Página/12

Por Marcelo Justo
Desde Londres

La Convención contra la Tortura firmada por 117 países y ratificada por 103 fue el elemento clave de la decisión de los jueces lores contra el general Pinochet el pasado miércoles. Pocos mejor ubicados que el experto en derecho internacional de la Universidad de Essex, Nigel Rodley, para medir el impacto que tendrá este dictamen en el actual mundo globalizado. Nigel Rodley es el relator especial para tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recibe anualmente unas 500 apelaciones urgentes para que interponga sus buenos oficios en casos de apremios ilegales. En diálogo con Página/12 Rodley evaluó la importancia que el caso Pinochet está teniendo en la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional.
–¿Coincide con Pierre Sane, director de Amnesty International, que la importancia de este caso reside en que por primera vez se implementa la ley, en este caso la Convención contra la Tortura?
–Añadiría a esa caracterización una diferencia de matiz. Desde el punto de vista del Derecho Internacional es la primera vez que una Corte nacional reconoce la existencia de esta Convención. Me parece igualmente interesante que los lores señalen que la tortura es un crimen internacional desde mucho antes de 1988, año en que la Convención fue incorporada a la legislación británica. La reducción de los cargos que sobrevino a consecuencia del dictamen no pone en tela de juicio esto, porque se refiere a otro punto en consideración: la ley de extradición inglesa. El problema es que en nuestra ley de extradición rige el principio de doble criminalidad por el cual los cargos por los que se extradita a alguien tienen que ser delito en el país que extradita y en el que solicita la extradición en el momento en que fue cometido el delito. Por esta razón Pinochet se beneficia con la retroactividad respecto de lo sucedido antes de 1988, y se le reducen los cargos de 32 a 3. Pero a nivel internacional los lores declaran enfáticamente que la tortura es un crimen desde mucho antes de la Convención contra la Tortura misma. Lo que hace la Convención es añadir al derecho internacional consuetudinario el principio de la universalidad. Según este principio, los Estados signatarios tienen la obligación de arrestar y juzgar o extraditar los acusados de tortura, sean del país que sean, si se hallan en su territorio.
–¿Tendrá este dictamen implicancias internacionales sólo para los ex jefes de Estado o abarcará también a los jefes de Estado en funciones?
–La Convención contra la Tortura no menciona a los jefes de Estado. Se refiere a funcionarios públicos y el jefe de Estado es un funcionario público. El dictamen de los lores en cambio dice que los ex jefes de Estado no tienen inmunidad por los actos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones. En Inglaterra el jefe de Estado en funciones mantiene su inmunidad.
–Pongamos un ejemplo. Recientemente en su labor como relator usted visitó Turquía durante 10 días para investigar las alegaciones de tortura sistemática y masiva contra los kurdos. En el momento en que el presidente de Turquía deje su puesto, ¿queda expuesto a que lo arresten en cualquier país signatario de la Convención?
–Prefiero no hablar de un país en particular. Pero todo signatario de la Convención puede ejercer jurisdicción en relación con funcionarios públicos de otro país que se encuentren en su territorio. Sobre lo que pasa antes de que entre en vigor la Convención en un país dado, creo que todavía queda por definir a partir de qué momento se convirtió la tortura en un delito internacional a nivel del Derecho Internacional consuetudinario. —¿Entonces usted cree que a partir de ahora los gobiernos estarán más dispuestos a aplicar esta Convención?
–Creo que la cuestión es clara de que todo funcionario que no sea jefe de Estado puede ser juzgado por la Convención contra la Tortura. Quizás el jefe de Estado no, salvo que sea como parte de crímenes contra la humanidad.
–Muchos piensan que esto va a crear un caos en las relaciones internacionales y señalan la posibilidad de arresto del príncipe Carlos en la Argentina por lo ocurrido durante la guerra del ‘82 como un ejemplo de esto.
–Creo que este dictamen hará que los funcionarios de países responsables de cometer tortura piensen dos veces antes de permitir que la tortura siga ocurriendo. En relación a acciones legales del tipo que usted menciona, creo que no se basan en la buena fe. Igual me resulta difícil de imaginar que se pueda iniciar este tipo de acciones contra un jefe de Estado democrático. Creo de todas maneras que ese uso oportunista de la Convención no favorece la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad.
–Algunos han planteado que la manera de evitar estos problemas es con un tribunal penal internacional como el que se acordó el año pasado a pesar de la oposición estadounidense.
–Espero que Estados Unidos se dé cuenta finalmente de que los temores que tiene hacia un tribunal internacional no tienen razón de ser. Ellos jugaron un papel importante en la comisión preparatoria que allanó el camino para la formación del tribunal. Pero tienen problemas internos para persuadir a los militares que no tienen nada que temer y a los senadores que deben ratificar el asunto con una mayoría de dos tercios. Igualmente creo que un tribunal penal internacional tampoco solucionaría estos casos de oportunismo que mencionábamos antes.
—¿Espera que este dictamen de los lores facilite su trabajo como relator?
–Creo que los funcionarios públicos del mundo entero tomarán en cuenta este dictamen. Mi función como relator especial es asegurar que los estados cumplan con su responsabilidad de evitar que haya tortura. En mi caso particular, no voy a ir revoleando una copia del fallo en mis visitas. Creo que la jurisdicción universal es siempre una medida de última instancia.

Por M.J.

Saldada la inmunidad, el problema es la extradición. El fallo de los jueces lores el pasado miércoles clarificó el primer punto –Pinochet no goza de inmunidad en tanto ex jefe de Estado– pero complicó el segundo. La ley inglesa estipula que en casos de extradición, el ministro del Interior tiene funciones “cuasijudiciales” y debe autorizar o no la iniciación del proceso judicial. El 9 de diciembre pasado Jack Straw autorizó el proceso por los 32 cargos del gobierno español al general Pinochet. Los jueces lores dictaminaron que 29 de los 32 cargos caen bajo el principio de la irretroactividad –nadie puede ser juzgado o extraditado por un hecho que no era delito en el momento en que ocurrió– y por lo tanto recomendaron al ministro del Interior que volviera a analizar la autorización que había dado. El ministro del Interior indicó que así lo haría. Por las dudas la defensa de Pinochet solicitará mañana lunes ante la Alta Corte de Justicia permiso para pedir una revisión judicial de la autorización de diciembre. Para aclarar este laberinto legal, Página/12 dialogó con el profesor Michael Zander, experto en temas de extradición de la London School of Economics.
–¿Estamos en el mismo punto que en diciembre pasado antes de que Jack Straw diera la autorización para iniciar el proceso de extradición a España?
–No es exactamente igual. Por el momento la autorización de extradición que dio el 9 de diciembre sigue en pie. Pero después de que los jueces lores le recomendaran a Jack Straw que volviera a analizar el tema, el ministro del Interior no tenía políticamente alternativas. De modo que lo que está sucediendo es que está analizando la autorización de proceder que dio para saber si sigue siendo válida, si tiene que hacer una nueva o si dadas las nuevas circunstancias tiene que devolver a Pinochet a Chile. Es una situación totalmente nueva, un caso sin precedentes.
–¿Qué tiene que probar para proceder con la autorización de extradición?
–En este sentido está en el mismo punto que en diciembre pasado: tiene que demostrar lo mismo. Es decir, tiene que estar conforme de que haya suficientes razones como para que el proceso de extradición siga adelante. Tiene entre sus atribuciones la de examinar si la extradición afectaría el interés público, en el que entran las relaciones diplomáticas con Chile y su estabilidad o si hay razones humanitarias de por medio, en este caso la edad o salud del general Pinochet, para no autorizar el proceso. Pero dado que los cargos se han reducido tan drásticamente, tendrá que pensar muy cuidadosamente si es razonable seguir adelante. Va a ser un proceso judicial muy farragoso, con innumerables apelaciones, el costo de todo el caso para el contribuyente se disparará y es posible que Straw piense que lo mejor es devolver a Pinochet a Chile.
–Pero desde el punto de vista legal un cargo basta para la extradición. Gran Bretaña viene pidiendo a Brasil la extradición de Ronald Briggs por un solo hecho, el llamado robo del siglo. Algo similar pasa con Pinochet.
–Si no fuera un caso especial un cargo sería suficiente. Pero es obvio que éste es un caso especial. Y cuando en un caso de esta naturaleza se pasa de 32 cargos a 3, cambia la situación. La presión política sobre Straw será muy intensa. El caso aterrizó nuevamente en sus manos.
–¿Cree que todo el tema de su viaje a Chile cuando era joven puede influir en lo que vaya a pasar?
–Creo que no tendrá ningún tipo de influencia. Es totalmente irrelevante.