiembre del mismo año se realizó otra reunión a la que Solans no pudo ir pero envió una cronista. Los aviadores la autorizaron a grabar el encuentro. Los periodistas presentes fueron advertidos de que estaban preocupando a la población, y se refirieron a Solans como quien estaba realizando “terrorismo informativo”. El consejo para los cronistas fue “ustedes no lo sigan porque estamos decididos a recurrir a la Justicia”. El 20 de ese mes La Nación publicó que la Fuerza Aérea recurrió al defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, para que la población sea “defendida del periodismo catástrofe”, que publica detalles de los graves incidentes aéreos en el país y de las fallas de seguridad de los vuelos”. Así lo refirió el secretario general de la institución, brigadier Juan Manuel Vázquez, ante un grupo de cronistas expresamente llamados al Edificio Cóndor. Vázquez insinuó que la divulgación de esos pormenores “viola el artículo 211 del Código Penal”, que reprime con prisión de dos a seis años a quienes generen conmoción pública”. Por lo publicado en Página/12 en noviembre del año pasado y por los episodios que relató, Solans también cree que la OPI y el seguimiento a los periodistas existieron.
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