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Por Eduardo Tagliaferro  Tal como
adelantó Página/12 el viernes pasado, el procurador general de la Nación, Nicolás
Becerra, aceptó la competencia de la Corte Suprema en la causa que instruye el juez en lo
penal económico, Marcelo Aguinsky, por el contrabando de material bélico embarcado a
Croacia en 1994. En las 27 hojas de su dictamen, Becerra sostiene que la competencia del
máximo tribunal está fundada en el viaje realizado en el año 1994 por los funcionarios
croatas Vladimir Zagorec y Gojko Susak, quienes arribaron a la Argentina en setiembre de
ese año en lo que, para Becerra, es una “misión oficial”, pese a que el
presidente Carlos Menem ha negado que hubiera habido tratativas institucionales con los
croatas, afirmando, por el contrario, que sus funcionarios fueron engañados por
intermediarios. El dictamen de Becerra puede funcionar como una verdadera “cabeza de
playa” que les permita a los imputados en las otras dos causas que se instruyen por
la venta ilegal de armas hacer recalar la totalidad de los expedientes en los tranquilos
despachos de la Corte Suprema. De ese modo lo entendieron los diputados del Frepaso Carlos
“Chacho” Alvarez y Horacio Viqueira, quienes sostuvieron que “Becerra se
presta así a un operativo para encubrir a los mayores responsables de los delitos por
estas ventas de armas”.El dictamen del procurador afirma que los dos croatas que vinieron a la Argentina en el año ‘94 lo hicieron con rango diplomático. El hecho de que en la maniobra hayan participado funcionarios extranjeros le permite al máximo tribunal entender en la instrucción de la causa. Becerra acompañó su pronunciamiento con tres anexos documentales. Uno y otros tienden a demostrar la participación de diplomáticos extranjeros en el affaire. El jefe de los fiscales sostiene que el carácter reservado de esa visita le permite pensar que se trató de una misión en representación del Estado croata. Si bien el procurador sostiene que sus investigaciones se basan en estudios propios, estos datos le fueron suministrados por la Cancillería argentina, involucrada en la maniobra. Precisamente el secretario privado de Becerra, el diplomático Alfredo Ortiz Baeza, fue el encargado de tipear el cable donde el embajador en Perú Arturo Ossorio Arana le advertía al ministro Guido Di Tella que el gobierno de Fujimori sostenía que desde Buenos Aires se enviaba armamento a Ecuador. El procurador dijo a este diario que nunca había hablado con su secretario de este tema, pese a que el cable durante años fue ocultado a la Justicia. La “investigación” de Becerra, supuestamente inédita, se incorpora a la causa del juez Marcelo Aguinsky, cuya instrucción estaba limitada a un embarque de armamento realizado en 1994. Este dictamen deberá ser tenido en cuenta por la Corte Suprema, que tiene a partir de ahora la última palabra. El camino de la causa se construyó en base a un elemental esquema de ingeniería judicial: el fiscal de la causa, Roberto Leanza, había solicitado la competencia de la Corte; el juez Aguinsky se adhirió rápidamente a su pedido y ayer el procurador autorizó que la causa pase al máximo tribunal. Esta ingeniería llevó a los dirigentes del Frepaso Carlos “Chacho” Alvarez y Horacio Viqueira a calificar a Becerra como “un integrante más del sector judicial dispuesto a realizar cualquier mamarracho jurídico para enviar la causa al refugio seguro de la mayoría automática”. Con este dictamen, las dos cabezas del ministerio público coincidieron en allanarle el camino al Gobierno. El defensor general, el riojano Miguel Angel Romero, jefe de los defensores del empresario también menemista y riojano Luis Sarlenga, hombre de Erman González y ex interventor en Fabricaciones Militares, pidió que todas las causas vinculadas a la venta ilegal de armas se unificaran en el juzgado de Aguinsky. El fiscal de fiscales, procurador general Nicolás Becerra, autorizó la posterior secuencia. Una extraña coincidencia entre funcionarios que, como se sabe,deberían encarnar intereses antagónicos, al menos en el plano de la Justicia.
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