Por Mariana Carbajal
 Un grupo de diputadas de
la Alianza, encabezado por la radical Elisa Carrió, lanzó una peculiar acusación contra
el Senado: calificó a todos sus miembros de machistas, sin distinción de partido. El
detonante de semejante imputación es la demora de los senadores para aprobar una reforma
al Código Penal que, entre otras modificaciones, equipara el sexo oral por la fuerza con
el delito de violación. El proyecto, con media sanción, duerme hace casi diez meses en
la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara alta. “Para los senadores los temas que
tienen como víctimas a las mujeres no son temas políticos importantes: son invisibles
como lo han sido las mujeres para ellos”, dijo a Página/12 Carrió. Como muestra
mencionó otros dos proyectos que favorecían mayoritariamente a las mujeres y murieron en
los últimos años en el Senado, por falta de tratamiento: uno que garantizaba la entrega
gratuita de anticonceptivos en los hospitales y su cobertura por las obras sociales y otro
que castigaba el acoso sexual. Los senadores se defienden.
La reacción de las diputadas de la Alianza surgió luego de que quince días atrás un
tribunal cordobés condenó por abuso deshonesto, y no por violación, al chofer de un
micro escolar, de 29 años, que había obligado a una niña de 13 años a practicarle una
fellatio in ore. “Denunciamos la concepción machista de los integrantes del Senado
que hace que, después de tantos meses, no se trate una ley que no sólo actualiza la
legislación sino que contempla y ampara la protección de menores”, señalaron en
una declaración conjunta las diputadas Cristina Guevara, Graciela Pereyra de Montenegro,
Celia Piñón Avila, Gloria Gianni, Liliana Lissi, Irma Parentella, Nilda Garré, Diana
Conti, Elsa Fernández de Combes y Carrió.
En diálogo con este diario, Guevara fundamentó la calificación de machista a los
senadores: “La mayoría son hombres de edad, conservadores, con pautas culturales que
no se atreven a cambiar”, ejemplificó. “Está muy claro que es imposible
penetrar en el Senado con temas que le interesan a las mujeres, que son la mitad del
electorado. Los senadores no entienden que han ingresado al discurso público temas como
la violencia física y la violencia sexual”, consideró Carrió. “Tienen
posiciones retrógradas”, acusó Parentella.
La Comisión de Asuntos Penales del Senado, donde quedó varado el proyecto sobre delitos
sexuales, está presidida por el justicialista correntino Angel Pardo, a quien fue
imposible ubicar en los últimos tres días. El vicepresidente de la comisión, el radical
por San Luis Jorge Agundez, salió al cruce de las acusaciones: “No tiene ningún
asidero. Estamos estudiando el proyecto y esperamos tener un dictamen en menos de dos
meses”, respondió ante una consulta de Página/12. No obstante, Agundez reconoció
que ese proyecto no es prioritario para los senadores. “Lamentablemente están todos
en sus internas partidarias”, admitió. Pero responsabilizó a la bancada peronista
de digitar la agenda parlamentaria. “Nosotros no tenemos la mayoría”,
argumentó. El único senador oficialista de la comisión que pudo ser localizado ayer por
este diario fue el entrerriano Héctor Maya. “Es una acusación poco seria”,
replicó Maya. “Debe ser consecuencia de la mala relación de las diputadas con sus
respectivos maridos”, agregó, haciendo una particular interpretación de la
imputación de las legisladoras aliancistas.
Maya aseguró que el proyecto todavía no se debatió porque “en cada bloque aún no
se han puesto de acuerdo en relación a las modificación de las penas” aplicables a
quienes cometen delitos sexuales. Los otros miembros de la comisión son: Augusto Alasino,
Ernesto Oudin y Jorge Yoma por el oficialismo; Raúl Galván y José Genoud por la UCR, y
Pedro Villarroel, del Frente Cívico de Catamarca.
Bendita tu eres
Para la diputada Parentella, el reducidísimo número de legisladoras en la Cámara alta
es uno de los factores que conspiran contra el tratamiento de iniciativas de clara
repercusión en la vida de las mujeres. “Con una representación femenina más amplia
como hay en Diputados sería más fácil que se debatieran proyectos que hacen a una
sociedad más democrática. Las mujeres diputadas hacemos más fuerza que los hombres para
tratar esos temas”, evaluó la frepasista.
Actualmente el Senado tiene la representación femenina más baja desde 1952, cuando las
mujeres ingresaron por primera vez al Parlamento. Silvia Sapag, del Movimiento Popular
Neuquino, quedó en 1998 como única senadora luego de que la justicialista por formoseña
Ana Peña de López finalizara su mandato y su compañera de bancada Cristina Fernández
de Kirschner y la frepasista Graciela Fernández Meijide –cuyos mandatos vencían en
el 2001– fueran elegidas diputadas en la última elección y pasaran a engrosar el
número de legisladoras de la Cámara baja. Allí son 72 mujeres (35 de PJ, 25 de la
Alianza y el resto de 9 partidos provinciales) y 185 hombres. Las damas representan hoy en
Diputados el 28 por ciento del recinto, es decir, el porcentaje más alto de la historia
legislativa.
Lo más cerca que estuvo el Senado de una proporción similar fue entre 1952-1955, cuando
hubo un 25 por ciento de mujeres, todas ellas del PJ, elegidas en los comicios de 1951
gracias al cupo asignado en ese momento a la rama femenina del Partido Peronista, a
instancias de Eva Perón. Desde 1993 la UCR no cuenta con ninguna mujer en su bancada de
la Cámara alta.
“En el Senado ha habido un retroceso. Hasta hace dos años había cuatro mujeres que
ya eran muy pocas, el número más alto desde el retorno a la democracia en el ‘83.
Ahora sólo queda una, lo que redunda en que no haya un intercambio de ideas
representativo de toda la sociedad. Al no haber casi mujeres hay temas que no se
plantean”, objetó Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad, una
entidad que promueve la participación femenina en lugares de decisión. Esta
desproporción podría empezar a equilibrarse dentro de dos años. “A partir del
2001, cuando los senadores comiencen a elegirse en forma directa, vamos a tener una
representación más democrática, porque en el segundo lugar de la mayoría va a tener
que estar una mujer”, concluyó Carrió.
La demora que festejan los violadores
Por M.C.
“Es cierto que el proyecto sobre delitos sexuales todavía no tiene dictamen de la
comisión pero lo estamos estudiando”, aseguró a Página/12 el vicepresidente de la
comisión de Asuntos Penales del Senado, el radical Jorge Agundez. “Hay consenso en
que se tiene que ampliar el concepto de violación, incluyendo el sexo oral, y en que se
debe cambiar el título del capítulo: en lugar de delitos contra la honestidad deben ser
considerados delitos contra la libertad sexual. De este modo, todo lo que sea introducido
por la fuerza (en el cuerpo de la víctima) se considera violación. En lo que no
coincidimos es en el aumento de penas. No queremos hacer un zafarrancho con el Código
Penal. Para modificar las penas hay que hacer una evaluación muy minuciosa para que no
queden desproporcionados los castigos”, señaló Agundez, quien destacó que en la
comisión “queremos tratar el proyecto en menos de dos meses”. Agundez
respondió así a un grupo de diputadas de la Alianza que acusó al Senado de
“machista” por demorar la aprobación de esa iniciativa y le exigió su
“urgente tratamiento”, a través de una declaración conjunta.
“Debemos evitar, brindando nuevas herramientas jurídicas a la Justicia, que vuelva a
ocurrir un hecho aberrante como el sucedido en la provincia de Córdoba con una menor de
13 años, donde un hombre que la forzó a tener sexo oral, fue condenado por abuso
deshonesto y no por violación”, subrayó la diputada Cristina Guevara. Aplicando la
misma interpretación, a fines del ‘97 una sala de la Cámara Nacional de Casación
Penal dejó en libertad a un taxista que había obligado a una pasajera a succionarle el
pene, un fallo que generó una gran polémica.
El proyecto en cuestión llegó la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara alta el 11
de junio de 1998 y todavía no tiene dictamen. La iniciativa, con media sanción, elimina
la figura de abuso deshonesto y equipara a la práctica del sexo oral por la fuerza con el
delito de violación, imponiéndole una pena de 6 a 15 años de prisión. Por otra parte,
deja de denominar este tipo de vejaciones como delitos contra la honestidad y considera
como agravante si el agresor es conviviente de la víctima o si la persona agredida es
menor de 18 años. Además, permite que la víctima decida si la causa prosigue o es
interrumpida. Actualmente el Código Penal establece que el proceso se detiene si el
agresor se casa con la víctima. |
LOS ESTUDIOS DE GENERO RECIBIRAN FINANCIACION
OFICIAL
Una prioridad para la mujer
Por M.C.
Por primera vez, la
Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) incorporó los estudios de género entre los
temas prioritarios de investigación del país, igualándolos en importancia con los de
biotecnología, cambio climático global, biodiversidad, defensa, energía y minería.
“Es un salto cualitativo impresionante. Significa que el Estado reconoce a la
perspectiva de género como una categoría válida científicamente y no como un concepto
devaluado, vinculado a organizaciones feministas”, destacó Gloria Bonder, directora
del Posgrado en Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología de la UBA. En la
práctica, el cambio de status significa que el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Foncyt) dispondrá a partir de este año de fondos para financiar investigaciones con
enfoque de género. El concurso de proyectos se abrirá próximamente y los elegidos
recibirán entre 25.000 a 50.000 dólares anuales, una cifra que supera ampliamente las
mínimas subvenciones que recibieron históricamente los estudios de género.
“El concepto de género no es sólo un término reivindicativo. El género es una
categoría de análisis de la realidad por la cual todos los fenómenos sociales se
analizan teniendo en cuenta cómo inciden en la vida de las mujeres y en la de los
varones. El ser humano está compuesto por dos géneros, que son distintos y desiguales,
pero no complementarios”, explicó Bonder, quien como asesora de la Secyt impulsó la
inclusión de los estudios de género en el Plan Plurianual 1999-2001 que fija las
prioridades de investigación científica del país. Las otras áreas priorizadas, además
de las nombradas más arriba, son producción agroindustrial, industria manufacturera,
tecnologías limpias, aplicaciones microelectrónicas, salud, educación, mar argentino y
violencia y seguridad urbana. Este último tema también fue incorporado este año por
primera vez.
El Foncyt dispondrá en 1999 de un presupuesto para investigaciones de 30 millones de
pesos. El 25 por ciento será distribuido entre proyectos vinculados a las ciencias
sociales, entre los cuales se ubican los estudios de género.
¿Cuál es la importancia de este tipo de estudios? “Permiten hacer diagnósticos de
situación para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, hay datos que informan
que hay mayor deserción escolar en varones que en mujeres. Hay que determinar por qué
existe tal diferencia para poder elaborar estrategias específicas para revertir esa
situación. Uno de los temas prioritarios de investigación en todo el país es la salud
reproductiva. Conociendo la calidad de los servicios hospitalarios, el índice de embarazo
entre púberes y adolescentes, la legislación y qué políticas hay en cada localidad,
entre otros aspectos, se puede determinar cuáles son las carencias y qué medidas deben
implementarse para no dilapidar recursos”, señaló Bonder.
“Normalmente se habla de género y se piensa en estudios de la mujer pero en realidad
los estudios de género analizan la dinámica de la relación entre varones y mujeres y el
conflicto de la lucha entre los géneros. De esta forma, este tipo de estudios posibilitan
hacer visible las inequidades que tienen por base la jerarquía sexual”, agregó la
socióloga Silvia Chejter, coordinadora del área de género del Instituto Gino Germani de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Investigadores de otras ramas de la ciencia consideraron “razonable” la
inclusión de los estudios de género entre las prioridades de la Secyt. “Hasta ahora
han sido tratados de manera dispersa en el país. No me parece mal que se los promueva, de
la misma forma que se está haciendo en otras partes del mundo”, consideró Patricio
Garrahan, profesor de físicoquímica biológica y miembro del comité coordinador del
Foro de Sociedades Científicas Argentinas. “Si hay poca investigación sistematizada
está bien priorizarlos, sobre todo en un país machista como la Argentina”,
coincidióJulián Echave, vicedirector de Investigación de la Universidad del Quilmes.
Estudios de género han existido en el país desde fines de la década del 70, primero
impulsados por organizaciones no gubernamentales, y desde hace varios años dentro de las
universidades. Pero las investigaciones han estado signadas por la falta de subvenciones.
“Los fondos siempre han sido mínimos”, precisó Chejter, quien encabeza un
equipo de investigación que recibe apenas 1500 pesos anuales desde Ubacyt. “Ese
dinero sirve sólo para comprar el papel y la cinta para la impresora”, graficó
Chejter.
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