Panorama economico
Autos y obreros en canje
Por Julio Nudler |
El
Plan Canje ya no es sólo para los autos: ahora también podría regir para las personas.
Consistirá en reemplazar trabajadores viejos y costosos por otros jóvenes y baratos, o
bien por nadie. En el caso de los rodados, el Estado estimula el remozamiento del parque
con un subsidio de hasta 3000 pesos por vehículo, y pagando además el costo del
desguace, para generarle demanda a la industria automotriz. Al rejuvenecimiento de los
proletarios no contribuirá en cambio el fisco con aporte alguno, pero el Gobierno
buscará allanar cualquier obstáculo legal, permitiendo que las empresas despidan
empleados sin pagarles la indemnización del modo que establecen las normas. En lugar de
ello, sus ex empleadores les seguirán pagando un sueldo reducido (de alrededor del 60 por
ciento del que percibían) y efectuando los aportes previsionales hasta que alcancen la
edad de retiro, con lo que el método equivale a un despido en cuotas.
Ejemplo práctico: una empresa prejubila a un grupo de añejos y añosos trabajadores, que
ganan un promedio de 1000 pesos mensuales, pagándoles a partir de ese momento 600 por
mes, y, si decide cubrir esas bajas, los sustituye por jóvenes flexibilizados que
ganarán 300 pesos. De este modo, aun afrontando las cargas sociales de los ex y de sus
reemplazantes, el costo laboral seguirá siendo aproximadamente el mismo, pero las
compañías se habrán quitado de encima el pasivo eventual de las indemnizaciones. Firmas
como Telefónica o Renault han venido aplicando estos “acuerdos voluntarios” a
empleados de más de 54 años, logrando luego la homologación del Ministerio de Trabajo.
Pero ahora planean aplicar prejubilaciones más masivas y quieren un respaldo legal más
sólido que una mera resolución ministerial.
A Antonio Erman González la idea le gustó tanto que el martes la planteó ante el
Gabinete nacional, aunque trazando la raya en los 60 años. Según él, el despido en
cuotas es mejor que el despido a secas porque evitaría que los cesados cobren la
indemnización toda junta, se la gasten en una aventura cuentapropista o mientras buscan
infructuosamente otro trabajo y, al llegar a la edad de retiro, se encuentren con menos
del mínimo de 30 años de aportes requerido para jubilarse. Pero, en realidad, lo absurdo
es esa exigencia legal de los 30 años, tan rígida que no contempla el reconocimiento de
haberes proporcionalmente menores a quienes hayan contribuido durante menos tiempo. Con la
actual legislación, quien aportó durante 29 años y once meses pierde todo lo que puso y
no tiene derecho a nada. Aunque todos reconocen que es una disposición disparatada, nadie
la modifica.
Curiosamente, mientras unos ven la solución en que la gente se jubile antes, otros la ven
en que se jubile después. Los que, como el radical Ricardo López Murphy, miran la
cuestión con ojos fiscales, proponen elevar la edad jubilatoria a 70 años (¿por qué no
a 80, ya que estamos?) para elevar el cociente activos/pasivos. Los que en cambio piensan
más en los intereses empresarios o en las estadísticas de desempleo, quieren favorecer
la prejubilación como opción al despido tradicional. Nadie parece, sin embargo,
preocupado por analizar qué significa cada alternativa en términos humanos, sociales y
económicos.
Hasta para el Plan Canje hubiese convenido que alguien pensara cuál es el sentido de
subsidiar la destrucción de rodados con entre diez y quince años de antigüedad, en
lugar de donárselos a otras personas que, por su nivel de ingresos, no pueden participar
del mercado del automóvil, o a entidades civiles de zonas carenciadas. Pero conviene
habituarse al hecho de que la economía está preñada de sinsentidos, de conceptos que no
significan lo que aparentan o carecen de todo significado, y también de mitos que
perduran en el tiempo. Entre éstos figura uno muy meneado últimamente: el paro rural.
¿Quién para en un paro rural? El ganado no. Por tanto, como sigue comiendo forraje,
indiferente a los forcejeos humanos, la producción de carne no se detiene. A las vacas
lecheras se las sigue ordeñando porque sino se enfermarían. Y las mieses tampoco
detienen su crecimiento por acatar la convocatoria. Para colmo, estos paros suelen
declararse de tranqueras afuera, con lo que no incluyen a la peonada, que debe trabajar
como siempre. Todo se reduce a no vender durante la huelga, postergando esas operaciones.
Pero además, en pocos días, mientras las entidades le ponen fecha a la protesta, la
cosecha gruesa estará totalmente levantada y fuera del campo. Y en cuanto al envío de
hacienda a Liniers, ¿a quién le importa hoy este matadero urbano?
Cuando los ruralistas le paraban a Alfonsín, Liniers concentraba el 65 por ciento de la
faena. Hoy no pasa del 20, para desazón de los consignatarios que lo adquirieron. No es
allí donde se determina el precio del kilo vivo, sino en las estancias donde compran
directamente las grandes cadenas de supermercados y los exportadores. No es diferente el
caso de la Bolsa, que como mercado accionario va camino de la marginalidad o la
extensión, aunque la entidad mantenga su sillón en el Grupo de los Ocho. En 1996 el
Banco Provincia llegó a pagar 2.100.000 pesos por una acción del Mercado de Valores. Hoy
esos papeles no encuentran comprador porque no generan negocios y son reabsorbidos por el
propio mercado, que adquirió el último a 285 mil pesos.
Si el recinto tradicional de la Bolsa, “el piso”, es una lágrima (representa
apenas un 6 por ciento de lo operado globalmente en acciones de empresas argentinas),
también viene desplomándose el volumen negociado en el llamado mercado concurrente, que
opera electrónicamente. Si se confirma la venta de Pérez Companc a la Shell, la plaza
bursátil porteña quedaría reducida a su mínima expresión. Otros papeles
fundamentales, como los de YPF o el Banco de Galicia, tienen su gran mercado en Nueva
York, donde se transan a través de los ADR, que son certificados que los representan. En
Wall Street, y no en 25 de Mayo, se determina actualmente el valor bursátil de las
empresas argentinas. |
|
