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Por Carlos Rodríguez  Lejos del honroso empate
que sacó la Selección de fútbol en Amsterdam, la audiencia pública para analizar
responsabilidades en el “apagón del siglo” de febrero, terminó con una
lapidaria derrota de Edesur: 52 opiniones condenatorias contra una sola a favor, la de la
propia empresa, fue el resultado final. Como corolario, el vicepresidente del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Enrique Devoto, anticipó a Página/12 que
el organismo de control “rechazará el recurso de reconsideración” planteado
por la compañía contra la resolución 292 que la conminó a pagar 1000 pesos a cada uno
de los usuarios particulares que estuvieron sin luz los diez días que duró el corte. La
suma es un 40 por ciento superior a la ofrecida por Edesur. La ratificación será apelada
por la firma ante la Subsecretaría de Energía, que depende del Poder Ejecutivo, pero el
ministro del Interior, Carlos Corach, adelantó un virtual no te metás: “El Gobierno
respalda totalmente las decisiones del Enre”, dijo. Para evitar que se agitaran más las aguas contrarias, el presidente de Edesur, Marcelo Silva Iribarne, eludió un alegato verbal –fue abucheado el primer día de sesión– y comunicó al Enre, convocante de la audiencia, que los cargos escuchados a lo largo de 11 horas en los dos días que duró el encuentro serán respondidos por escrito. Aunque la conclusión final del Enre sobre la audiencia no será resolutiva, su titular, Juan Legisa, reconoció que la resolución 292 salió fortalecida porque “la apoyaron todas las partes”, aunque en realidad debió decir “casi todas” porque hubo quienes solicitaron montos de resarcimiento aún mayores. Legisa, fuera del marco de la audiencia, ratificó el derecho del Enre a sancionar a la empresa. “Nunca se obligó a una empresa a pagar un resarcimiento, es la primera vez, pero ellos tienen que cumplir con lo que establece la autoridad”, sostuvo Legisa. Agregó que la decisión termina con “la impunidad empresaria”. El titular del ente subrayó que la sanción impuesta “es la que está prevista en el contrato” y frente a la negativa de Edesur, fue contundente: “Como vivimos en un estado de derecho la empresa tiene todos los mecanismos legales para cuestionar la resolución, pero primero deben pagar y después protestar”. Legisa no hizo más que hacer suyas expresiones escuchadas a lo largo de la audiencia. En la apertura de la segunda jornada de deliberaciones, la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la Capital (Fedecámaras), a través de su titular, Rubén Manusovich, abordó un tema que no está contemplado en la resolución 292: el reintegro por daños o por lucro cesante. Manusovich exigió “una compensación standard por el estrago” que significaría 10.000 pesos para “profesionales o kioscos”, 15.000 pesos “por edificios de propiedad horizontal” y 30.000 pesos por “comercio minorista”. Para la entidad empresaria el corte duró 11 días y no diez. José Hernández, de la Fundación de Administradores de Consorcios, detalló luego que los “estragos” en los edificios de alto incluyeron “ascensores y motores quemados, bombas de agua afectadas y daños en puertas de garaje, porteros eléctricos y flotantes de tanques de agua”. Después llegó el turno de los que atacaron a Edesur por la impericia técnica demostrada durante el siniestro. La Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica dijo que Edesur es responsable del apagón y que el Enre “no realizó el control específico de la subestación Azopardo”, que fue la que salió de servicio tras haberse incendiado. El ex secretario de Energía radical Jorge Lapeña, del Instituto de Energía General Mosconi, cuestionó la falta de “un plan de contingencia” que hubiera evitado que el corte se prolongara. Sostuvo que la responsabilidad de Edesur “es indivisible” y le apuntó al Gobierno Nacional porque “fue sorprendido por esta crisis”. Cuestionó el proceso privatizador menemista por ser “excesivamente fundamentalista de mercado”. Varios oradores criticaron la drástica reducción del personal de laempresa. Se dijo repetidas veces que pasó de 7500 a 3000 empleados y que entre los despedidos hubo “ingenieros y personal especializado de la ex Segba que tenían experiencia para enfrentar este tipo de contingencias”. Carlos Tassano, ingeniero electricista, empleado de Segba durante 27 años, también extendió la responsabilidad a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. “Los diputados no se tienen que rodear de ñoquis sino de profesionales que los ayuden a legislar”, afirmó Tassano y recibió el aplauso de los usuarios presentes. El subsecretario de Energía, Luis Sbertoli, que siguió el debate desde la platea, reaccionó ante las quejas por la demora en hacer efectiva la sanción a Edesur. “Estamos en un estado de derecho y hasta el peor asesino tiene que tener garantizado el derecho de defensa”, comentó Sbertoli, mientras los directivos de la firma se miraban entre sí, algo incómodos por la comparación. El funcionario dijo que el Enre deberá resolver si ratifica la resolución 292 y que recién entonces intervendrá la cartera a su cargo. Consultado al término de la audiencia, también adelantó opinión contraria a Edesur: “La multa debe ser significativa”, dijo.
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