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 El abogado
Ricardo Entelman fue uno de los cinco contratados para confeccionar los pliegos de la
licitación que privatizó los servicios médicos de PAMI. Al mismo tiempo, integrantes de
su estudio actuaban como apoderados y representantes de accionistas en la administradora
Siglo XXI, que resultó calificada en la licitación. Así lo atestiguan los expedientes
abiertos en la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se inscribió la megaempresa de
salud. El hecho de que uno de los bufetes comisionados por Víctor Alderete para esa tarea
haya sido arte y parte en un negocio de 5 mil millones de pesos (mil por cada uno de los
cinco años de duración del contrato, la mayor privatización de los 10 años de
administración menemista) agrega un cuestionamiento más a la transparencia del
procedimiento. Entelman dijo a este diario que su participación en ese segundo tramo se
limitó a una colaboración gratuita con la sociedad que representa los intereses de los
hospitales públicos y tomó esa tarea a solicitud de PAMI y el gobierno de la ciudad (ver
aparte). Sin embargo, la documentación demuestra que su estudio intervino en la
constitución de otras sociedades privadas aglutinadas en la administradora e, incluso,
supervisó el aumento de capital de la propia Siglo XXI, aspectos todos que iban a ser
considerados por la comisión evaluadora para su dictamen final. De acuerdo con los expedientes, el 23 de octubre del año pasado, pocos días después de que los pliegos salieran a la venta, las doctoras Rebeca Silvia Gelman, María Eugenia Vitali y Beatriz Nora Ostrovsky fueron autorizadas, entre otros, por Roberto Oscar Defelippis, Juan Di Rienzo y Alejandro Dosoretz, accionistas de la sociedad Salud Integral –integrante de Siglo XXI–, a realizar trámites en su nombre ante la IGJ “pudiendo realizar aclaratorias, escritos que resulten necesarios para dar cumplimiento con la inscripción de la presente y retirar la documentación, incluso el depósito previsto en el artículo 149 de la ley 19.550”. Unas semanas más tarde, el 11 de noviembre, Mercedes Cecilia Elmeaudy (Sanatorio Metropolitano) y David Fajn constituyeron otra de las empresas que conformarían Siglo XXI: Inversora Prestacional S.A. Quizá para ahorrar esfuerzos y honorarios, eligieron con fines similares a Ostrovsky, Vitali y Gelman, es decir, para “contestar vistas, modificar normas estatutarias, efectuar desgloses, allanarse a observaciones, suscribir escrituras públicas complementarias, rectificatorias o ampliatorias, formular peticiones, publicar edictos y realizar las diligencias que requiera la inscripción” en representación de Inversora Prestacional. El testimonio presentado a la Inspección se acompaña de un escrito firmado por Beatriz Ostrovsky “Letrada Tomo 6 Folio 713”. El 9 de diciembre, después de posponerse hasta el 14 de enero el inicio de la licitación, fijado inicialmente el 23 de noviembre, se constituyó por fin Siglo XXI, que integró en su directorio a los tenedores de distinto tipo de acciones (A, B, C, D y E). Ese día, la doctora María Eugenia Vitali fue designada directora suplente por las acciones Clase E y se les confirió a ella, a Rebeca Gelman y Beatriz Ostrovky un poder especial para diligenciar los trámites de la flamante sociedad. El 14 de enero se realizó la asamblea en la que Siglo XXI resolvió aumentar su capital social a 5 millones de pesos. En esa asamblea la doctora Beatriz Ostrovsky representó a 13 accionistas del interior del país, el 31 por ciento de la totalidad de accionistas. El acta de asamblea consignó que “los accionistas asumen responsabilidad solidaria ante el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por todas las responsabilidades emergentes del Marco Regulatorio del Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, todos del concurso público de Entidades Administradoras de Servicios Sociales para el INSSPJ”, es decir de la licitación de PAMI. Respetuosas de las normas, las abogadas se apresuraron a publicar el aumento de capital en el Boletín Oficial con la firma de María Eugenia Vitali. Contra el pago de la publicación, el Boletín Oficial extendió un recibo a nombre de Siglo XXI, quien para el caso fijó domicilio en la avenida Santa Fe 1643, piso 3 y teléfono 816-3323. Igualdirección y número telefónico dio Beatriz Ostrovsky a la Inspección de Justicia cuando comunicó al organismo el aumento de capital social de la administradora. Una vez encarriladas las gestiones, Ostrovky autorizó a un tercero, Pablo Acevedo, para continuar con los trámites de la gerenciadora ante la Inspección de Justicia. Lo que resulta menos lógico es el rol jugado por el estudio al que las tres mujeres pertenecen en calidad de socias y empleadas, puesto que si se disca el número 816-3323 una voz femenina indica: “Estudio Entelman informa que nuestro horario de atención es de 9 a 18 horas”. Si se siguen las instrucciones y en el horario indicado se pregunta por las doctoras Vitali, Ostrovsky o Gelman, ellas estarán allí para atender la llamada. En caso de necesitar aun mayores certezas, puede buscarse en guía la dirección del estudio de Ricardo Entelman y se verificará que está ubicado en Santa Fe 1643. Para terminar con cualquier forma de incredulidad puede uno dirigirse también ahí para dar con Pablo Acevedo, el joven de los trámites, quien es un empleado del despacho. Otra abogada del estudio Entelman, Silvia Romano, fue la encargada de redactar el contrato suscripto entre PAMI y las tres gerenciadoras triunfantes. ¿Y en qué radica el problema de que los integrantes del estudio Entelman trabajen para Siglo XXI? La cosa es que el estudio de Entelman había sido elegido por PAMI, junto a otros cuatro bufetes de sólidas relaciones con el poder (Bianchi, Masnatta, Lanfranco y Cavagna Martínez) para confeccionar en las mismas fechas los pliegos de la licitación a la que Siglo XXI se presentaría con sólidas chances de ganar. Es probable que a los amplios criterios del titular de la obra social de los jubilados, miembro del Consejo Superior Menemista y soldado del presidente Carlos Menem, ese desdoblamiento no le resulte incompatible. Al fin y al cabo, ya al denunciarse que su “representante coordinador” personal en el directorio de PAMI, Roberto Willis, era uno de los directivos de Siglo XXI, Alderete respondió a este diario con envidiable soltura que se congratulaba de ello y felicitaba a la administradora por una elección tan acertada. Por cierto que los estudios fueron seleccionados, asimismo, en base al curioso sentido de la legalidad de este funcionario fanáticamente re-reeleccionista: “Hay radicales y peronistas”, retrucó a sus adversarios frente a las cámaras de televisión. La cuestión de los pliegos levantó suspicacias desde un inicio: su valor había sido fijado en 150 mil pesos y no podían ser consultados previamente, disposición inusitada que forzaba a los postulantes a pagar un altísimo precio para saber si las condiciones impuestas habilitaban o no su presentación. Semejante limitación hizo pensar que no estaba en los planes de Alderete que la puja contara con demasiados participantes. Las versiones, por lo pronto, hablaban de que de las cinco postulantes quedarían cuatro ganadoras, dos de ellas consideradas “número puesto”: Argentina Salud y, es obvio, Siglo XXI. Un amparo interpuesto por la ombudswoman Alicia Oliveira detuvo la adjudicación prevista para el 14 de febrero; otro recurso similar presentado por una maestra jubilada fue también aceptado por la jueza Emilia Marta García. Alderete accionó y la Cámara en lo Contencioso Administrativo denegó su apelación y puso condiciones. En el interín, Alderete tuvo una tregua que le permitió dar a conocer los resultados. Habían ganado tres administradoras: Argentina Salud, Siglo XXI y Plan Azul. Página/12 reveló entonces la existencia de un predictamen de la comisión evaluadora, presidida por el riojano Carlos Santander –miembro del directorio de PAMI–que daba por precalificadas a cuatro y también el doble rol jugado por Roberto Willis. AMI, la gerenciadora defenestrada, denunció a Alderete, Santander y el resto de los integrantes del comité de calificación, quienes ahora deberán justificar su distracción ante la coincidencia de nombres, direcciones y teléfonos entre los representantes legales de Siglo XXI y uno de los estudios redactores de los pliegos. Pero Alderete, que según cuentan sus allegados, suele repetir en estos días que “si Menem no gana la reelecciónvoy preso”, es incorregible y se apresta a convocar ahora la licitación de los denunciados servicios de geriátricos, óptica, psiquiatría y oncología. Sus plazos son apretados: convocará, si nada se lo impide, el 1º de mayo; recepcionará las ofertas el 15 y el 1º de junio adjudicará.
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