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Por Adriana Meyer  Un día después del
pronunciamiento del procurador general Nicolás Becerra fueron recusados los integrantes
de la sala II de la Cámara Federal por uno de los imputados en la causa que investiga la
venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. El general retirado Antolín Mosquera, ex jefe
de Logística del Ejército, acusó de “prejuzgamiento” a los camaristas Horacio
Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun porque habrían adelantado opinión sobre el
proceso cuando resolvieron apelaciones contra medidas dictadas por el juez Jorge Urso. Los
jueces acusados argumentarían que deben seguir interviniendo, pero quien tiene la última
palabra es la sala I, integrada por la jueza, autodenominada oficialista, Luisa Riva
Aramayo.Ayer se vencía el plazo para que la sala II resolviera el pedido de “pronto despacho” presentado por el representante de los vendedores de armas ecuatorianos, Miguel Bootello. Pero los camaristas que la integran no tuvieron oportunidad de expedirse porque a última hora del lunes el abogado Marcelo Nardi, en representación de Mosquera, los recusó. Los argumentos de este letrado vinculado con el Estado Mayor son los mismos que fueron mencionados en enero, cuando trascendió que el apartamiento de los integrantes de la sala II era una de las cartas de la estrategia oficial para frenar la marcha de la causa: Cattani, Luraschi e Irurzun son acusados de dar instrucciones a los jueces y pretender dirigir las investigaciones, cuando deberían –según este planteo– limitarse a las cuestiones que les llegan por vía de apelación. En diciembre la sala II había emitido una dura resolución en la que ordenó a Urso profundizar la investigación y le hizo notar que existían medidas pendientes. Era la tercera vez que reprendían al magistrado por su lentitud desde el inicio del proceso. Todas las especulaciones que circularon sobre la posible recusación de los camaristas resultaban abstractas, por el simple hecho de que no tenían ninguna cuestión que resolver. La presentación de Bootello fue la oportunidad. Un experimentado funcionario judicial que no está involucrado en este asunto pero prefirió mantener el anonimato, explicó a Página/12 que hay antecedentes que confirman que la Cámara se está expidiendo dentro de los marcos que debe. “En situaciones similares a ésta los camaristas dijeron cosas aún más directas, por ejemplo, que un juez debía indagar de manera inmediata a tal imputado. Fueron recusados y la sala I los confirmó”, relató la fuente, aunque en este caso no es tan seguro que Horacio Vigliani y Riva Aramayo ratifiquen a sus compañeros de tribunal. El fiscal Carlos Stornelli había solicitado a Urso que le tome declaración indagatoria a Mosquera por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público y malversación de efectos del Estado. En el mismo pedido estaba mencionado el jefe del Ejército, Martín Balza, y otros treinta civiles y militares. El abogado de este general retirado tuvo una activa participación durante el interrogatorio del coronel retirado Luis Hilario Lagos, quien ratificó ante la Justicia que en 1992 había informado a sus superiores haber visto armas argentinas en Croacia. Pero aún más descollante fue su actuación durante la declaración del general Carlos Matalón, quien aseguró haber sido “chicaneado” varias veces por Nardi. Matalón ratificó que en 1995 le mostró a Balza y a Oscar Camilión armamento argentino, siendo comandante de las fuerzas de paz de la ONU en Eslavonia occidental. En nombre de la empresa ecuatoriana Prodefensa, Bootello había denunciado a Urso por retardo de justicia. En los fundamentos, el letrado sostuvo que el magistrado omitió citar a Domingo Cavallo, único firmante de todos los decretos secretos que autorizaron la venta de material bélico. Bootello agregó que Urso se negó a utilizar el sistema Excalibur, argumentando que no tenía posibilidad de obtenerlo, y demoró un año la pericia caligráfica de dos faxes enviados por el fallecido represor de la ESMA, el capitán de navío Horacio Estrada. Tanto en el Edificio Libertador como en la Rosada están nerviosos por la marcha judicial del escándalo de las armas. Becerra marcó el rumbo para que una de las causas –la que investigaba el delito de contrabando– llegue a la Corte Suprema, como una de las salidas posibles. Pero, por las dudas, resultaría conveniente poner fuera de juego a estos camaristas que tienen la molesta costumbre de respaldar las inquietudes del fiscal Carlos Stornelli y marcar las demoras del juez Urso.
DECLARO OTRO TITULAR DE LAS CUENTAS DE
IBM-NACION Por A.M.
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