Página/12

El que pide más impuesto a los puchos se hizo humo

Los diputados del PJ dicen que ese proyecto no les pertenece, asignando su autoría a la Jefatura de Gabinete. Desde Jefatura les devuelven la pelota a los legisladores. Las tabacaleras patalean.

Humberto Roggero, jefe de la bancada justicialista en Diputados.
Quieren subir 3 puntos del tributo a cigarrillos para Asistencia Social.

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Por Cledis Candelaresi

Cuando la Cámara de Diputados vuelva a sesionar tratará con preferencia el proyecto de los diputados justicialistas Humberto Roggero y Miguel Pichetto para subir del 7 al 10 por ciento el impuesto sobre el tabaco que nutre el Fondo de Asistencia Social. Con esos recursos adicionales, alrededor de unos 80 millones, el Gobierno podría sostener algunos programas sociales que quedaron desfinanciados cuando, al discutir el Presupuesto ‘99, los legisladores se negaron a ceder un centavo del Fonavi. Si bien la iniciativa refleja una estrategia acordada entre el Poder Ejecutivo y aquellos diputados oficialistas, ayer ni uno ni los otros quisieron asumir públicamente la responsabilidad de promover un aumento de impuestos.
“Fue a pedido de Jefatura de Gabinete”, comentó ayer Roggero, titular de la bancada oficialista. “Es una iniciativa del Congreso y si la convierten en ley, nosotros evaluaremos qué es mejor: tener un problema en las cuentas públicas o una crisis en el sector tabacalero”, replicó ante Página/12 el secretario de Control Estratégico de Jefatura, Miguel Solé, intentando despegarse de la propuesta impositiva.
El colaborador de Jorge Rodríguez, al igual que su vocero, aseguran que los diputados buscaron con ese proyecto obtener fondos para financiar los mayores gastos en que incurrirá la Nación por el rechazo a los vetos sobre el Presupuesto. Si el Senado siguiera el mismo camino, el Tesoro Nacional tendría que afrontar erogaciones millonarias por varios conceptos.
El proyecto de Presupuesto 1999 que Economía giró al Congreso pretendía rebanar 100 millones de pesos del Fonavi, que se prorratea en el interior. Las provincias se opusieron terminantemente con el argumento de que eso paralizaría varios planes de viviendas con principio de ejecución, con el agravante de que el parate ocurriría en pleno año electoral.
Al sancionar la ley, el Parlamento restituyó el dinero al Fonavi, dejando sin recursos algunos programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social. El Ejecutivo no vetó este retoque, pero acordó con el propio titular del bloque oficialista compensar esa falta con la suba de tres puntos sobre uno de los gravámenes internos que pesan sobre el tabaco.
Este impuesto vencía en enero pasado, pero fue prorrogado hasta el 2001. Los aproximadamente 200 millones anuales que permite recaudar son administrados por la Secretaría de Desarrollo Social. Y los que pudieran obtenerse con la proyectada suba tendrían, en principio, este destino. Sin embargo, nada le impediría a Rodríguez desviarlo para otro fin.
Por el contrario, el jefe de Gabinete no puede echar mano a un solo peso del Fondo del Tabaco, que se alimenta con otro impuesto interno, también sobre los cigarrillos, y sirve para subsidiar a las tabacaleras. El lobby que hacen las provincias productoras a través de sus legisladores, no sólo frustra cada intento de Economía por eliminar los fondos con asignación específica. También permitieron añadir un artículo en el Presupuesto, que impide expresamente al Poder Ejecutivo desviar recursos desde esas cuentas.
La encendida defensa del Fondo del Tabaco que hace el Congreso está acompañada por otra batalla contra nuevos impuestos. Así, Roque Fernández tuvo que resignar su pretensión de subir Impuestos Internos, entre otras razones, porque los legisladores se hicieron eco de la protesta de las empresas tabacaleras. Las mismas que ayer advirtieron a diputados y funcionarios de Jefatura que un reajuste sobre los tributos que gravan los cigarrillos ocasionaría serios problemas al sector, lastimado por la creciente importación de cigarrillos brasileños a bajo precio.

Resistencias al aumento

El empeño del Poder Ejecutivo para negar su intención de subir el impuesto a los cigarrillos o cualquier otro es el mismo que necesitará Humberto Roggero para ganar apoyo a una alícuota más elevadas sobre los puchos. La iniciativa, que Pichetto y Roggero discutieron ayer con el propio Jorge Rodríguez, Miguel Solé y Néstor Alcalá, ya suma voces adversas, que pretenden defender las economías regionales. La idea de gravar más a los cigarrillos poco seduce al salteño Marcelo López Arias, vicepresidente de Diputados. Algo parecido ocurre con el liberal correntino Luis María Colodrero, quien ayer mismo presentó un proyecto de declaración para que la Cámara rechaze “cualquier aumento” sobre los cigarrillos. También ayer, desde Jefatura de Gabinete, Solé, y desde Economía, Guillermo Rodríguez Uzé, negaron la autoría de esta o cualquier otra iniciativa que entrañe más impuestos.

LA UIA JUNTO CON CAVALLO. EL CAMPO POSTERGO EL PARO
Todo pensado para molestar a Roque

En el marco del enfrentamiento que mantiene con Roque Fernández, la Unión Industrial eligió a Domingo Cavallo para continuar su ronda de encuentros con los principales partidos políticos. La reunión se concretó en la sede de Acción por la República, y el resultado fue una “total coincidencia” entre la cúpula de la central fabril y el ex ministro. El encuentro fue de por sí una nueva demostración del pésimo estado que atraviesa la relación entre los industriales y el jefe del Palacio de Hacienda, hacia quien su antecesor suele lanzar filosas acusaciones. Pero, además, la UIA emitió ayer un severo comunicado desmintiendo la afirmación de Roque –del último fin de semana– sobre que dirigentes de esa entidad le pidieron que devaluara, tras la depreciación del real.
“Ha sido una reunión excelente”, resumió Cavallo luego de dos horas en las que expuso su visión de la crisis, respaldó los reclamos de los productores y criticó en duros términos al equipo económico y al gobierno en su conjunto. “Los industriales tienen una percepción muy clara de la gravedad de la crisis. Además, he advertido que no caen en la trampa en la que los quiere meter el gobierno, de hacerlos aparecer como pidiendo la devaluación”, elogió el candidato a presidente, respondiendo a las expectativas de sus interlocutores. Varios miembros del Comité Ejecutivo de la UIA mantienen una estrecha relación con Cavallo, a quien también le interesa contar con el apoyo del nucleamiento empresario.
El otro foco candente de conflicto que mantiene Economía con los hombres de negocios, el de los ruralistas, tuvo ayer una temporaria tregua. Las cuatro entidades del campo con representación nacional resolvieron postergar por una semana la definición de ir a un paro conjunto.
A última hora de anteayer, el secretario de Agricultura, Gumersindo Alonso, se comunicó con cada una de esas entidades para solicitarles un plazo para realizar gestiones ante Economía, a fin de intentar convencer a Roque de dar marcha atrás con algunos puntos de la reforma tributaria. De todos modos, los dirigentes rurales ratificaron que si no obtienen respuesta a sus reclamos realizarán la protesta, aunque sería menos agresiva de lo que plantearon en un primer momento, pues duraría tres jornadas, frente a la semana que se estimó inicialmente.
En cambio, la UIA volvió a disparar sobre el ministro de Economía con un comunicado en el que plantea que “la convertibilidad no se declama y defenderla es responsabilidad de todos”. Allí también se incluyen siete recomendaciones para “defender la convertibilidad”. “Eliminar impuestos distorsivos, crear un sistema laboral moderno, que exista una Aduana eficaz y no vulnerable, y disminuir los costos financieros”, son algunos de ellos.

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