|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Irina Hauser y Laura Vales  El cuerpo frío y
desarticulado de Roque Herrera apareció tendido boca abajo al costado de las vías del
ferrocarril, en la estación Saldías, de Capital. Lo encontraron una mañana de octubre.
La Policía Federal informó que era un linyera al que le había llegado la “muerte
natural”, porque no tenía marcas de violencia. En realidad Herrera no era un
vagabundo sino un ex policía de Río Negro y, según reveló una segunda autopsia, lo
habían torturado con una picana eléctrica hasta matarlo. Por este crimen fueron acusados
y procesados tres policías bonaerenses. Ahora la Cámara de Apelaciones decidió que
tienen que seguir presos y les trabó un embargo por 1 millón de pesos a cada uno.
“El caso pone en evidencia que la picana nunca desapareció de las comisarías”,
advirtieron los abogados de la familia de la víctima. Los camaristas Carlos González y Luis Ameghino Escobar determinaron que los policías de la comisaría 3ª de Tres de Febrero Hernán Iacovone, Luis Humberto Romero y Miguel Angel Andrés son, prima facie, “coautores penalmente responsables” de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura seguidas de muerte –figuras que acarrean una pena de reclusión perpetua– y sustracción de prueba. El fallo es del 25 de febrero, pero recién se conoció esta semana. Dos meses antes de su muerte, Herrera, de 35 años, había sido detenido por una borrachera. Los policías que efectuaron el operativo lo llevaron a una comisaría de Santos Lugares, en el partido de Tres de Febrero. En ese entonces, según la hipótesis de los investigadores, los bonaerenses descubrieron que había un pedido de captura contra Herrera y comenzaron a extorsionarlo. En un principio esta versión se desprendió del relato de Nancy, la hermana de la víctima. “Lo estaban apretando para que les entregara 1500 pesos, y él se negaba a pagarles”, contó la mujer en su declaración. Después se comprobó que los policías procesados habían hecho numerosos llamados a un locutorio donde Herrera recibía mensajes. A esto se sumaron otros indicios que sugerían que el ex oficial de Río Negro no había muerto al lado de las vías del tren y que su cadáver había sido colocado a propósito en la estación Saldías. Las fotos que llegaron a la fiscalía exhibían detalles sospechosos: el cuerpo parecía haber sido acomodado y, a pesar de que llevaba más de un día sin vida, no aparecía afectado por animales o insectos, como si hubiera sido ocultado en algún sitio cubierto o cerrado. Este cuadro de situación llevó a la fiscal Mónica Cuñarro a solicitar una autopsia destinada a detectar, específicamente, posibles secuelas de violencia. El resultado confirmó las peores hipótesis: a Herrera lo habían envuelto en paños húmedos para picanearlo hasta causarle la muerte. Según los especialistas consultados por Página/12, este método de tortura aumenta el sufrimiento de la víctima, y deja marcas que sólo se pueden descubrir con un análisis de los tejidos más profundos de la piel. En su descargo, los tres acusados ensayaron una confusa coartada que la investigación comienza a desmoronar. Por ejemplo, dijeron que no recordaban qué habían hecho el sábado 26 de setiembre, el día que fue secuestrado Herrera. Luis Romero balbuceó que no estaba seguro si le había tocado actuar de custodia en algún partido de fútbol; y Hernán Iacovonne dijo, textual, “si no hubo cancha estuve con mi novia”. Entretanto, los abogados Daniel Stragá y María del Carmen Verdú recopilaron elementos que demuestran que tanta “desmemoria” tiene muy poco, más bien nada, que ver con lo que pasó aquel sábado. Porque en esa fecha, recordaron los querellantes, hubo una “fenomenal batahola entre las hinchadas” que habían ido a ver el partido de Estudiantes de Buenos Aires versus Almagro y, precisamente, la responsable de la seguridad había sido la comisaría de Tres de Febrero. Además, todo ocurrió porque los efectivos de esa dependencia llegaron tarde y no colocaron las vallas que debían separar aambos grupos. El escándalo fue de tal magnitud que el titular de la seccional, el comisario Omar Callejas, tuvo que asumir públicamente su responsabilidad en los incidentes. ¿Es posible, entonces, que ninguno de los tres policías recuerde siquiera si ese sábado “hubo cancha”? “Queda claro –subrayan Verdú y Stragá–, que tratándose de un hecho absolutamente excepcional, con desmanes, la propiedad privada dañada, heridos y detenidos, es completamente irrazonable suponer que los tres procesados lo hayan olvidado. Aun cuando no hubiesen estado afectados al operativo, debieron conocer lo acontecido y recordar sus consecuencias, máxime cuando el propio titular de la comisaría fue epicentro de los problemas”. La investigación judicial avanzó sobre aspectos que exceden el homicidio en sí. Con la desgrabación las escuchas telefónicas a la comisaría, el juez Ricardo Farías no tuvo dudas de que estaba ante una organización dedicada a extorsionar y recaudar dinero a través de coimas. Como caso ilustrativo, cuando se allanó la casa de uno de los efectivos procesados se encontraron tres expedientes judiciales de detenidos en Tres de Febrero, por lo que se cree que existía un sistema para exigir a los detenidos contribuciones forzosas a cambio de su libertad. Una red en la que estarían involucrados muchos otros policías, incluido el mandamás de la seccional, Omar Callejas. Las actuaciones judiciales referidas a la corrupción policial fueron giradas al titular de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian.
|
