Página/12
en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo
Desde Londres
 El 15 de
abril es la nueva fecha clave para el futuro del general César Augusto Pinochet. La Alta
Corte de Justicia inglesa concedió ayer ese plazo al ministro del Interior británico
Jack Straw para que “vuelva a analizar” la autorización que dio el pasado 9 de
diciembre para proceder con el caso de extradición del genocida a España. Al mismo
tiempo aceptó la solicitud de revisión judicial de dicha decisión presentada ante el
tribunal por la defensa del general Pinochet.
En un proceso legal cada vez más kafkiano, un panel de tres jueces recomendó a Jack
Straw que se expidiera el primer día hábil después del 15 de abril, plazo acordado para
que el ministro llegue a una decisión. La solicitud de revisión quedará suspendida
hasta ese momento y sólo contará en caso de que Straw confirme la autorización del 9 de
diciembre. “Me parece que los intereses de la Justicia y el deber de este tribunal
son los de lograr una situación compatible con la decisión que adoptó la Cámara de los
Lores la semana pasada”, indicó el juez Laws que preside el tribunal.
El tribunal no concedió el hábeas corpus que solicitó la defensa del general Pinochet,
quien se encuentra con custodia policial en una lujosa residencia en Surrey, al sur de
Londres. A pesar de que el abogado Clive Nicols adujo que “cualquier demora a este
respecto privará al general de su derecho a la libertad y el regreso a Chile”,
uniendo en el realismo mágico leguleyo el concepto de justicia y la figura del ex
dictador, primó el criterio del Servicio Fiscal de la Corona (CPS), que representa al
gobierno español, y el del abogado del Ministerio del Interior, Jonathan Sumption.
Apelando a una lógica pragmática, el abogado del CPS, Alun Jones, explicó que anular la
detención de Pinochet provocaría “una lucha desordenada” para evitar que el
senador vitalicio se escapara a Chile. El hecho de que, por su parte, Jonathan Sumption
manifestara la decisión de Jack Straw de analizar el caso “de cero”, terminó
de convencer a los jueces. “El ministro analizará si es adecuado emitir una
autorización para proceder con la extradición a la luz de la reducción de los cargos
que pesan sobre el general Pinochet”, señaló Sumption.
El miércoles pasado la Cámara de los Lores falló por 6 a 1 que el general Pinochet no
gozaba de “inmunidad soberana” y que por lo tanto era legal su espectacular
arresto el pasado 16 de octubre en un hospital londinense donde se recuperaba de una
operación de hernia discal. Pero la celebración que muchos iniciaron por la victoria que
representaba el fallo desde el punto de vista de los derechos humanos quedó neutralizada
cuando se supo las consecuencias que tendría para el caso específico del general
Pinochet la inédita aplicación del principio de la irretroactividad al proceso de
extradición inglesa. Sólo podía ser extraditado por los delitos de tortura posteriores
a 1988.
El pasado jueves el juez Baltasar Garzón añadió, a instancias del Servicio Fiscal de la
Corona, 31 casos de tortura perpetrados entre el 29 de setiembre del ‘88 y enero del
‘90. Sin embargo, los fundamentos de los siete jueces lores son tan confusos y
contradictorios que expertos legales consultados por Página/12 siguen en tinieblas
respecto a las implicancias concretas del dictamen para el pedido de extradición del
general a España. Por el momento el caso depende del ministro del Interior laborista,
quien tiene amplias facultades para decidir si procede con la autorización del pasado 9
de diciembre, escribe una nueva o decide devolver al general Pinochet a Chile.
Según Gerish Thanki, especialista en temas de extradición, Jack Straw podría decidir
que dada la debilidad de las acusaciones no sería del interés público seguir gastando
dinero del contribuyente británico para la extradición. “Straw puede basarse en
esto o analizar el impacto que tendría el caso en los intereses de Gran Bretaña o la
edad del general”, indicó a Página/12. Entre los expertos predomina la impresión
de que el ministro del Interior dará su autorización para proceder con el caso de
extradición, en cuyo caso la batalla legal será feroz y prolongada.
La prensa inglesa ya compara el caso con la famosa novela de Charles Dickens Bleak House,
publicada hace casi siglo y medio. En la novela el proceso judicial se prolonga por tanto
tiempo que finalmente todos olvidan de qué se trata y los únicos beneficiarios son los
abogados, que acumulan libras esterlinas en directa relación con el número de
apelaciones.
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