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Por Cledis Candelaresi  Convocado
por Eriday, contratista de Yacyretá, el lobbista norteamericano Henry Kissinger llega en
los próximos días a Buenos Aires, donde oficiará de árbitro en el multimillonario
pleito que aquella sociedad tiene con el Estado argentino por Asuntos Contractuales
Pendientes (ACP). Aunque fue el gobierno argentino el que decidió someter la cuestión a
arbitraje, designando para ese rol al ex camarista Mariano Cavagna Martínez, el
procedimiento genera dudas en los propios medios oficiales. Informes de Jefatura de
Gabinete y de la Auditoría General de la Nación advierten sobre los riesgos de resolver
por ese procedimiento una controversia cuyo incierto monto podría trepar a 1500 millones
de dólares.Hasta ayer, la fecha probable del viaje de Kissinger era el sábado 4. Para entonces, Menem ya habrá mantenido en Italia decisivos contactos con Impregilo, socio de la francesa Dumez, en un intento por solucionar el problema. La contratista civil tiene reclamos pendientes contra el Ente Binacional Yacyretá (organismo argentino-paraguayo) por un monto difícil de precisar y por conceptos objetados por el Gobierno. “No podemos prestarnos a un juego que perjudica al Tesoro”, arengó el mes pasado en Posadas el Presidente, cuestionando la pretensión empresaria de cobrar unos 1535 millones de pesos por los ACP. Jorge Pedreira, quien fuera director ejecutivo del EBY hasta enero pasado, también descalificó las pretensiones empresarias durante una interpelación de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, aseguró que de los 790 millones que las constructoras reclamaban públicamente, sólo el 20 por ciento se funda en conceptos razonables. Lo que ningún funcionario resalta es que, a pesar de esa resistencia oficial, el Tesoro argentino ya pagó 124 millones de pesos a cuenta y previsionó otros 310 millones para futuros pagos. Los datos surgen del análisis que realizó la AGN sobre los estados contables del EBY al 30 de junio pasado, en el que los auditores advierten que “existe incertidumbre respecto a la cuantificación definitiva de los reclamos”. Menem decidió someter el tema a arbitraje a fin de año, después de un cónclave que mantuvo en Anillaco con Kissinger y Cavagna Martínez. Poco antes, el jefe de Gabinete había dado al Parlamento argumentos para descreer en las supuestas ventajas que ese mecanismo podría entrañar para el EBY. Según surge de la versión taquigráfica de ese reporte a Diputados, Jorge Rodríguez recordó que el grupo contratista de la parte electromecánica de la obra –Siemens, Pescarmona y Voight– había planteado al gobierno argentino exigencias ligadas a sus contratos por 75 millones de dólares, que, finalmente, quedaron reducidos a 19 millones (“sólo el 1,75 por ciento”) en virtud de un acuerdo de partes. Este, destacó Rodríguez, pudo concretarse gracias a que se eludió la convocatoria a árbitros, prevista en los acuerdos con la sociedad. En la misma oportunidad, Rodríguez subrayó que aunque muchas de las actuales exigencias de Eriday “son claramente improcedentes (...), pueden ser recogidas por los árbitros en una cuantía que se desconoce”, amén de quedar sujetas “al riesgo de todo juicio”. De remate, el funcionario advirtió que, aun en el caso de que fueran procedentes, “su valoración se ve imposibilitada por la carencia de aporte de documentación del contratista”. Lo que está fuera de dudas es el afán presidencial de tener la obra bajo su control. Luego de la renuncia de Pedreira, Menem designó como director a su amigo y ex empleador Raúl Reali. Casi al mismo tiempo, transfirió el EBY de la órbita de Economía a la de la Secretaría General de la Presidencia, responsabilidad de Alberto Kohan. “Razones de índole política e institucional aconsejan el traslado”, fue el único justificativo esbozado por el decreto que dispuso el pase. Un par de semanas atrás, Reali intentó explicar la marcha de las negociaciones ante Diputados, adonde debía volver hoy. Pero los compromisos políticos del duhaldista que preside la Comisión de Obras Públicas, Julio Díaz Lozano, sumado a problemas de salud del director de Yacyretá, pospusieron el encuentro. Mientras, a instancia de un puñado de aliancistas comandados por Ricardo Vago, la Auditoría decidió encarar una investigación para precisar cuál es el monto de la deuda efectivamente exigido por Impregilo y Dumez.
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